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Martes 7 de Abril 2026:- Ayer, en representación de Fundación Emilia, participaron en la Sesión N°2 del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación, y Alejandro Corder, profesional del área de investigación.

La sesión estuvo marcada por la presentación de la nueva subsecretaria Ana Victoria Quintana  y su gabinete ante el COSOC y por un diálogo centrado en los principales desafíos en materia de seguridad pública. Entre los temas abordados, se puso especial énfasis en la percepción de inseguridad en Chile y en la necesidad de profundizar medidas orientadas a garantizar mayor seguridad para la ciudadanía.

Durante la reunión se manifestaron preocupaciones vinculadas al aumento de delitos que afectan cotidianamente a la población, como portonazos, robos con violencia y otras expresiones de delincuencia, así como también cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta institucional frente a estos hechos. Junto con ello, se relevó la necesidad de revisar los lenguajes y métodos de intervención en materias de inseguridad social, así como de fortalecer las estrategias de prevención y protección a nivel comunitario.

La sesión también abordó otras dimensiones de la seguridad, como la violencia de género en el espacio público y privado, la preocupación por la insuficiente presencia de carabineros en las calles, y la necesidad de resguardar de mejor manera a trabajadores y trabajadoras frente a escenarios de violencia y desprotección.

Asimismo, se subrayó la preocupación por el consumo de alcohol y drogas como factores que pueden incidir en conductas violentas, señalándose desde el gobierno que se continúa trabajando en el fortalecimiento de medidas de prevención en esta materia.

Desde Fundación Emilia destacamos la importancia de incorporar en estas discusiones la realidad de los delitos viales y, de manera muy especial, la necesidad de fortalecer las redes de atención, orientación y acompañamiento a víctimas de siniestros viales, una de las líneas centrales del trabajo que desarrolla nuestra organización.

Como Fundación Emilia, reafirmamos además nuestro compromiso de seguir participando activamente en este espacio durante el presente año, con el propósito de fortalecer el rol de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas más integrales, preventivas y centradas en las personas.

Miércoles 1 de Abril de 2026:- Fundación Emilia se reunió con Carmen Gloria Baeza, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en el marco de la planificación de acciones conjuntas para el Mes de la Seguridad Vial Infantil, una instancia clave para promover la conciencia y la educación en torno a la protección de niños y niñas en el espacio vial.

La reunión tuvo como principal objetivo fortalecer la coordinación entre ambas instituciones, proyectando el desarrollo de diversas actividades orientadas a la sensibilización, formación y reflexión en torno a la seguridad vial infantil. Estas acciones buscan impactar tanto a estudiantes como a comunidades educativas, aportando desde un enfoque interdisciplinario que integra la psicología, la educación y la promoción de conductas seguras en el entorno vial.

Este trabajo colaborativo se enmarca en una relación previa entre Fundación Emilia y la carrera de Psicología de la UTEM, la cual ha permitido generar espacios de encuentro, aprendizaje y participación en distintas instancias formativas y de vinculación con el medio. En este sentido, la reunión no solo permitió avanzar en la planificación de nuevas actividades, sino también reforzar una alianza que ha demostrado ser significativa para ambas partes.

Desde Fundación Emilia valoramos profundamente el compromiso y la disposición de la Escuela de Psicología de la UTEM para continuar impulsando iniciativas que contribuyan a la formación de profesionales con enfoque en seguridad vial y responsabilidad social. Asimismo, destacamos la importancia de articular esfuerzos entre organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico, con el fin de generar un impacto real y sostenido en la construcción de entornos viales más seguros para la infancia.

Miércoles 1 de Abril 2026:- El equipo de Fundación Emilia sostuvo una reunión con Julia Cerda, decana de la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, junto al equipo del Centro de Familia y Comunidad (CEFACOM), ambas instancias pertenecientes a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en un espacio de diálogo orientado al intercambio de experiencias y a la proyección de trabajo conjunto.

