Se están aplicando nuevas metodologías para conocer la cifra real de fallecidos por accidentes de tránsito en los que se ven involucrados conductores ebrios.
El primer seminario que abordó en la Región de Coquimbo la problemática del consumo excesivo de alcohol por parte de los chilenos, fue el escenario clave para que se diera a conocer el alcance de la Ley 20.770, mejor conocida como “Ley Emilia”, que desde su aplicación ha contribuido a la reducción en 30% de la cifra de fallecidos por conductores en estado de ebriedad.
Cifras que se dieron a conocer en esta jornada especial en la que participó el intendente Claudio Ibáñez, la ministra de transportes, Paola Tapia, y se unieron además unos 180 profesionales de la salud, docentes y personas de la zona.
Ximena Kalawski, jefa del área de división programática del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y Benjamín Silva, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Emilia, conversaron con Radio Mistral sobre esta actividad y aportaron detalles sobre las políticas públicas que actualmente se aplican para prevenir el consumo abusivo de alcohol.
“Con la Fundación Emilia, creada después de la entrada en vigencia de la ley en septiembre de 2014, tenemos una política de sensibilización, formación y educación para generar un cambio cultural que permita terminar con la relación altamente peligrosa entre alcohol, drogas y conducción”, recordó Silva.
En este sentido destacó que a nivel nacional, entre los años 2014 y 2016 se redujeron en un 30% los fallecidos por conductores en estado de ebriedad, “lo que es sorprendentemente bueno, y demuestra que asegurar cárcel efectiva para el responsable es una política disuasiva del comportamiento”.
También señaló que trabajan en mejorar los criterios usados a la hora de evaluar un siniestro en el que se vea involucrado un conductor ebrio y haya un fallecido, mediante un estudio financiado por la Subsecretaria de Prevención del Delito con el cual se logró aplicar una regla internacional que mide el impacto de un accidente por 30 días, y no sólo usar el criterio de 24 horas después de ocurrido el hecho.
“Hasta la fecha sólo existen registros de Carabineros que miden las primeras 24 horas. Entonces, por ejemplo, el caso de mi hija (Emilia Silva Figueroa de 9 meses), no estaba en los registros oficiales de fallecidos”, porque su deceso ocurrió después de 24 horas del accidente.
Silva destacó que al emplear esta nueva metodología con la que se hizo el cruce de información suministrada por Carabineros, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y de la Fiscalía, se obtuvieron datos relevantes.
“Si comparamos las cifras de 24 horas a 30 días, y tomamos en cuenta los registros de la Fiscalía y Carabineros, vemos que entre éstos hay un aumento considerable en el número de fallecidos. Para el caso de la región de Coquimbo, no eran 29 personas, sino 124 las fallecidas por accidentes de este tipo entre 2010 y 2015, es decir, un aumento del 328%”, detalló.
Eso ubica a la Región de Coquimbo en el segundo lugar, solo superada por Taparacá, en cuanto a la brecha de estadísticas manejadas por Carabineros y la Fiscalía. Es por ello, reitera Silva, que es importante participar en jornadas de prevención como la que se organizó esta semana en la región para “difundir estas cifras y generar mejores políticas públicas para cambiarlas”.
Fallos contra la ley
Silva se refirió a los fallos que el Tribunal Constitucional ha emitido por la Ley Emilia, principalmente enfocados en evitar cárcel efectiva por un año, además que este organismo también está analizando 24 causas más.
El TC sentenció que la obligación de un año de presidio a quienes provoquen lesiones graves e incluso la muerte, es desproporcionada.
“El Tribunal Constitucional no puede derogar una ley, nunca ha podido. Solo puede remitirse a casos específicos. Entonces el fallo constitucional no deja sin efecto la ley, incluso la semana pasada en Arica hubo una condena de 11 años de prisión porque se agregó el nuevo delito que es fuga”, explicó Silva.
No obstante, comenta que desde el punto de vista simbólico es doloroso para las familias que por esta fundamentación del tribunal, los responsables no cumplan un año mínimo de cárcel, que es lo que establece la ley, y el delito quede “en la completa impunidad que existía antes”.
“Como fundación hemos tenido una postura súper clara, hemos tratado de ir a los medios y El senado ha puesto un abogado institucional para las víctimas. Hoy está probado que la cárcel baja un 30% los accidentes de este tipo, lo que queremos es salvar este beneficio social que es la cárcel efectiva para los delitos de conducción en estado de ebriedad bajo los efectos del alcohol”, concluyó.
CIFRAS RELEVANTES
En el seminario se divulgaron cifras actualizadas sobre la materia, y entre las más notables destaca que una de cada diez muertes en Chile es atribuible al consumo de alcohol, y son más de 2.800 las personas que mueren cerca de los 40 años por causas relacionadas.
En materia de seguridad vial, una de cada cinco muertes en accidentes de tránsito se relaciona a la ingesta de alcohol, ya sea en el conductor o en el peatón.
Ximena Kalawski, jefe de la división programática del Senda, insistió que el patrón de consumo de los chilenos es riesgoso, pues se consume bastante alcohol en menos tiempo, comparando estadísticas con otros países, “por lo que es inviable que se suban a manejar un vehículo en ese estado”.