
Miércoles 12 de agosto 2026:- Carolina Figueroa Cerna, presidenta de Fundación Emilia, expuso ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado en el marco de la discusión de los boletines N.º 16.853-15 y 16.872-15, refundidos, conocidos como Ley Alberto.
La iniciativa busca establecer controles de alcohol y drogas para personal de conducción del transporte mayor remunerado de pasajeros. El texto aprobado por la Cámara contempla pruebas a costo del operador cada cuatro meses y sanciones de entre 2 y 10 UTM por cada incumplimiento verificado. Desde Fundación Emilia valoramos el avance del proyecto, pero consideramos que todavía existen vacíos que deben ser corregidos para que la norma tenga un verdadero efecto preventivo, sea aplicable y pueda ser fiscalizada de manera efectiva.
Durante la exposición, Fundación Emilia presentó tres perfeccionamientos prioritarios para el segundo trámite legislativo.
Incorporar expresamente el transporte de carga
El primer punto planteado fue ampliar el alcance de la iniciativa al transporte de carga, especialmente a la carga pesada, peligrosa e interurbana.
Desde Fundación Emilia sostenemos que el riesgo asociado a la conducción profesional no depende únicamente de si se trasladan pasajeros, sino también de la función crítica que desarrolla el conductor y del potencial de daño que puede generar un vehículo de gran tonelaje.
La experiencia internacional muestra además que distintos países ya han incorporado controles de alcohol y drogas dentro de la conducción comercial. Estados Unidos contempla programas obligatorios para conductores comerciales; Brasil exige exámenes toxicológicos para determinadas categorías profesionales; Londres aplica políticas de control a conductores de buses; y Australia utiliza una lógica de responsabilidad compartida en el transporte pesado.
Sanciones que generen un efecto preventivo real
El segundo eje de la presentación estuvo centrado en las sanciones.
Actualmente, el proyecto considera una multa de 2 a 10 UTM por cada ocasión en que se verifique el incumplimiento. Para Fundación Emilia, este rango resulta insuficiente frente a empresas medianas o grandes y corre el riesgo de transformarse simplemente en un costo operacional.
Por esta razón, propusimos elevar y graduar las sanciones considerando factores como el número de conductores respecto de los cuales se omitió el control, la reiteración del incumplimiento, la alteración o falta de registros, la autorización para conducir pese a existir un resultado confirmado incompatible con la función y la capacidad económica del operador.
Como referencia para la discusión legislativa, Fundación Emilia propuso analizar un rango de 100 UTM para el incumplimiento general, graduado según gravedad y extensión, y de 100 a 200 UTM para incumplimientos graves o reiterados, junto con eventuales consecuencias administrativas o contractuales. Se trata de una propuesta técnica para el debate legislativo y no de una sanción actualmente vigente.
El planteamiento busca instalar un principio central: la prevención no puede descansar exclusivamente en la conducta individual del conductor. Las empresas también deben responder por sus deberes de prevención, control, registro y supervisión.
Controles técnicamente confiables y con valor probatorio
El tercer punto estuvo enfocado en asegurar que los controles tengan suficiente respaldo técnico y puedan cumplir realmente una función preventiva.
Fundación Emilia propuso que la regulación establezca mínimos claros respecto de la selección aleatoria del personal sujeto a control, la cadena de custodia, la trazabilidad del dispositivo utilizado, la capacitación del operador y la confirmación toxicológica de los resultados.
También planteamos la necesidad de diferenciar claramente entre un resultado inicial o de screening y un resultado confirmado, junto con contemplar contramuestras y procedimientos que resguarden las garantías de los trabajadores.
A ello se suma la necesidad de contar con mejores datos. Actualmente, el Ministerio Público informó que no existe una codificación separada para conducción bajo efectos de drogas, lo que dificulta seguir causas, formalizaciones, condenas y resultados asociados específicamente a narcotest.
Una señal de alerta en los controles actuales
Durante la presentación también se expusieron antecedentes correspondientes al primer trimestre de 2026.
En ese periodo se realizaron 1.093 narcotest a nivel nacional, de los cuales 297 resultaron positivos, equivalente a un 27,2% de positividad. Esto significa que más de uno de cada cuatro controles efectuados registró un resultado positivo.
Para Fundación Emilia, estos datos refuerzan la necesidad de avanzar hacia una política de control más robusta, con mayor capacidad de fiscalización y con mecanismos que permitan evaluar posteriormente sus resultados.
Una Ley Alberto robusta y no meramente declarativa
Al finalizar la exposición, Fundación Emilia solicitó al Senado avanzar en una Ley Alberto que incorpore expresamente el transporte de carga, establezca sanciones capaces de generar cumplimiento y fije estándares técnicos mínimos para la aplicación de los controles.
La propuesta busca que la iniciativa no se reduzca únicamente a disponer de instrumentos de testeo, sino que permita construir un sistema preventivo claro, confiable y fiscalizable.
Prevenir no es solo disponer de un instrumento. Es asegurar que el control exista, sea confiable y genere consecuencias cuando se incumple.
Desde Fundación Emilia continuaremos aportando antecedentes técnicos y propuestas al debate legislativo, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir la conducción bajo los efectos de alcohol y drogas y proteger la vida de todas las personas que comparten las vías.