Durante el encuentro, ambas partes compartieron sus trayectorias y enfoques en torno al trabajo psicosocial, relevando la importancia de generar estrategias integrales que aborden las distintas dimensiones del bienestar de las comunidades.

La instancia permitió identificar puntos en común y oportunidades de colaboración, especialmente en el ámbito de la intervención social, la formación y el desarrollo de iniciativas conjuntas.

Este primer acercamiento sienta las bases para una articulación sostenida entre ambas instituciones, proyectando futuras acciones colaborativas que aporten al fortalecimiento del trabajo psicosocial, la formación de profesionales y la generación de impacto en las comunidades.

Miércoles 25 de Marzo 2026:- El equipo de Fundación Emilia, compuesto por Yury Bustamante (Psicólogo Clínico), Javiera Vitar (Psicóloga Social) y Paola Mondaca (Asistente Social), sostuvo una reunión con María Luisa Riquelme, abogada del Programa de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos del Gobierno de Santiago, con el objetivo de conocer el alcance del programa “Estamos Contigo”.

Esta iniciativa busca garantizar acceso a atención psicosocial y orientación jurídica para víctimas de delitos violentos en 35 comunas de la Región Metropolitana, a través de equipos interdisciplinarios en terreno  .

Si bien el programa no contempla delitos de tránsito —incluyendo aquellos asociados a siniestros viales—, valoramos su despliegue territorial, especialmente en comunas donde hoy no existe una cobertura suficiente de atención a víctimas.

Desde Fundación Emilia, con más de 11 años de experiencia en atención de primera línea a víctimas de siniestros viales, conocemos la importancia de una respuesta oportuna, integral y con enfoque de derechos.

Esperamos que este primer encuentro permita avanzar en espacios de colaboración, fortaleciendo la red de apoyo a víctimas y contribuyendo a reducir las brechas de atención existentes.

Martes 24 de Marzo 2026:- Ayer, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Subsecretaría de Transportes de Chile se reunió con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange Concha, junto al Subsecretario Martín Mackenna Rueda y el nuevo Secretario Ejecutivo de Conaset, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Alberto Escobar.

Como Fundación Emilia, organización integrante de este COSOC, participamos activamente en esta instancia, siendo representados por Carolina Figueroa Cerna, en su calidad de Presidenta, reafirmando nuestro compromiso con la incidencia en políticas públicas en materia de seguridad vial.

La instancia tuvo como objetivo principal generar un primer espacio de diálogo entre la nueva autoridad y la sociedad civil organizada, así como presentar los principales temas de interés priorizados por el COSOC para el período 2026. En este contexto, se expuso una tabla de trabajo con los objetivos prioritarios definidos por el Consejo, abordando materias estructurales en seguridad vial y transporte.

En materia de seguridad vial, se destacó que la implementación de la Ley CATI es una prioridad compartida. Desde el Ministerio se indicó que el tercer reglamento se encuentra actualmente en Contraloría, y que se espera avanzar en su implementación a la brevedad, en línea con un objetivo común: salvar vidas. Asimismo, se informó que próximamente se dará a conocer el plan operacional del sistema, y que se solicitará la colaboración de la sociedad civil en su difusión, poniendo énfasis en un propósito compartido vinculado a la Visión Cero de reducción de víctimas.

En relación con la electromovilidad, el Ministro señaló que esta es una política que “llegó para quedarse”, destacando que el principal desafío de la transición energética está asociado a la infraestructura de carga. Asimismo, se relevó que estos avances deben abordarse considerando las realidades territoriales, lo que obliga a avanzar bajo un principio de realidad y gradualidad.

Respecto de las aplicaciones de transporte y la implementación de la Ley EAT, se indicó que se realizarán ajustes al reglamento vigente. Estas modificaciones no estarían centradas en aspectos de seguridad vial, sino en componentes técnicos como cilindrada, antigüedad y características de los vehículos. El objetivo, según se señaló, es perfeccionar el reglamento para avanzar en su implementación.

