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Fundación Emilia tiene su origen en la ciudadanía. Su motivo de existencia fue la Ley Emilia, una ley que se hizo posible gracias al apoyo ciudadano.

En ese sentido, el aporte que hacen día los voluntarios y voluntarias de Fundación Emilia es fundamental para la difusión de la labor de la Fundación. En palabras de Bejamín Silva, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Emilia “el trabajo de voluntarios y voluntarias es fundamental porque supone un impacto en la educación ciudadana, objetivo central en nuestra labor. Nuestros voluntarios y voluntarias hacen propio los ejes de Fundación Emilia que son sensibilizar, formar y educar a una ciudadanía más consciente y responsable de su comportamiento en espacios públicos”.

Con el objetivo de fortalecer y coordinar de mejor forma el trabajo de voluntarios, esta semana se realizó una reunión de voluntarios en Viña del Mar, ciudad sede de Fundación Emilia. La mayoría de voluntarios no pudo asistir debido a que viven en ciudades lejanas, otros por motivos laborales. Pero los que asistieron, lo hicieron con entusiasmo y muchas ideas para seguir fortaleciendo el trabajo en las bases.

Carol Elgueta, por ejemplo, fue una de las asistentes a la reunión que quedó muy contenta de su participación: “Así se crean instancias para seguir colaborando con la Fundación y para poder difundir más la Ley Emilia. Necesitamos que la gente tome conciencia de la situación. Reunirnos ayuda a que nos escuchemos todos y compartamos ideas. Es fundamental que nos juntemos para generar instancias de opinión y trabajo”.

Otra de las asistentes fue Catalina Martinez, quien tras la reunión afirmó que “es super importante que se den estas instancias, que nos podamos juntar conversar y generar ideas para promover la Fundación y lograr que muchas más personas sepan lo que hacemos y lo que queremos lograr. Buscamos que las personas sean más conscientes y responsables con respecto al manejo y el alcohol”.

Kevin Adasme fue otro de los entusiastas voluntarios que asistieron a la reunión. También tuvo palabras positivas para este encuentro: «La reunión me pareció una instancia positiva porque nos permitió conocernos y materializar ideas e iniciativas en beneficio del objetivo de conscientización ciudadana que se propone la Fundación. Ahora todos tenemos el desafío de tomar un rol más activo en el cambio cultural que se propone y en hacer entender a la gente que no debe conducir cuando bebe alcohol. Por último creo que seria bueno repetir la instancia cada 2 o 3 meses».

Una de las iniciativas propuesta por los propios voluntarios en esta reunión, fue la de instalar un stand en un punto visitado de la ciudad de Viña del Mar, donde se pueda entregar información a la ciudadanía sobre la labor de Fundación Emilia y donde ojalá también se pueda a acoger a más voluntarios y voluntarios que nos ayuden en nuestra misión.  Esperamos pronto tener noticias sobre esa iniciativa y por cierto esperamos poder reunirnos pronto nuevamente con más voluntarios y voluntarias para poder seguir afianzando esa labora tan importante para Fundación Emilia.

El 7 de enero de este año la vida se paralizó para Eduardo Olea. Ese día, Dylan, su nieto (en la foto) murió arrollado por un conductor en estado de ebriedad. A Eduardo le tocó acompañar a Dylan en la ambulancia

Desde ese momento y en un patrón que lamentablemente se repite entre familiares de víctimas de siniestros por conductores en estado de ebriedad, Eduardo y su familia cayeron en una vorágine compleja, que nadie imagina: protocolos jurídicos enredados (que nadie se encarga de aclarar), imputados indiferentes e incluso displiscentes, generalmente con recursos para pagar abogados influyentes, jueces garantistas y así, un proceso que da la espalda a las víctimas y que por cierto ahonda el dolor.

El mismo día que Eduardo dio esta entrevista, el conductor responsable de la muerte de Dylan, obtuvo el beneficio de arresto domiciliario nocturno. Desde el hecho había estado bajo arresto domiciliario total. “A nosotros nos tiene tristes y apenados porque vemos que no hay justicia”, dice Eduardo desde su casa en Quintero, ciudad donde se produjo el atropello.

