Category Archives: Noticias

En relación a la decisión de Rodrigo Cortéz, Juez del Tribunal de Garantía de Viña del Mar de acoger la revocación del segundo año de cárcel efectiva de Gonzalo Rojas, condenado por la muerte de Pablo Asencio bajo la Ley Emilia, declaramos como Fundación Emilia Silva Figueroa Víctimas de Accidentes que:

1.   El delito de fuga está tipificado por separado de la conducción bajo estado de ebriedad dentro del articulado de Ley Emilia, por lo tanto se establece un año de cárcel efectiva por ese delito.

2. Emplazamos al Ministerio de Justicia y a los Senadores que compusieron la Comisión de Constitución y Justicia del Senado a que den cuenta a las víctimas y a la sociedad en general por qué los tribunales de la república interpretan, según criterios no definidos claramente, una ley que tuvo como principal objetivo “entregar garantías de justicia” a las víctimas.

El Martes 13 de Octubre, en el marco de la Semana del Autocuidado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de  Chile se realizará el Seminario «Formación ciudadana y seguridad vial: desafíos de la sociedad contemporánea» organizado por Fundación Emilia, Mutual de Seguridad y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Las exposiciones estarán a cargo de Carolina Figueroa, Presidenta de la Fundación Emilia y Pedro Aravena, Asesor Legislativo de la Subsecretaria de Previsión Social.

Cabe destacar esta instancia, considerando que los siniestros viales son una de las primeras causas de muerte y lesiones entre el grupo etario de 15 a 29 años de edad, siendo la mitad de estas personas «usuarios vulnerables de la vía pública», vale decir peatones, ciclistas y motociclistas.

En pleno Decenio por la Seguridad Vial (2010-2020), el llamado a la prevención y el autocuidado puede generar un cambio en la cultural vial nacional, identificando medidas que mitiguen la incidencia de los cinco factores de mayor riesgo: el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o sicotrópicos, el uso del casco en las motocicletas, la utilización del cinturón de seguridad y el empleo de instrumentos de anclaje o sujeción en los niños.

A las pocas horas de tener la certeza de que Emilia nos dejaba y partía al cielo, el 21 de enero del 2013, sus familiares y amigos cercanos iniciaron –en medio de un dolor inexplicable ante su partida- una campaña ciudadana en medios de comunicación y redes sociales, destinada a denunciar la escandalosa impunidad que perjudicaba a las víctimas de conductores bajo estado de ebriedad. A partir de dicho hito, se inició un movimiento ciudadano, llamado Ley Emilia, que integró a un conjunto de familias de víctimas de crímenes viales, las cuales fueron apoyadas por gran parte de la ciudadanía. De esta forma, juntamos entre enero y marzo del 2013 casi 40.000 firmas, con personas que se congregaron libremente desde Arica a Magallanes, las cuales fueron presentadas en marzo a la Cámara de Diputados. Además evidenciamos un apoyo ciudadano en las redes sociales y en la calle, todo lo cual animó esta propuesta de carácter social que pedía terminar la evidente impunidad reinante, solicitando una legítima exigencia de Justicia.

El primer paso fue contactar a la bancada del PC-IC, la cual a los pocos días acogió esta demanda de justicia. De esta forma, nos reunimos con los Diputados Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló y la abogada Julia Urquieta, quienes osn ayudaron a dar vida a las bases legales y jurídicas del primer proyecto. Este postuló un alza de las penas aplicadas a los responsables de este tipo de crímenes, instancia que luego fue patrocinada por diputados de diversas bancadas (UDI, RN, Amplitud, DC, PR, PPD y PS).

En marzo del 2013, se inició el complejo proceso de tramitación de la Ley Emilia. Contamos con el apoyo de la sala de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Transporte de dicha instancia, expresado en sendas mayorías en las diversas votaciones que existieron, además del apoyo del poder ejecutivo de la época. A su vez durante el 2013, se dio una fuerte resistencia de algunos senadores y una senadora, las cuales postularon que el mencionado proyecto “atentaba con el sano régimen de proporcionalidad de las penas”. Debido a este fuerte debate, incomprendido por buena parte de la ciudadanía que entendía la razonabilidad básica de lo que se solicitaba, el proyecto se cayó, luego del rechazo de la Cámara Baja al Informe de la Comisión Mixta, situación que fue solicitada por las familias de víctimas que no podían aceptar un proyecto, defendido por los senadores de la Comisión de Constitución, que en la práctica dejaba las cosas tal cual, sin verdaderas modificaciones, calificada popularmente en redes sociales como “Ley Vale Otro”.