En materia de transporte público regional, la autoridad reconoció que se trata de una problemática persistente y una tarea pendiente en términos de equidad territorial y acceso al transporte público, lo que coincide con los planteamientos realizados desde el COSOC.

Durante la reunión también se abordaron iniciativas legislativas relevantes, como el proyecto de Homicidio Vial, impulsado desde la sociedad civil, que busca reconocer que muchas muertes en el tránsito no son hechos fortuitos, sino evitables y, por tanto, deben tener un tratamiento penal acorde a su gravedad. Asimismo, se revisaron los principales lineamientos de la propuesta de Ley de Movilidad.

En síntesis, se trató de una reunión que cumplió su objetivo de generar un primer acercamiento entre la autoridad y la sociedad civil. Desde Fundación Emilia, valoramos este espacio y esperamos que se consolide un clima de trabajo conjunto, que permita avanzar desde una participación meramente consultiva hacia una incidencia real en la construcción de políticas públicas en transporte y seguridad vial.

Martes 17 de Marzo de 2026:- Desde el Área de Atención a Víctimas de Fundación Emilia, Paola Mondaca reflexiona sobre las consecuencias sociales y emocionales que enfrentan las personas afectadas por siniestros viales y la importancia de fortalecer los sistemas de apoyo y acompañamiento.

«Hablar de siniestros viales suele remitirnos a cifras, estadísticas y titulares que se repiten con dolorosa frecuencia. Sin embargo, detrás de cada número hay una historia que no termina cuando se apagan las sirenas o se cierra una carpeta investigativa. Para las víctimas y sus familias, muchas veces el verdadero impacto comienza después: cuando enfrentan el duelo, la incertidumbre, los trámites y un sistema que no siempre logra responder de manera oportuna ni integral.

Desde el Área de Atención a Víctimas de Fundación Emilia somos testigos cotidianos de esa realidad. Personas que llegan buscando orientación, contención o simplemente ser escuchadas; madres, padres, hijas e hijos que, tras un hecho vial grave o fatal, deben reorganizar su vida sin contar siempre con las herramientas, redes o información necesarias para hacerlo. En muchos casos, el daño no es solo físico o emocional: también es social, económico y familiar.

Acompañar a una víctima no significa únicamente entregar información legal o derivar a una atención psicológica. Implica reconocer su experiencia, validar su proceso y ofrecer orientación en un camino que suele ser largo y complejo. También supone explicar con claridad procedimientos institucionales que muchas veces resultan confusos, orientar frente a organismos que no siempre dialogan entre sí y sostener emocionalmente cuando el cansancio, la rabia o la frustración aparecen.

El trabajo con víctimas de siniestros viales también nos enfrenta a las brechas del sistema. Muchas necesidades quedan fuera de los marcos formales de atención: apoyo social inmediato, orientación municipal, ayudas económicas o acompañamiento comunitario. Por ello, el trabajo en red resulta fundamental. Municipios, DIDECO, centros de atención a víctimas, servicios de salud, sistema de justicia y organizaciones de la sociedad civil deben articularse para que la respuesta no dependa únicamente de la capacidad individual de cada persona afectada para acceder a ayuda.

Como sociedad, aún nos cuesta comprender que la seguridad vial no termina en la prevención ni en la sanción. También se expresa en la reparación, en el acompañamiento digno y en el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos. Cada vez que una persona afectada por un siniestro vial queda sola frente a un sistema fragmentado, estamos fallando colectivamente.

Visibilizar el trabajo de atención a víctimas no busca generar lástima ni sensacionalismo. Busca generar conciencia. Porque acompañar, orientar y sostener también forma parte de la construcción de una sociedad que protege la vida. Y porque ningún proceso de justicia ni de reparación es posible si no ponemos a las personas —y su dignidad— en el centro.»

Columna de Paola Mondaca Concha

Asistente Social – Área de Atención a Víctimas

Fundación Emilia

Lunes 16 de Marzo 2026:-  La presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, publicó en el portal de opinión de Radio Cooperativa la columna “Seguridad vial en Chile: radiografía legislativa para el nuevo ciclo político”, donde revisa los principales avances y desafíos de la agenda legislativa en materia de movilidad segura.