El conductor que atropelló a Dylan iba conduciendo en estado de ebriedad. En el control in situ marcó 0,8, pero con el paso del tiempo y después de algunas revisiones, la alcoholemia terminó marcando lo suficiente como para que su condición pasara de “estado de ebriedad” a “bajo la influencia del alcohol”. Eduardo agrega otro dato: “En la carpeta investigativa dice que no había consumido drogas pero estaba con licencia médica, con medicamentos y esos medicamentos no aparecen mencionados en la carpeta”.

La defensa se está basando en un recurso en el que atribuyen la muerte de Dylan a un mal procedimiento en el hospital donde fue atendido. “Pero yo tengo el certificado de defunción que dice: Politraumatismo Esquelético Visceral». El médico de urgencia me dijo que con eso era imposible que sobreviviera. Yo iba con él en la ambulancia y nunca dio señales de vida. Se están basando en cosas nada que ver y eso nos tiene muy mal”.

El conductor que provocó el atropello, es bombero y solo está suspendido de la institución, además tiene una empresa “y yo creo que han intercedido para que salga lo más limpio posible”, asegura Eduardo. “Aquí en Quinteros todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo ayuda”. Sin embargo, ha tenido una conducta reprochable. “Él nunca ha venido a conversar con nosotros, ni él ni nadie de su familia. Al contrario, se han burlado. Al principio estuvo en prisión preventiva y cuando le dieron arresto domiciliario salió riéndose en la cara de mi hija”.

Es un momento muy complicado para Eduardo y su familia, porque siente que la justicia les está dando la espalda. Aún no se sabe cuándo será el juicio porque aún faltan algunos antecedentes para determinarlo.

“Nos sentimos impotentes. La ley debería considerar el alcohol sin distinción. Solo consumo de alcohol. Da lo mismo cuánto. Si yo matara a una persona, me voy preso y me secaría en la cárcel. Pero este señor no está preso y hasta el momento está saliendo sin ninguna culpa”.

Eduardo cree que la “mano dura” es la forma de hacer entender a la gente que no se puede manejar después de haber bebido alcohol. “Hoy la gente sabe que la justicia está mal hecha y salen libre a los pocos días. Me gustaría que de una vez por todas se hiciera justicia como debe ser y se tomaran cartas dando sentencias ejemplificadoras”.

Mientras tanto, él y su familia siguen a la espera de su propia justicia.

El canal regional de 24 horas, emitió esta semana una nota sobre el progreso que ha experimentado la Región de Magallanes con respecto al año 2014 en lo que se refiere a muertes por conductores en estado de ebriedad.

En contacto telefónico el Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Emilia, Benjamín Silva, resaltó los avances que ha tenido la Región: «Magallanes sigue teniendo indicadores altos en relación a la cantidad de su población, pero notablemente inferior al año 2014, cuando era la principal región en cantidad de fallecidos por conductores en estado de ebriedad y conductores que se dan a la fuga».

La directora de Senda Magallanes Lorena Guala resaltó las campañas preventivas que se realizan en la zona, así como también los controles preventivos que se hacen especialmente fines de semana largo. Destacó también el seminario «Sensibilización y concientización» que se organizó con éxito en conjunto con la Fundación Emilia.

En resumen, motivo de orgullo para Región, por la mejora en sus índices, pero a su vez mucho por mejorar aún en el plano de la seguridad vial.

Revisa aquí la nota completa.

Viña del Mar, 20 de Julio 2017

Honorables Legisladores

Considerando la última Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (18/07/017) en el caso de Valentina Palma y que dejó sin efecto el año de cárcel efectiva por el artículo 196 ter. de la Ley 20.770, me dirijo a Uds. para señalar que en este caso el Juicio Oral ni siquiera comienza y ya rebajan el rango mínimo de la posible sentencia.
Cabe recordar que según la carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, suscrita por nuestro país el año 2012 «la dignidad y respeto de la víctima, igual que la de la persona acusada, debe respetarse y hacerse efectiva», las víctimas tienen un interés legítimo en que se haga justicia y derecho a la posibilidad real de reparación del daño.

Este principio no se cumple si generamos ciudadanos de primera y segunda clase, que para conseguir la aplicación efectiva de una norma, deben enfrentar además de los Tribunales, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema también al Tribunal Constitucional.