El 21 enero del 2014, a un año de la partida al cielo de Emilita, con el apoyo nuevamente de partidos de diversas tendencias, familias de víctimas y un número relevante de la ciudadanía, se presentó un segundo proyecto, el cual acogió algunos de los postulados del debate del año anterior, pero que en lo central se focalizó en darle derecho a las víctimas, sin atentar con las instancias penales de los y las procesadas. En marzo del 2014, con el ánimo de mejorar el debate, un grupo de senadores presentó un proyecto similar, que dejó estancado el trámite parlamentario. Todo tuvo un nuevo avance, por medio del mensaje del 21 de Mayo deñ 2014 de La Presidenta Michelle Bachelet, que permitió unificar ambas iniciativas. Agradecemos además las gestiones del entonces Ministro de Justicia José Antonio Gómez, quien aseguró el piso mínimo de un año de cárcel efectiva para los culpables de delito de manejo en estado de ebriedad o sustancias psicotrópicas, acogiendo además una idea del Senador Francisco Chahuán de sumar un año extra de cárcel efectiva, para quienes tomaban la cobarde acción de fugarse, legislación conicida como “del buen samaritano”.

Así orientadas las cosas el 17 de septiembre del 2014, vio la luz la llamada Ley Emilia. El nuevo corpus legislativo, generó una conjunto de garantías a las víctimas, ya que los responsables del manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, cumplirán como mínimo al menos un año de cárcel efectiva, a lo que se agregó un segundo año de cárcel efectiva para quien tomaba la cobarde e irresponsable acción de fugarse del lugar. Todos los juzgados responsables de este delito cumplen hoy con cárcel efectiva.

Las cifras de este año de vigencia de la Ley Emilia, hablan de una disminución por este tipo de crímenes, como dejamos de manifiesto en la siguiente tabla:

Fuente: Carabineros de Chile. Confección Fundación Emilia

Como vemos expresado en la Tabla presentada, todos los indicadores, en este primer año de vigencia de la Ley Emilia, han bajado de forma relevante. Estos registros, si bien no se celebran ya que hay vidas mutiladas para siempre, nos hablan de que la mayor parte de la ciudadanía comprendió el mensaje que buscó transmitir la Ley Emilia: separar definitivamente el alcohol y sustancias psicotrópicas de la conducción, sin por ello atentar en contra de las libertades y derechos ciudadanos. Además los mencionados indicadores, nos permiten vislumbrar, el despertar de una nueva cultura vial, donde se respeten los deberes en los espacios públicos, consolidando así los derechos de una ciudadanía más responsable y fiscalizadora de sus acciones en la plaza pública.

Pero este primer año, nos permite plantear algunos postulados y acciones urgentes que estimamos que se deben desarrollar, entre autoridades públicas y organizaciones ciudadanas, en el marco de relaciones horizontales y no un encubierto paternalismo.

1. Homologar el estado de ebriedad a la influencia del alcohol.

La Ley Tolerancia Cero logró una baja de dicho registro, pero sigue siendo el 0.8 el más alto de toda Latinoamérica, en un país que tiene el consumo de alcohol más alto de Latinoamérica (9.7 litro promedio anual por persona). Por eso como Fundación Emilia. Víctimas de Accidentes, junto con un conjunto amplio de familias de víctimas de conductores bajo la influencia del alcohol que han quedado impunes (como emblemático caso de Juana Ruiz y Karen Meza), promoveremos en los primeros días de octubre de este año 2015, un proyecto que termine con esta inexplicable diferencia, bajando el indicador único de 0.3, como tienen la mayor parte de los países de la OCDE y buena parte de los países en Latinoamérica (México 0,25; Brasil 0,0; Uruguay 0,0). Esperamos contar nuevamente con un fuerte y decidido apoyo de la ciudadanía, ya que en encuestas realizadas por nuestra insitución se ha indicado que esta iniciativa cuenta con un apoyo de más del 90% de los encuestados. Además esperamos contar nuevamente con el aval de parlamentarios de diversas bancadas, y eperamos que en el desarrollo del proceso legislativo, podamos contar también con el apoyo del poder ejecutivo.

