jueves, 26 de julio de 2018

A cuatro años de su implementación Ley Emilia logró bajar en un 50% los fallecidos por “conducción en estado de ebriedad”

Entre los años 2011 y el 2017 la cifra de fallecidos por “conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte” se redujo en un 50,5%, tras la implementación de Ley Emilia se logró registrar para el año 2017 la cifra más baja con un total de 176 fallecidos bajo el art. 196 ter. entre enero y diciembre del 2017.

 

Mediante el análisis de las bases de datos correspondientes a Carabineros de Chile y al Ministerio Público, Fundación Emilia realizó un desglose de los datos por año, género, víctimas e imputados bajo el art. 196 ter. de la Ley Emilia.

“Según los registros analizados podemos sostener que Ley Emilia ha logrado bajar en un 50,5% la cantidad de fallecidos por esta variable según registros comparados del año 2011, fecha en que se firma el Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la ONU. Esto se traduce en vidas salvadas y familias que no han tenido que experimentar el dolor de la pérdida de un ser querido por una causa que es perfectamente evitable, como lo es la conducción bajo estado de ebriedad” indicó Carolina Figuera Cerna, Presidenta de la Institución.

El año 2011 la cantidad de delitos por “conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte” (art. 196) fueron 348. Esta cifra se redujo en un promedio de 7% entre el 2012 y 2013 tras ser implementada la Ley Tolerancia Cero. Esta cifra disminuyó sustancialmente tras la aprobación de la Ley 20.770 en septiembre del año 2014.

Si comparamos los registros entre los años 2011 y el 2017 la cifra de fallecidos se redujo en un 50,5%, arrojando un total de 176 fallecidos bajo el art. 196 ter. entre enero y dciembre del 2017.

La reducción comparativa entre los años 2014 y 2017, años de implementación de la política pública de tipificación penal fue de 45,6% en relación al 2013, año en que se aplicó solo Tolerancia 0. Esto demuestra que, al aumentar las sanciones y la fiscalización, es posible cambiar la cultura de tránsito en Chile.

“Cabe destacar que tambien fué un punto central de este estudio la diferencia de los registros comparados entre Cararabineros de Chile y el Ministerio Público. Según este último entre los años 2011 a 2017 la cantidad de fallecidos por el delito de “conducción bajo estado de ebriedad con resultado de muerte” fueron 1906, en tanto la base de Carabineros que solo incorpora fallecidos durante las primeras 24 horas registró 794, vale decir un 41,65% del total informado por el Ministerio Público. Esto demuestra que es necesario avanzar en un sistema integrado de datos, utilizando como base las estadísticas de 30 días. La politicas públicas integrales y robustas se hacen con una triangulación de datos efectiva, que permita generar mejores estrategias de prevención” señaló Carolina Figueroa.

El año pasado, la cantidad de imputados que fueron procesados por la Ley Emilia correspondió 102 personas, de los cuales un 4% fueron mujeres y un 96% hombres. Por otra parte, las víctimas totales fueron 176, correspondiendo un 32% a mujeres y un 68% a hombres.

Además, Fundación Emilia analizó las cifras de siniestros de tránsito bajo estado de ebriedad causando lesiones de diversa consideración. En este caso, los imputados fueron 25.028, con un 95% de hombres y un 5% de mujeres. En el caso de las víctimas, el total fue de 9.566, correspondiendo a un 27% de mujeres, 71% de hombres y un 2% no definido.

Del análisis de los datos se puede sostener que entre los años 2011 a 2016 los rangos etarios que concentraron la mayor cantidad de imputados bajo el art. 196 se concentraron entre los 18 a 30 años representando al 50% del universo de 961 imputados registrados.

“Tras estos resultados queda pendiente que el gobierno se planteé mejorar la plataforma de estadísticas que incorpore los criterios señalados por el BID sobre bases de siniestralidad, además de incorporar los Narcotest y Alcoholímetros presenciales que permitan mejorar la fiscalización en las vías. Los datos confirman la efectividad de la política pública, pero es necesario que se mantenga la atención en perfeccionar su aplicación en Tribunales, Cortes y en el Tribunal Constitucional. Es una tarea pendiente el compromiso no solo con la prevención, sino que también con la justicia y la reparación de las víctimas” concluyó la presidenta de la institución.