La Ley 20.770 es una ley ciudadana aprobada por ustedes por amplia mayoría en el Congreso, apoyada por el Ejecutivo y que luego dio pie a repetir su fórmula en otras normas como la Agenda Corta Antidelincuencia y la Ley de Colusión, entre otras.

El contenido de una demanda ciudadana bajo el concepto de «Justicia Justa» que busque esclarecer la verdad de los hechos y castigue a los responsables, siendo la figura del castigo la pena de prisión efectiva por 1 año, pone en discusión lo que se entiende por justicia como bien común, que se puede traducir como rechazo a la impunidad.
El reclamo colectivo por justicia es una exigencia garantizada dentro de los Derechos Esenciales a la Salud y abre el debate sobre la legitimidad de un sistema penal que ya no responde a las exigencias ciudadanas. No por construir un sistema penal simple o limpio, como lo indica el fallo del Tribunal Constitucional, se debe pasar sobre el interes del bien común o sobre el sentido de valoración que se tiene sobre el delito por parte de la sociedad.

En este contexto, solicitamos a ustedes, como representantes ciudadanos elegidos democráticamente, que tengan a bien representar en su ámbito de acción esta demanda ciudadana por un sistema penal ciudadano que defienda a los “sin voz”. La Justicia, como la Educación y la Salud, también conforman una política pública prioritaria de un Estado que hace alarde de un principio de modernidad, confiamos en que sea de su interés dar cuenta y responder a esta problemática que no solo implica la norma conocida como Ley Emilia, sino que problematiza la acción de todo un sistema penal que se encuentra en deuda con las víctimas.

Es tarea de ustedes como legisladores velar por el cumplimiento fiel de aquello que legislan como norma, si el Tribunal Constitucional va decidir sobre toda las materias que se discuten en el Congreso, luego de procesos intensos y  desgastantes de discusión, entonces no tiene sentido la existencia de un Senado ni de la Cámara de Diputados. Su silencio avala la figura de una Tercera Cámara, olvidando que es labor de ustedes defender los derechos de aquellos que representan.

Atentamente,

Carolina Figueroa Cerna

Presidenta

Fundación Emilia Silva Figueroa

Con el objetivo de dar a conocer el quehacer de la Fundación Emilia y entregar detalles de trabajo conjunto que ha realizado con diversas municipalidades del país, el Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación, Benjamín Silva, se reunió con Andres Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile, AmuCh, que reúne a 66 municipios.

En la reunión Benjamín entregó detalles del trabajo con municipios como los talleres de sensibilización, talleres a escolares, charlas y otros. Para Fundación Emilia fue importante el contacto con Amuch, pero deja planteada la posibilidad de un trabajo conjunto, articulado desde esta Asociación, para llegar a los 66 municipios que tiene asociados y trabajar con ellas el tema de la seguridad pública y delitos viales.

Para el Director Ejecutivo de Amunch, Andrés Chacón, esta reunión fue una instancia propicia para explicitar una deuda pendiente de los municipios en relación a este tema: “Desde los municipios no hemos sido capaces de desarrollar programas eficientes para resolver el verdadero problema de la seguridad vial que son las víctimas de los accidentes”.

Chacón reconoció que el problema de seguridad vial y de tránsito existente en el país, no ha sido enfrentado con políticas públicas eficientes y por ende, no se han obtenido resultados positivos. “En ese contexto, la Fundación Emilia ha hecho un aporte importante al aportar una mirada distinta a lo que han sido las políticas públicas tradicionalmente vistas. Y estoy seguro que eso en el futuro tendrá resultados concretos y evidentes”.

En la reunión se hizo explícita la voluntad de encontrar mecanismos desde ambas partes para desarrollar actividades o programas que permitan trabajar mancomunadamente entre las municipalidades del país y Fundación Emilia para mejorar la seguridad vial.

Como cada estamento de la sociedad, las Fuerzas Armadas también registran algunas situaciones inadecuadas respecto al consumo de alcohol y el manejo.

Con eso en mente, el Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Emilia, se reunió hoy con el Comandante del Comando de Personal, General de Aviación de la Fuerza Aérea, don Jorge Uzcategui, dando inicio a un proceso de sensibilización a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, Investigaciones y Carabineros.