2. Mejorar la calidad de los controles que realiza Carabineros.

Nadie puede negar que el Programa Celo Alcohol de Senda de la actual administración, ha aumentado sutantivamente la cantidad de controles, y que ello a redundado en que se han podido sacar de la vía pública a más conductores, que contra toda evidencia empírica, racional y publicitaria, todavía manejan con alcohol. Sin embargo, no basta con ello. En primer término se deben usar alcotest presenciales, que complementen los ya existentes, pero que eliminen el trámite de la alcoholemia como instrumento de prueba en tribunales, donde se han detectado demoras preocupantes. Además con esta medida, que no significa un gasto relevante para el presupuesto del Estado chileno, aumentaría el tiempo de control de carabineros en las calles, ya que no perderían tiempo en trasladar a un imputado a practicarse las alcoholemia en el recinto hospitaliario. Como indica la evidencia internacional, el aumento de la cantidad de horas de presencia de carabineros fiscalizando en las calles utilizando mejores instrumentos, redundaría en que más personas disminuirán la conducta temeraria de manejar con alcohol.

Además resulta inexcusable que todavía –promesa realizada desde el 2006 con la Reforma Procesal Penal- el Estado de Chile no se decida a comprar y aplicar narcotest, equipo que mide las drogas que son penalizadas por la Ley Emilia. Resulta difícil entender una demora de 12 años[1] en tomar una medida de política pública tan básica. Existen empresas privadas en Chile, que los usan en diversas instancias laborales y estos mecanismos además son utilizados en países vecinos de Latinoamérica (Uruguay), además de los aglutinados en la OCDE. Un narcotest cuesta en promedio 10 USD, es decir con $14.500.000 se pueden comprar y habilitar 2000 narcostest en todo Chile, lo cual mejoraría la capacidad de fiscalización, sin atentar en contra de las libertades individuales, potenciando así la acción que con tanto esfuerzo y compromiso hace Carabineros de Chile.

3. Acelerar un conjunto de proyectos sobre seguridad vial.

Hay un grupo amplio de proyectos, tanto de iniciativa parlamentaria como del ejecutivo, que no han avanzado todo lo rápidamente que las problemáticas involucradas merecen. El proyecto de disminución de la velocidad en zonas urbana (Ley C.A.T.I.), el proyecto que sube las penas a los crímenes viales por exceso de velocidad, el proyecto sobre mejores sistemas de seguridad para niños en el transporte interurbano, entre otros, son proyectos que apuntan a mejorar la seguridad en el transporte público, conformando iniciativas que merecen un despacho más atento y acelerado por el Congreso. Ninguno hasta la fecha ha pasado al Senado, algunas iniciativas llevan más de un año en la Comisión de Transporte de la Cámara Baja. Creemos que el ritmo y urgencia que merecen dichas iniciativas, amerita que sean tomadas de forma dedicada y seria, para que todas puedan llegar a ser leyes en el corto plazo.

4. Vincular la formación ciudadana a la seguridad vial.

Una de las políticas públicas que ha tenido éxito en este tipo de problemáticas, en países como Francia, Japón y el Reino Unido, es asociar a la formación ciudadana –que se da desde los jardines hasta las Universidades- con temas de seguridad vial. Esto implica entender a la seguridad vial como una política pública integral multidisciplinaria, basada en un conjunto de deberes y derechos, que ayudan a conformar a una ciudadanía más responsable de sus comportamientos en los espacios públicos. Invertir más en prevención, con campañas en medios de comunicación, redes sociales, en todos los niveles de la enseñanza -con el apoyo de organizaciones ciudadana, siempre y cuando la relaciones sean horizontales y no paternalistas- permite movilizar a todas y todos quienes vivimos en sociedad, aglutinándonos para evitar tanto dolor, con acciones simples de fiscalización, como por ejemplo el uso del celular para dejar grabados comportamientos indebidos de conductores, ayudando así a disminuir el número de muertos y heridos por este tipo de acciones.

