Martes 21 de octubre.- Durante esta jornada, Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, participó en MegaNoticias para analizar el trágico siniestro ocurrido en Recoleta, donde un menor perdió la vida tras ser impactado por un vehículo involucrado en una persecución policial.
Figueroa expresó la profunda tristeza y frustración de la fundación ante este hecho, señalando que desde hace años las organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre el aumento de siniestros viales vinculados a delitos. Entre 2022 y 2024, explicó, se han registrado más de 1.200 casos de este tipo, lo que confirma una tendencia preocupante que combina violencia vial, delincuencia y ausencia de control efectivo.
La presidenta de Fundación Emilia destacó la necesidad de abordar la siniestralidad vial como un problema de seguridad pública, ya que las calles y carreteras se han transformado también en escenarios donde se expresan los efectos colaterales de la delincuencia. “Ya no basta con abordarlo solo desde la seguridad vial”, afirmó, llamando a una mayor coordinación entre los ministerios de Seguridad y Transportes, así como a la conformación de mesas intersectoriales que permitan enfrentar el fenómeno de forma integral.
En ese sentido, insistió en la urgencia de invertir en fiscalización, tecnología y seguimiento penal, subrayando que estas herramientas son esenciales para prevenir delitos que terminan afectando a personas inocentes. Asimismo, destacó que es imprescindible fortalecer los sistemas de control, incorporando tecnología de detección de alcohol y drogas, junto con avanzar en la aplicación del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI).
Otro de los puntos abordados fue la necesidad de avanzar en la discusión legislativa sobre la figura del homicidio vial, que permitiría sancionar de manera más clara los casos en que hay conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Actualmente, explicó, este tipo de hechos se enfrentan a vacíos legales que complejizan los procesos judiciales y generan revictimización en las familias, prolongando el sufrimiento de quienes han perdido a un ser querido.
Figueroa también hizo hincapié en la importancia de fortalecer la educación ciudadana en torno a la reacción frente a siniestros viales y la entrega de apoyo psicológico especializado a las víctimas y sus familias. En este sentido, pidió que las autoridades aseguren tratamientos prolongados y acompañamiento constante, especialmente en contextos donde los procesos judiciales se extienden por años.
Finalmente, lamentó la falta de respuesta a las propuestas legislativas y preventivas que Fundación Emilia ha presentado en los últimos años, recordando que muchas veces las acciones del Estado llegan de manera reactiva, luego de tragedias que podrían haberse evitado. “Chile necesita una política pública que entienda que la seguridad vial es seguridad pública, y que la prevención no puede seguir dependiendo de la conmoción social”, concluyó.