Una reunión que para la Fundación Emilia tiene gran importancia.

Tal como Fundación Emilia las Fuerzas Armadas son entidades cuya función es siempre preventiva y educadora. En este sentido esta primera reunión con la Fuerza Aérea sirve para explorar la posibilidad de realizar acciones en conjunto con el objetivo de  disociar el consumo de alcohol y la conducción.

Benjamín Silva encontró una muy buena disposición por parte de las Fuerza Aérea, lo que lo deja esperanzado de estar iniciando un camino a seguir en conjunto con el resto de las FF.AA.

Por su parte, el General Uzcategui sostuvo que “La Fundación Emilia es una tremenda ayuda para la sociedad ya que pretende enseñar y tomar acciones concretas para tener una sociedad con mejores opciones y que las personas tengan conciencia en su actuar y evitar siniestros fatales”.

Confiamos en que este primer encuentro sea el inicio de una fructífera relación de trabajo con la Fuerza Aérea en particular y las Fuerzas Armadas en general.

En su tercera edición, recientemente publicada, el Boletín Nacional de Infracciones de Tránsito de Colomba se centra en la evolución que ha tenido tanto el tratamiento como la percepción de la gente, respecto al preocupante problema de la ingesta de alcohol asociada a la conducción en Colombia. En su editorial se pregunta “¿Cómo hemos cambiado y cuánto nos falta por recorrer?” en relación a este tema. También hay un interesante artículo sobre “¿Cómo se ha entendido este grave problema de política pública” refiriéndose a conductores ebrios. Se incluye también una tabla desarrollada por la Organización Mundial de la Salud en la que se explican los efectos del alcohol en el cuerpo, acompañado de un largo artículo en el que se detalla el Estado de Situación del tema en América Latina en general y en particular Evolución de la política pública de alcohol y conducción en Colombia, en particular.

En su tercer capítulo, el Boletín Nacional de Infracciones de Colombia incluye una larga nota sobre “La percepción de los delitos viales en Chile y el impacto de la Ley Emilia”, escrito por nuestra Presidenta, Carolina Figueroa.

En la nota, Carolina se refiere a los orígenes de la Ley Emilia y al impacto que ha tenido en nuestro país, pero ahonda principalmente en la “regla de los 30 días” y en el primer estudio sobre siniestralidad vial que elaboró Fundación Emilia y cuyos resultados se entregaron a fines del año pasado. A continuación la transcripción completa:

La necesidad de contar con mejores registros de cuantificación y validación de víctimas, producto de siniestros viales impulsó a la Fundación Emilia Silva Figueroa Víctimas de Accidentes, a realizar durante el año 2016 un estudio 1 orientado a establecer la magnitud real de víctimas fatales de siniestros viales. Para realizarlo se tomaron tres fuentes de información estadística: Carabineros de Chile, Fiscalía de Chile y la División de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud. A partir de esta triangulación de información nacional y su comparación con las estadísticas y estudios internacionales de seguridad vial, se efectuó un análisis del impacto de los resultados nacionales en las políticas públicas de seguridad vial implementadas en nuestro país. A partir de este análisis estadístico y documental, se pudo constatar la necesidad de que las tres instituciones que proveyeron de información, necesariamente deben avanzar en un proceso de coordinación y validación de las estadísticas (fallecidos y lesionados), para facilitar el análisis del avance de las políticas públicas de prevención relacionadas a las dinámicas de siniestralidad vial tanto a nivel nacional como regional. En Chile, la percepción de inseguridad definida como “la perturbación angustiosa del ánimo que se deriva de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un crimen y la victimización de hecho” (Vilalta, 1 Investigación financiada por el Fondo Nacional de Seguridad Pública 2015. FNSPAD-04, dependiente de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 21OCINT INVITADOS 2009:3), se ha relacionado con el análisis de los delitos catalogados como “violentos”. Vale decir, aquellos que generalmente se ubican en el espacio público y que afectan la integridad física de las personas y sus propiedades. Son éstos a los que se les entrega mayor atención pública, son los que conforman el “clima de opinión” y los que establecen la percepción del temor. De esta forma, el dato comúnmente usado por los estudios para comparar los hechos delictuales en Latinoamérica y Europa ha sido la tasa de homicidios, ya que es la que registra estadísticas más completas en relación a otros delitos. Siguiendo estos registros, utilizamos como base de análisis inicial de este estudio los registros comparados de la tasa de mortalidad en comparación con los homicidios y fallecidos en siniestros viales bajo el registro de las primeras 24 horas, información recopilada de la base de datos sin filtrar, facilitada por Carabineros de Chile.

