Cuando la revictimización impide el duelo
Familiares cumplen un mes sin respuesta tras reclamar irregularidades y amedrentamiento de la Fiscalía
Fundación Emilia asistió a una audiencia con el Fiscal Nacional y la Gerenta de Víctimas, quienes comprometieron la revisión de la tramitación de la causa y los malos tratos dados en el proceso a la pareja y padres de Ignacio Puelles Cortés, quien perdió la vida tras un violento impacto provocado por un conductor en estado de ebriedad.
El 27 de mayo de 2017 falleció Ignacio Cortés Puelles, quien retornaba a su hogar junto a su pareja luego de una cena familiar. Transitaban por Autopista Vespucio Norte cuando fueron colisionados por atrás por un vehículo deportivo conducido por el imputado de iniciales R.I.L.M., quien conducía a 142 km/hr y de acuerdo a declaraciones de testigos, tras el impacto huyó del lugar escondiéndose tras un árbol. Al ser detenido por personal policial, se le practicó el examen respiratorio, marcando 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre. Paulina, quien conducía el automóvil impactado, resultó con lesiones graves, calificadas como policontusión y traumatismo encéfalo craneano.
Los antecedentes ingresaron a la Fiscalía Regional Centro Norte y se formalizó al conductor del vehículo deportivo por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, como también por el delito de fuga. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, sin embargo el tribunal dispuso la medida cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y retención de la licencia de conducir. Semanas después, la familia de Ignacio se hizo parte querellante de la causa y requirió a la fiscalia diversas diligencias. Sin embargo, los problemas comenzaron en el proceso de atención. La actitud del fiscal asignado a la investigación y la mala recepción de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos sorprendió a la familia. En una reunión, el fiscal aludió a que Paulina conducía con las luces traseras apagadas, exhibiendo imágenes borrosas, sugiriendo que la familia se desistiera de la querella por tratarse de causas que por norma general terminaban en juicios abreviados, es decir, sin buscar las máximas penalidades establecidas en la Ley Emilia. Entonces se presentaran los primeros reclamos ante la Fiscalía Nacional. Esa acción sólo complicó las cosas. En ese momento nadie podía imaginar que en un siniestro de estas características la imputada por la muerte de Ignacio podría ser su propia pareja y acompañante.
Pues bien, en una decisión que no se logra comprender, el fiscal decidió formalizar a Paulina, por considerar “que ha tenido participación como autora ejecutora del cuasidelito de homicidio previsto y sancionado por el Art. 490 Nº 1 y 492 del C.P. en relación a infracciones a los Arts. 72, 75 inciso 2º y 200 Num. º5 de la ley 18.290”. Lo anterior, pese a que los informes de la SIAT de Carabineros establecieron que la causa basal del siniestro “por alcance” era la conducción en estado de ebriedad y el exceso de velocidad del imputado. Ese día cambio la vida de Paulina y la de los padres de Ignacio, quienes no solo se enfrentaron a la pérdida de su hijo, sino a la indolencia de un sistema que los revictimizó. En definitiva, se logró concluir la acción penal seguida por la Fiscalía contra Paulina mediante un acuerdo reparatorio en que se le exigieron disculpas públicas.
Desde mediados del año pasado la familia de Ignacio junto a Fundación Emilia han golpeado todas las puertas para que alguien escuche y explique el actuar del fiscal Rodrigo Tala, enviando desde enero cartas a la Fiscalia Regional Centro Norte y la Fiscalía Nacional. El pasado 16 de abril el Fiscal Nacional Jorge Abbott y Patricia Muñoz García, Gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos (actual Defensora de la Niñez), recibieron formalmente los antecedentes el 16 de Abril del presente año, comprometiendo una respuesta a más tardar el lunes 23 de abril, situación que hasta hoy no se resuelve.
Días más tarde el Fiscal Nacional Jorge Abott en las palabras iniciales de su comentado discurso con oportunidad de la cuenta pública institucional sostuvo que “La justicia es un bien que anhelamos todos, es demandada por la comunidad y,
particularmente, por quienes han sido víctimas de delitos, de violencia o de vulneraciones debido a la falta de un adecuado resguardo de sus derechos, por parte de quienes están principalmente llamados a otorgárselos, esto es el Estado y su estructura pública”.
Como Fundación Emilia consideramos que los padres de Ignacio merecen una respuesta, porque las víctimas no deben pasar por procesos de revictimización provocados por el Estado. Junto a los familiares de la víctima, hemos planteando formalmente a las autoridades institucionales las irregularidades en la causa. Ante la falta de respuesta que sólo acreciente la sensación de desprotección y abandono, es que emplazamos al Ministerio Público a investigar con celeridad y responder a los hechos presentados por la familia y nuestra institución.
