Fundación Emilia expuso en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Fundación Emilia Silva Figueroa. Víctimas de Accidentes expuso ayer en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la cámara de diputados. La invitación realizada por la presidenta de la comisión Diputada Jenny Alvarez giró en torno a conocer la opinión de la fundación sobre el avance del proyecto de ley contenido en el Boletín Nº 9.252-15 o llamada Ley C.A.T.I. (Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones).

Este proyecto se ley se encuentra ingresado a la Cámara de Diputados desde el 6 de Noviembre del año 2013 y sus principales objetivos son la creación de un sistema automatizado que permita la detección de los casos de exceso de velocidad en carreteras promoviendo el objetivo central del decenio por la seguridad vial «Salvar Vidas».

Si observamos las estadísticas nacionales como internacionales, se puede establecer que el exceso velocidad (por si solo o bajo la variable de alcohol o drogas) es el causante de un 40% de víctimas fatales en accidentes viales o delitos viales (en el caso de Chile, aquellos tipificados bajo la Ley Emilia).

La experiencia internacional en países como España y Francia ha probado que la implementación de dispositivos de control en puntos de mayor riesgo en carreteras y un centro eficiente de recopilación de infracciones van ligados a una disminución de hasta un 50% de accidentes relacionados con la velocidad.

Estadísticas similares son manejadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en su informe 2015.

Esta probado en múltiples investigaciones que el exceso de velocidad en carretera genera variables de peligro en la conducción:

a) Reduce el tiempo de reacción del conductor
b) Se pierde la estabilidad del vehículo y la visibilidad del conductor
c) Se pierde la proporción de la distancia
d) Aumenta exponencialmente la severidad del accidentes
e) Se reduce la efectividad de los dispositivos de seguridad

Como Fundación creemos que las políticas públicas y proyectos legales que permitan la prevención de las conductas riesgosas en la conducción como el exceso de velocidad, deberían ser medidas que no durmieran el sueño de los justos en el Congreso.


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