Del Gráfico 1 podemos dar cuenta de la magnitud que tienen comparativamente los casos policiales de homicidios y las muertes en siniestros viales, evidenciando una diferencia sustantiva entre ambas causas de muerte. Es importante poner atención que entre los años 2013 y 2015, no existe disminución en la cantidad total de fallecidos en siniestros viales, sino por el contrario, se observa un aumento sostenido de las cifras, lo cual da cuenta del bajo impacto que produjo el conjunto de medidas preventivas contempladas tras la firma del Decenio de la Seguridad Vial (2011), hito en el que Chile se comprometió a nivel Estado con la ONU y la OMS, a reducir al año 2020 un 50% la cantidad de fallecidos en siniestros viales. De esta forma, si bien la siniestralidad vial en Chile presenta una incidencia mayor que los homicidios, tiene una baja percepción de peligrosidad en la ciudadanía.

El impacto de Ley Emilia (20.770)

En este contexto, el estudio evaluó de forma específica la incidencia de las políticas públicas conocidas como Tolerancia 0 y Ley Emilia, integrando al análisis los datos proporcionados por el Ministerio Público, considerando especialmente que era el único registro que nos permitía cruzar la incidencia del alcohol y las drogas en la conducción con los datos de Carabineros de Chile.

Esta información permitió identificar la cantidad de fallecidos bajo el delito codificado como 14.001 y 14.006, o “conducción bajo estado de ebriedad con resultado de muerte” tipificado bajo Ley Emilia y, medir de igual manera el impacto de la Ley Tolerancia 0 bajo el parámetro de aumento o disminución de fallecidos. Estos datos luego se compararon con los de Carabineros registrados bajo el mismo delito, excluyendo del análisis los fallecidos generados por la “conducción bajo la influencia del alcohol causando lesiones gravísimas o muerte” ya que el código del delito no siempre separa entre lesionados graves o fallecidos, por lo tanto, no son comparables.

Si analizamos los datos presentadosk, podemos sostener que los registros del Ministerio Público dan cuenta del impacto inicial de la Ley Tolerancia 0 en la disminución del índice, pero la baja sustantiva de fallecidos se observa a partir del año 2014 con Ley Emilia.

Gráfico 2: Registro comparado entre cifras de Fiscalía de Chile y Carabineros por fallecidos producto de conducción en estado de ebriedad (2010-2015)

Lo primero que podemos apreciar del análisis del gráfico 2 es que los datos entregados por Carabineros para el siniestro vial comprendido como “Conducción en estado de ebridad con resultado de muerte”, entre los años 2010 y 2015 representan el 39,7% del total de 1.735 fallecidos tipificados bajo los códigos 14.001 y 14.006 registrados por el Ministerio Público. El año 2011 se indica la mayor diferencia representando los datos de Carabineros un 33,62% del total entregado por Fiscalía Nacional.

El año 2012, en que comienza la aplicación de la Ley Tolerancia 0, la disminución total de fallecidos por esta causa en relación solo a los datos de Fiscalía Nacional aporta una disminución de un 11,20% en tanto que el año 2013 – que se ha tomado en todos los estudios como el eje de análisis concreto de la medida – la disminución en función al 2011 fue de un 8,6%. Estos datos se deben cruzar con la mayor incidencia de las políticas de difusión, fiscalización y educación impulsadas desde las agencias públicas. Ejemplo de eso, es la difusión de la llegada de instrumentos que mejorarían la fiscalización en carreteras promovido por CONASET, SENDA y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, desde enero del 2012. La llegada de los Narcotest y los Alcoholímetros Presenciales, fueron parte central del compromiso firmado el año 2011 con la OMS y la ONU, denominado como el “Decenio de la Seguridad Vial”, pero hasta el día de hoy no se han implementado a nivel país2 . Situación similar se puede observar tras el análisis de la política conocida como el programa Cero Alcohol promovido por SENDA, que, tras un primer impacto, posteriormente relajó su fiscalización por falta de presupuesto, retomando las medidas como una estrategia de prevención recién a partir de mediados del 2014.