En el texto se analiza cómo, durante los últimos años, se han impulsado diversas reformas legales vinculadas a la seguridad vial, entre ellas la regulación de carreras clandestinas, la creación del sistema automatizado de control de infracciones (CATI) y la reciente Ley Jacinta. Sin embargo, la columna advierte que el desafío no es solo aprobar nuevas leyes, sino lograr su implementación efectiva y avanzar hacia una política pública sostenida en el tiempo.

Asimismo, la reflexión aborda el rol de la sociedad civil en la instalación del tema en la agenda pública y plantea la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, la fiscalización y la prevención para reducir muertes y lesiones graves en el tránsito.

La seguridad vial es hoy un desafío estructural para el país, que requiere continuidad en las políticas públicas y una mirada integral que articule legislación, educación, infraestructura y cultura vial.

📖 Lee la columna completa aquí:

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/transportes/seguridad-vial-en-chile-radiografia-legislativa-para-el-nuevo-ciclo/2026-03-16/070709.html

Martes 10 de marzo:- La presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, participó recientemente en el programa panameño Movilidad en Directo, donde conversó sobre los avances que ha desarrollado Chile en materia de movilidad segura, legislación vial y protección de víctimas de siniestros viales.

Durante la conversación se destacó el rol que ha tenido la sociedad civil en la promoción de cambios legislativos y culturales orientados a mejorar la seguridad en las vías y fortalecer la protección de las víctimas.

En ese contexto, Figueroa explicó algunas de las transformaciones que ha experimentado Chile en la última década en materia de seguridad vial, entre ellas el desarrollo de nuevas normas, mejoras en los mecanismos de reparación para las víctimas y un mayor reconocimiento de la violencia vial como un problema público.

Uno de los ejemplos mencionados fue la Ley Jacinta, normativa reciente que incorpora distintas medidas orientadas a fortalecer la protección de las víctimas de siniestros viales, mejorar los criterios para la obtención de licencias de conducir y establecer nuevas garantías para las familias afectadas.

Entre sus principales avances, la ley aumenta la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), establece plazos de pago para las aseguradoras, incorpora nuevos criterios de salud para la obtención de licencias de conducir, regula el transporte de niños en motocicleta y establece protección laboral para madres y padres que pierden a un hijo.

Restauración para las víctimas

Durante la entrevista, Figueroa explicó que uno de los aspectos centrales de la ley es fortalecer la restauración social de las familias afectadas por siniestros viales.

Antes de la nueva normativa, el seguro obligatorio contemplaba una cobertura aproximada de 300 UF. Con la entrada en vigor de la Ley Jacinta, este monto se duplica a 600 UF, lo que busca apoyar a las familias en los gastos inmediatos asociados a un fallecimiento o a los procesos de recuperación tras lesiones graves.

“Muchas veces las familias enfrentan gastos urgentes y procesos muy complejos tras un siniestro vial. Esta ley busca entregar una respuesta más rápida y digna”, explicó Figueroa durante el programa.

El rol de la sociedad civil en la seguridad vial

Durante la conversación también se abordó el trabajo que realiza Fundación Emilia desde su creación en 2014, tras la muerte de Emilia Silva Figueroa, hija de Carolina Figueroa, quien falleció a causa de un conductor en estado de ebriedad.

A partir de ese hecho se impulsó la Ley Emilia, que tipificó como delito los siniestros viales provocados por conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, además de sancionar la fuga del conductor.

Desde entonces, la fundación ha trabajado en educación, prevención y apoyo a víctimas, promoviendo cambios culturales y legislativos orientados a avanzar hacia una movilidad más segura.

Un desafío regional

En el diálogo también se destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre países de América Latina en materia de seguridad vial. Figueroa señaló que uno de los desafíos pendientes es avanzar hacia estándares comunes, especialmente en materia de justicia para las víctimas y prevención de conductas de riesgo.