Se pueden hacer muchas y permanentes acciones en conjunto, Estado y ciudadanía, para mejorar el actual escenario de cosas, que ha cambiado positivamente con Tolerancia Cero, Cero Alcohol y Ley Emilia. Nuestra propuesta es promover de forma conjunta e integrada una nueva cultura vial, la cual geste a una ciudadanía más responsable y fiscalizadora de sus comportamientos en los espacios públicos.

Fundación Emilia Silva Figueroa

Víctima de Accidentes

[1] Un detalle más exhaustivo sobre esta temática ver http://www.elquintopoder.cl/ciudadania/la-implementacion-de-narcotest-en-chile-cronica-de-una-larga-espera/

En libertad con firma mensual por tres años y suspensión de licencia de conducir por 60 meses, quedó Oscar Aravena Arias, el conductor que terminó con la vida de Karen Meza y Juana Ruiz el pasado 21 de febrero cuando las atropelló en calle Molina con Avenida Errázuriz en Valparaíso.

El Imputado, que conducía bajo los efectos del alcohol (0,67 grs/lt), en la audiencia realizada la mañana de este miércoles 26 de agosto en el Tribunal de Garantía Porteño, pidió perdón a las familias y aceptó un juicio abreviado. El juez Daniel Zuñiga, consideró que Aravena colaboró con el proceso, determinando rebajar la pena, lo que para las familias de las víctimas fue una burla.

Sandra Ruiz, mamá de Juanita se mostró impotente con el fallo, el que catalogó como injusto “Nuevamente la justicia nos da una puñalada, con el perdón que supuestamente estaba pidiendo el imputado no me va a devolver a mi hija, yo no estoy solicitando dinero, yo quiero que el pague en la cárcel, para que a otra familia no le pase lo mismo y seamos precedentes, porque ya esta bueno de tantas muertes, y los irresponsables que asesinan los dejan libres y nosotros estamos muertos en vida.”

El abogado Guillermo Flores, representante de la familia Meza, explicó que se optó por un juicio abreviado “Lamentablemente el juez estimó que hubo una colaboración sustancial, lo que redujo la pena en tres años y el tramo no nos permitía tener una medida sustantiva de mayor intensidad como libertad vigilada por ejemplo, o en su defecto cumplimiento efectivo que como el tramo es hasta tres años, lo que corresponde es lo que se otorgó en esta audiencia.”

Por su parte Carolina Figueroa, Presidenta de la Fundación Emilia Silva Figueroa, reconoció estar preocupada por esta resolución del tribunal “conducir y beber es un delito y este tribunal no se da cuenta de eso, da una mala señal y nos dice que dos muertos y dos lesionados graves valen tres años de firma mensual y eso es una vergüenza”

Jorge Rojas de 34 años regresaba a su casa luego de la universidad cuando fue atropellado por un conductor en estado de ebriedad, quien intentó darse a la fuga. A casi un año de su partida, su familia lucha día a día con el dolor, pero también con un sistema judicial que muestra falencias y que los hace sentir humillados y dejados de lado.

Este es el relato de Gonzalo, su hermano, quien junto al resto de la familia de Jorge han decidido compartir su historia buscando sensibilizar a todos quienes tienen en sus manos la decisión de no conducir un vehículo si se ha consumido alcohol o drogas, pensando no sólo en el bienestar propio, sino en las vidas que se pueden ver truncadas por una decisión errada.

«Jorge estaba en segundo año de Ingeniería Comercial en la Universidad y venía de vuelta a su casa después de haber estado todo el día estudiando. Era un día viernes 26 de septiembre del año pasado, cerca de las 22:30 horas. Estaba a pasos de llegar a la puerta de su condominio cuando por la espalda lo atropelló un tipo que iba en estado de ebriedad, paso por arriba de mi hermano, lo deja tirado en el suelo y se dio a la fuga.

