Miércoles 14 de Enero 2026:- Hace unos días, desde la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial se nos solicitó, junto a otras organizaciones miembro, una reflexión sobre el escenario legislativo en seguridad vial en nuestros respectivos países. El objetivo era construir un panorama latinoamericano que será presentado en los encuentros previos a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a realizarse en noviembre de este año. En representación de Fundación Emilia, Carolina Figueroa compartió algunos aspectos del informe.
Entre 2022 y 2025, el sistema legislativo chileno ha vivido una transformación significativa en esta materia. Lo que antes se concebía como un campo técnico y acotado a la regulación del tránsito, hoy se ha convertido en una arena compleja, donde convergen demandas ciudadanas, respuestas a hechos traumáticos, uso simbólico del derecho penal y la irrupción de nuevos enfoques sobre fiscalización, convivencia y justicia.
En estos cuatro años se han ingresado 94 proyectos de ley relacionados con la seguridad vial. Pasamos de solo 4 iniciativas en 2022 a 30 en 2025, lo que no solo refleja un mayor interés parlamentario, sino una expansión del sentido político y social que se le otorga a la legislación vial. Este auge responde a diversos factores. Por un lado, la ocurrencia de siniestros viales de alta connotación pública ha generado presión sobre los legisladores, quienes muchas veces reaccionan con propuestas punitivas para prevenir nuevas tragedias. Por otro lado, la acción sostenida de organizaciones ciudadanas ha contribuido a visibilizar el tema, elaborando diagnósticos, propuestas y articulando redes de incidencia. Finalmente, se observan factores estratégicos en el comportamiento político: el conglomerado de derecha e independientes, por ejemplo, ha intensificado la presentación de iniciativas en años electorales, incorporando estos temas en sus agendas programáticas.
Pero este crecimiento ha generado también consecuencias institucionales. El 93% de las iniciativas aún se encuentra en primer trámite constitucional, lo que revela una saturación del sistema legislativo, que no ha sido diseñado para procesar tal volumen de propuestas. La capacidad administrativa y política del Congreso está hoy desbordada, generando un embotellamiento que limita el avance efectivo de muchas de estas reformas.
Las temáticas abordadas son diversas. Cerca del 50% de los proyectos corresponde a medidas preventivas, un 20% al transporte de pasajeros, y un 7,6% busca transformar infracciones administrativas en figuras penales.
También emergen nuevos enfoques legislativos: una tendencia punitiva; la fiscalización tecnológica; normativas que abordan el bienestar del viaje; respuestas a la crisis administrativa municipal y un uso de la ley de tránsito como herramienta de justicia social.
Todo esto configura un nuevo escenario: la ley de tránsito ya no es solo una herramienta técnica, sino una especie de “navaja suiza normativa” que busca responder a múltiples problemas sociales, desde el crimen organizado hasta la protección de la infancia.
El caso chileno muestra que la seguridad vial puede ser un barómetro de los desafíos contemporáneos en materia de gobernabilidad, justicia y seguridad ciudadana. Pero si no se avanza en coherencia normativa, fiscalización efectiva y gobernanza especializada, corremos el riesgo de caer en una inflación legislativa sin resultados concretos.