En cuanto al impacto de la Ley 20.770 o Ley Emilia, puesta en vigencia el 16 de Septiembre del 2014, y que implicó un trabajo de difusión de la problemática vial durante 21 meses, podemos señalar que durante ese año, la disminución de fallecidos representó un 20,11%, tomando en cuenta sólo los datos de fiscalía, realizando una relación con el año 2011 como referencia. En tanto que el año 2015 la disminución fue de un 38,21%, entregando de esta forma nuevos antecedentes para evaluar el impacto de la política pública.

En oposición, los datos arrojados por carabineros, y que registran las primeras 24 horas, nos indican un aumento del 18,54% entre los años 2014 y 2015, son estos datos referenciales los que han sido utilizados por los medios de comunicación para realizar el análisis del impacto de la norma. Sostenemos que la Ley Emilia ha sido efectiva como norma disuasiva de la conducta social, especialmente si analizamos la disminución del índice de fallecidos por este tipo de delito vial.

Un año y seis meses tuvo que esperar la familia de Rosa Díaz para encontrar justicia. Un año y medio en el que además del dolor por la pérdida de la señora Rosa, debieron enfrentar la incertidumbre de un proceso judicial enredado y un responsable que parecía reírse en la cara de la familia.

El 30 de enero de 2016 Rosa Díaz, de 83 años, iba cruzando por un paso habilitado en Avenida Matta, cerro Los Placeres, Valparaíso. Un auto se había detenido para dejarla pasar, pero antes de llegar al otro lado, un automovilista la arrolló. A pesar de su declaración, cámaras de seguridad de la zona confirmaron que el conductor, Bernardo Pérez, se bajó del auto a ver lo que había ocurrido, pero ignoró las malas condiciones en las que se encontraba Rosa que yacía tirada en el suelo, conciente, con múltiples fracturas gravísimas.

Rosa murió 12 horas después del atropello. El conductor se fue a entregar varios días después a Carabineros. Y a pesar de que había matado a una persona, los primeros meses Pérez estuvo libre, sin la medida cautelar de prisión preventiva.

Desde el inicio la causa fue acompañada y contó con la asesoría legal de la Fundación Emilia. En agosto del año pasado, después de muchas batallas, se logró que formalizaran a Pérez por atropello con causa de muerte y por huir del lugar del accidente sin dar cuenta a la autoridad o prestar ayuda a la víctima. Le dieron firma quincenal y arraigo nacional. Posteriormente vino el ansiado juicio oral, y Pérez fue condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo con pena efectiva durante el primer año de condena.

Fue el Director legal de Fundación Emilia, Marco Lillo, quien representó ad honorem a la familia de la Sra. Rosa en el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso. Fue ahí donde se consiguió un logro importante para la causa. Incluso se recurrió por parte de la defensa al Tribunal Constitucional, recurso que fue declarado inadmisible por dicho Tribunal.

Este lunes fue rechazada la petición de nulidad que había hecho la defensa de Pérez, tanto de la sentencia del juicio, como del juicio oral del que emanó esa sentencia. De esta forma el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso dictó el cúmplase de la condena a Bernardo Eduardo Pérez Páez, como autor del delito de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda posible y dar cuenta a la autoridad, con resultado de muerte de Rosa Díaz Lizama.

Cabe destacar que Pérez fue procesado bajo la Ley Emilia, una ley ciudadana que desde su puesta en marcha, ha logrado reducir en un 30% las muertes por conductores con alcohol. Además esta sentencia es particularmente importante para la causa de la Fundación, porque reconoce completamente el delito de la fuga en forma independiente de la necesidad de probar el estado de ebriedad.

Lee la entrevista a Maribel Rezzio, hija de la señora Rosa

Hace algunos días, Carolina Figueroa fue aplaudida a rabiar en pleno centro de Santiago, cuando junto a otras 39 mujeres (famosas y anónimas) protagonizó una intervención urbana en la intersección de Ahumada con Agustinas.