Esta persona, Juan Pablo Leiva, siguió zigzagueando y no se detuvo, intentó escapar, pero afortunadamente lo interceptaron otros peatones después que chocó con las señaléticas de la cuadra y hasta con la puerta del condominio de mi hermano. Las personas que iban pasando primero lo intentaron ayudar porque no sabían que había dejado a una persona tirada en la calle casi muerta.

Él no acepta esto y acelera, se escapa y después nos informaron que dejó tirada la camioneta y siguió arrancando a pie hasta que es ubicado por carabineros y lo detienen. Luego que él se da a la fuga, ahí recién la gente se da cuenta que mi hermano estaba en el suelo inconsciente.

Cuando ya pasamos todo el doloroso y terrible proceso de los funerales de mi hermano, ahí nos hicimos cargo de saber qué pasaba con este hombre que lo había matado y fuimos a la Fiscalía para pedir más información. En ningún momento tuvimos un contacto directo con él o su familia hasta la primera audiencia, cuando solo tuvimos contacto visual con ellos, pero en ningún momento, hasta el día de hoy, nunca se han acercado para darnos una palabra de aliento, alguna disculpa.

En una de las audiencias incluso, su mamá en su desesperación nos atacó y nos trató de mentirosos y que estábamos manipulando la información para que él estuviera preso lo que no es así y que claro, nos revivió el dolor.

«Esta la memoria de mi hermano de por medio y el deseo que esto no le pase a nadie más»

Por un lado, tenemos la pena y todos los sentimientos que involucran haber perdido a mi hermano, y por otra, tenemos que lidiar con todo lo que está pasando con su caso en la Fiscalía de San Bernardo porque creemos que la pega no la están haciendo como corresponde. Reiteradamente hemos tenido cambios repentinos; las audiencias las fijan, pero luego las cambian o se suspenden en el mismo momento por falta de datos o por imprecisiones que no son de nuestra responsabilidad. No podemos entender, por ejemplo, que se vaya a cumplir un año del atropello y que todavía no llamen a los testigos para declarar.

Juan Pablo fue formalizado en un inicio por atropello con causa de muerte y también por abandono del lugar sin prestar ayuda a la víctima, pero la Fiscalía en el verano nos mandó un correo a nuestro abogado explicando que la idea es que no fuera juzgado por estos dos delitos, sino que tuvieran juicio abreviado, pero nosotros no aceptamos porque está la memoria de mi hermano de por medio y el deseo que esto no le pase a nadie más.

Las diligencias no se han hecho como corresponde y eso es terrible. Hicimos un alegato a la Fiscalía regional y afortunadamente nos escucharon y tuvimos que hacer un sinfín de trámites, pero esperamos que ahora sí las cosas vayan por buen camino ya que ahora sí se pidió un certificado geográfico del lugar, se llamarán a los testigos y se pidió un nuevo informe de la SIAT porque el que había anteriormente era muy vago, muy básico y al solicitar este nuevo informe, lo que buscamos es que estén todas las pruebas.

Como familia no solo nos sentimos desamparados, sino que humillados porque no tienen otro nombre ir a una audiencia cuando es uno el afectado y sentir que tiene más apoyo el culpable que nosotros y se nos pasa a llevar en cada instancia a la que debemos ir.

Para nuestra madre es tan difícil todo esto, pues ella debe escuchar que Jorge se le tilda casi como culpable por ir caminando por ahí y se minimiza lo que hizo quien lo atropelló, que además iba con alcohol y pareciera que eso no le importa a nadie más que a nosotros.

Ahora que por estas circunstancias estamos dentro de este sistema, vemos que todo se debe a un mal funcionamiento de la Fiscalía, hay un mal trabajo que no se quiere reconocer como tal y que termina por revictimizarnos. Cuando tú no buscas este destino, pero finalmente te haces parte por culpa de un irresponsable, ahí recién se entienden muchas cosas y logras procesar lo que ves tan lejano en las noticias.

Jorge era una persona maravillosa, muy prudente y responsable, por eso nunca me imaginé que esto le podía pasar, porque uno cree sólo le puede pasar a alguien que andaba carreteando, que andaba con trago y que no le importa nada, pero no a él que venía de estudiar y que quería llegar a estar con su familia en casa.

