Lunes 20 de noviembre.– La tragedia ocurrida en la comuna de Recoleta —donde un furgón escolar que trasladaba a estudiantes fue colisionado y volcado por un vehículo en fuga tras un intento de robo, provocando la muerte de un niño y dejando a otros menores heridos— generó una profunda conmoción a nivel nacional.
El hecho reabrió el debate sobre la relación entre la delincuencia, la conducción temeraria y la falta de coordinación institucional frente a los hechos de violencia vial que se repiten en distintas ciudades del país.
Violencia vial y seguridad pública: una urgencia intersectorial
En este contexto, la presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, señaló en declaraciones a Emol que:
“Expresamos nuestras condolencias a su familia y esperamos una pronta recuperación de los lesionados. Sin embargo, queremos poner el acento en un fenómeno que se viene registrando hace meses: el aumento de los hechos de violencia vial que hoy debe ser comprendido como parte de la crisis de seguridad pública que vive el país”.
Asimismo, Figueroa subrayó que:
“En un contexto donde los robos violentos de vehículos, las persecuciones policiales y las colisiones de alta energía se vuelven cotidianos, es urgente que el Gobierno asuma una mirada intersectorial sobre lo que ocurre en las vías. La coordinación entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Seguridad Pública es esencial para establecer protocolos claros sobre persecuciones y fiscalización efectiva, previniendo tragedias como la de hoy”.
“La seguridad vial no es un asunto técnico, es un derecho humano”
De manera conjunta, ONG NoChat y Fundación Emilia emitieron una declaración pública en la que reiteran con fuerza que la seguridad vial es un problema de seguridad pública.
El documento advierte que Chile está viviendo una emergencia en sus calles, donde cada día más personas mueren o resultan gravemente heridas en hechos vinculados a la delincuencia y la falta de control en el tránsito.
“La seguridad vial no es un asunto técnico ni marginal: es un derecho humano, el derecho de cada niño, niña y familia a desplazarse con seguridad”, señala la declaración, agregando que el Estado debe tratar esta materia con la misma urgencia con que enfrenta los delitos violentos.
Ambas organizaciones instaron a que la seguridad vial sea reconocida formalmente como un asunto de seguridad pública, proponiendo que el Ministerio de Seguridad o el Ministerio del Interior asuman el liderazgo en la coordinación de medidas preventivas, de control y sanción.
Un llamado a la acción
Finalmente, tanto Fundación Emilia como ONG NoChat reafirmaron su compromiso con la defensa de la movilidad segura y con la protección de todas las vidas en el tránsito, haciendo un llamado a las autoridades a actuar con urgencia, decisión y responsabilidad.
“La vida no puede esperar.”