En el desfile por una causa, convocado por una tienda de retail, Carolina representó la necesidad de que la sociedad chilena tome conciencia de las nefastas consecuencias que puede acarrear conducir en estado de ebriedad, una labor que hizo suya desde el momento del fallecimiento de su hija de 9 meses. Un hecho que cambió su vida en enero del 2013.

Son cuatro años en que -junto a su esposo y vicepresidente ejecutivo de la fundación Emilia, Benjamìn Silva- convirtieron el dolor en acción. En La Región Hoy repasó ese trabajo y, además, instó a los candidatos presidenciales que lleguen a la papeleta en noviembre próximo a plantear políticas claras sobre seguridad vial.

Como fundación han otorgado apoyo emocional y asesoría a un sinnúmero de familias que han perdido a algún ser querido producto de un conductor en estado de ebriedad. Precisamente este jueves, en Puente Alto se inició el juicio oral por la muerte de Dante Figueroa, joven que agonizó durante 15 días. En estos dos años desde que ocurrió el hecho, ¿qué labor han hecho con la familia de Dante -a su juicio- cuál sería la pena más apropiada en este caso para el imputado?

Nosotros estamos en contacto con la familia de Dante desde el inicio, la relación con la mamá y su papá ha sido constante. Este juicio oral ha sido largamente esperado, recordemos que son dos años ya desde el fallecimiento de Dante. El sujeto se fugó y hubo una cantidad de negligencias desde un inicio. Esperamos tener buenos resultados, que los diez años que pide fiscalía efectivamente los tribunales lo den, acogiendo todo el prontuario que tiene el imputado. Así esta familia podrá vivir su duelo, porque mientras no termine el juicio no podrán hacerlo.

Considerando lo extensos que se vuelven los procesos muchas veces, ¿le parece además un mal precedente que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional la obligación de cumplir al menos un año de cárcel para quienes hayan causado lesiones gravísimas o muerte para optar a libertad?

El Tribunal Constitucional ha acogido 26 causas, de esas 26 causas, una la ha fallado en contra de la Ley Emilia y 5 las hemos ganado nosotros. Estamos 5 a 1.

Yo creo que la gente no sabe mucho de eso, se fijó mucho en el primer fallo que fue adverso a nosotros, pero después de eso como fundación hemos tenido 5 fallos favorables dentro de los cuales está el caso de doña Rosa Díaz Lizama, en Valparaíso, que fue el último caso y que falló en favor de la familia. Entonces, nos preocupa, pero nos ocupa también.

No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como el Tribunal Constitucional falla contra la ley. Son familias que necesitan que nosotros estemos ahí para ellos, que es lo que hemos hecho. De hecho, el primer fallo lo apelamos, porque presentamos la causa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero creemos que aquí el problema central, y en el cual instamos a los candidatos presidenciales a que digan algo, es que el sistema de justicia en Chile está fallando. El sistema de justicia chileno tiene como centro al imputado y nosotros queremos que ponga en el centro a la víctima, eso es algo que tendría que ocuparnos a nivel país.

A fines de mayo, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo donde se formulan diversas observaciones ante el Tribunal Constitucional, con la finalidad de que sean consideradas en la resolución de los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha aprobado. ¿Qué significó para el trabajo de la fundación este apoyo transversal?

Dio una señal, porque necesitábamos que el legislativo diera señales al Tribunal Constitucional para decir que no estábamos solos. Estamos moviendo todas las instancias, pedimos reunión con el Ministerio de Justicia para ver qué cosa iba a hacer el ejecutivo o si iba a plantearse alguna solución a la ley de penas sustitutivas que aplica en el país. Esperamos que efectivamente haya respuesta o acciones que le digan a la ciudadanía que este es un tema de interés para ellos.

Estamos esperando que termine el proceso de primarias este domingo para ver cuáles van a ser los candidatos a la presidencia y empezar a pedir audiencia con ellos, para que nos expliquen e indiquen que van a hacer con justicia y con política pública vial. Creo que las dos cosas van de la mano. También vamos a plantear lo que nosotros esperamos como fundación que se aborde en el próximo gobierno, quien sea que esté.

¿En los planteamientos que han realizado los diferentes precandidatos y candidatos presidenciales, han visto que se aborde el tema de la seguridad vial?