Es todo tan complejo, porque no terminamos por asumir que ya no tendremos a nuestro hermano y debemos enfrentarnos a esto. Es algo que debemos sobrellevar día a día como un proceso muy duro. Ahora empatizamos cuando vemos a toda esa gente que está al igual que nosotros buscando respuestas y justicia y lucha, pero también se cansan.

Hoy hay una ley que dice que no podemos manejar con alcohol, por muy mínimo que sea lo que se bebe, pero pareciera que igual hay que reforzar el mensaje y entender que tenemos que ser responsables de nuestras acciones porque no solo dañamos a nuestra familia, sino que a inocentes. No es justo que si yo me cuido y soy responsable, venga otro y me mate y deje a tantos con este dolor que se lleva a diario y que no disminuye, sino que aumenta.

La solidaridad y el ser “buen amigo” está mal entendido y a eso quiero apelar también. Si salimos a carretear, por favor, no dejemos que esa persona que bebió tome un auto y se vaya manejando… ahora que soy parte de estas víctimas indirectas y comparto el dolor entiendo que somos parte de un todo y que todos estamos llamados a cambiar esta triste realidad.

Según cifras de Carabineros de Chile, durante el año 2014, 1630 personas fallecieron en accidentes de tránsito, de las cuales, 597 perdieron la vida en atropellos. 

La Fundación Emilia Silva Figueroa, Víctimas de Accidentes, otorga a las familias de las víctimas y a quienes han sido afectados por delitos causados por la ingesta de alcohol o drogas el apoyo psicológico y legal necesario para enfrentar el día a día. Desafortunadamente, este tipo de delitos siguen ocurriendo en Chile a pesar de la existencia de la Ley Emilia y de las campañas educativas, de ahí que sea fundamental el llamado al autocuidado, a la responsabilidad y al respeto a la vida del otro sin por esto pasar a llevar las libertades individuales, sino que contribuyendo a la formación de una ciudadanía activa y responsable.

Florindo del Carmen Acevedo Acevedo, tenia 79 años de edad cuando fue atropellado y su vida terminó de forma dramática.

Conocido rayuelero de San Antonio, se ganaba la vida vendiendo ensaladas a las afueras de un supermercado de la comuna. El mayor de 9 hermanos, es recordado por su sobrino como “el tío patrón de fundo, el que daba ordenes, el que las sobrinas debían pedir permiso si querían pololear. Un hombre conocido por ser honrado y tranquilo”.

Eliseo Acevedo, hijo de una de las hermanas de Florindo es quien representa a la familia, recuerda que esa madrugada del 1 de mayo, su tío como era costumbre había ido a compartir con sus compañeros del Club “Ferroviario de Rayuela”, fue cerca de las 4 de la madrugada que se retiro del lugar, “debe haber esperado más de una hora locomoción, fue cuando vio la luz de la camioneta, nosotros suponemos pensó era un colectivo, cuando fue a cruzar la calle, se tropezó y cayo, ahí la camioneta lo atropello, el sujeto se bajo lo vio y luego se subió al vehículo y se fue dejándolo solo, hay imágenes que lo comprueban”.

Para la familia de Florindo el proceso judicial no estuvo bien desde un principio, “quien lo atropello fue Aldo Rojas Hernández, dueño de un pub y conocido en San Antonio, el tipo dejo a mi tío solo, sin prestar ayuda y no se entrego hasta las 3 de la tarde junto con su abogado a la PDI, recién a las 5 le hicieron un alcoholemia la que arrojo cero, 11 horas después de ocurrido el accidente”.

El julio se realizó una audiencia donde las medidas cautelares del imputado cambiaron de arresto domiciliario a arresto nocturno desde las 22 hrs a las 6 de la mañana, algo con lo que la familia Acevedo no esta conforme. En los próximos días de agosto se decidirá si se realiza un juicio abreviado o no “según nuestros abogados no nos conviene porque todo será más rápido y no se investigaran todas las pruebas que tenemos”.

Florindo es la primera víctima en la provincia de San Antonio, que fallece bajo el alero de la ley Emilia y su familia sólo quiere que su muerte no sea en vano y se haga justicia, “sentimos que las cosas están arregladas en tribunales y el tipo saldrá libre”.