Ninguna, no es materia, no es relevante para los candidatos presidenciales. Solamente escuché a Carolina Goic hablar de la Defensoría Ciudadana, que es un tema que como fundación nos preocupa, y en algún momento a los candidatos de Chile Vamos y el Frente Amplio hablar de justicia en general, pero no ligada a este tipo de delitos de conducción en estado de ebriedad.

No puedo dejar de preguntar, sobretodo cuando la mayoría del país está atento a la final que jugará este domingo la selección chilena en Rusia. Dentro de ese plantel está Eugenio Mena, que fue detenido conduciendo bajo los efectos del alcohol y que pese a eso viajó al torneo. Que la ANFP no haya dado alguna sanción al jugador y asistiera sin problemas al campeonato, ¿puede generar un efecto contraproducente en el trabajo que realizan a diario como fundación?

Es una súper mala señal, porque finalmente a los futbolistas se les olvida que son sujetos públicos y cuando tú eres un actor público, tus acciones también son públicas. Creo que eso ellos lo olvidan un poco, que finalmente lo que ellos hacen está a la vista de todo el mundo y les hacen un flaco favor a todas las campañas de prevención, a todo el trabajo que hacen instituciones como la nuestra. También es una falta de respeto de alguna forma a las familias que han perdido a algún ser  querido víctima de este tipo de delitos; a ellos les duele muchísimo y les duele porque no ayuda a instalar esta cultura de la prevención, de la responsabilidad en las calles

Como fundación, en junio comenzaron una campaña para captar socios. ¿A qué estarán destinados esos recursos que se logren reunir?

La campaña de captación tiene como objetivo principal lograr tener una estructura de abogados que nos permita tomar las causas desde Arica a Magallanes. En este momento, como fundación no contamos con abogados, llevamos 11 causas que son ad honorem, pero nos cuesta mucho que los abogados tomen causas en familias que son de escasos recursos. Entonces, queremos tener atención jurídica gratuita para esas familias y por esos extendemos la campaña desde junio en adelante, para obtener esos recursos.

¿Cómo ha sido hasta ahora la respuesta de la ciudadanía a la campaña?

Ha sido super difícil levantar recursos. Hay otras fundaciones, el Hogar de Cristo, Techo, y todos necesitan recursos para seguir funcionando. No ha sido fácil la labor de recaudar recursos y en realidad nosotros necesitamos un monto fijo para poder tener este staff de abogados durante un año. No tiene sentido tenerlos un mes, cuando las causas no duran un mes.

Lenta ha sido la respuesta, llevamos un 8 por ciento del total. Yo siento que es porque algunas personas no saben muy bien lo que hacemos y la gente está con desconfianza contra todas las fundaciones, no con nosotros en particular, porque somos super transparentes en la forma en que se ocupan los recursos. Creo que es la sensación país, también de desconfiar un poco de las labores de las instituciones.

¿Cómo calificaría el nivel de dificultad que han tenido como fundación durante los años que llevan ejerciendo su labor?

Ha sido complejo, porque en realidad que se promulgue una ley no significa que vaya a funcionar o que tenga los resultados esperados de manera inmediata.

Entonces, ha sido todo un proceso de estar con las causas en tribunales, acompañar a las familias, lograr reuniones con los fiscales cuando las causas se entrampar y también hacer campañas de prevención.

Publicado originalmente en La Región Hoy

Un desfile muy particular sorprendió este martes a los y las ciudadanos/as que caminaban por el Paseo Ahumada.

Se trató de un desfile de 40 mujeres representantes de diferentes causas. 40 mujeres de diferentes ámbitos con algo en común: la valentía.

La animadora Javiera Suárez, la actriz Daniela Vega, la abogada Carmen Gloria Arroyo de Chilevisión, eran algunas de las personalidades que estuvieron en esta actividad. Entre ellas la presidente de Fundación EMilia, Carolina Figueroa.

«Soy perseverante nunca me rindo, me levanto todos los dias con la esperanza de un mundo mejor y con la esperanza que tengo que ser valiente por todas las otras familias que luchan todos los días en tribunales», dijo Carolina en medio del desfile organizado por Revista Caras y Ripley.

Revisa la nota sobre el desfile en Chilevisión