“Todavía en muchos países los siniestros viales se entienden como accidentes o mala suerte. Sin embargo, cuando hay conductas como exceso de velocidad, consumo de alcohol o uso del celular al conducir, estamos frente a decisiones que tienen consecuencias graves y que deben ser tratadas como delitos”, señaló.

La participación en este espacio internacional permitió visibilizar la experiencia chilena y promover el intercambio de aprendizajes entre países, con el objetivo común de reducir las muertes y lesiones graves en las vías.

Los invitamos a ver la entrevista en el siguiente Link

Lunes 9 de Marzo 2026:- La transición hacia la electromovilidad suele presentarse como el triunfo definitivo de la técnica sobre la crisis climática. Se habla de la reducción de emisiones de CO₂, de la eficiencia de las baterías y de la autonomía de los motores silenciosos. Sin embargo, esta transformación tecnológica corre el riesgo de ser incompleta, o incluso peligrosa, si no se acompaña de una mirada desde las ciencias sociales capaz de comprender cómo las personas habitan, interpretan y comparten el espacio público. En ese sentido, la educación ciudadana vial —presente en todos los espacios educativos: jardines, escuelas, institutos, universidades y empresas— debe evolucionar y avanzar al mismo ritmo que la ingeniería.

Este debate no ocurre en el vacío. Actualmente el país se encuentra en el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, impulsado por el Ministerio de Energía. En ese proceso participó Fundación Emilia, representada por el académico Benjamín Silva, particularmente en los ejes de coordinación interinstitucional y economía circular de la electromovilidad, aportando una mirada desde las ciencias sociales que busca integrar la educación ciudadana vial, la convivencia en el espacio público y la cultura de la movilidad como elementos centrales de esta transición. Desde Fundación Emilia compartimos esa mirada, que inspira también las reflexiones planteadas en esta columna.

Desde las ciencias sociales sabemos que las tecnologías no transforman por sí solas las prácticas sociales. Son las normas culturales, los hábitos cotidianos y las formas de convivencia las que determinan cómo una innovación se integra realmente en la vida colectiva. En el caso de la movilidad, esto es especialmente evidente: cambiar el tipo de motor no necesariamente cambia la forma en que las personas se relacionan en la vía.

La llegada del vehículo eléctrico no solo cambia lo que hay bajo el capó; altera profundamente la dinámica de convivencia en el espacio público.

El silencio de los motores eléctricos, una de sus mayores virtudes ambientales, representa un desafío inédito para la seguridad pública vial. En nuestra cultura urbana, el oído ha sido históricamente un sentido de alerta para peatones, ciclistas y personas con discapacidad visual. Una educación ciudadana integral hoy debe enseñar a “reaprender” la calle: los conductores de vehículos eléctricos deben extremar su conciencia sobre su presencia casi imperceptible, mientras que los peatones deben fortalecer una cultura de autocuidado basada en la vista y no solo en el sonido. Aquí, la seguridad no depende de un sensor, sino de la empatía y la atención plena de quienes comparten la vía.

Por otro lado, la electromovilidad democratiza nuevas formas de desplazamiento, como los scooters y bicicletas eléctricas, que a menudo operan en un vacío legal o educativo. El núcleo del problema persiste: seguimos viendo estas tecnologías como dispositivos aislados, cuando en realidad forman parte de un sistema social de movilidad donde normas culturales, percepciones de riesgo y prácticas cotidianas son tan determinantes como la tecnología misma. Una seguridad vial efectiva en la era eléctrica nace de entender que la mayor potencia de aceleración de estos vehículos exige una mayor cuota de autorregulación y ética. No se trata de cuántos kilómetros rinde una carga, sino de cómo esa energía se desplaza respetando la integridad del más vulnerable.

Finalmente, el éxito de la electromovilidad no debe medirse solo en ventas de unidades, sino en la reducción de la siniestralidad y el aumento de la armonía social. Es imperativo que las estrategias de movilidad sostenible posicionen a la educación ciudadana como el software que hace funcionar el hardware tecnológico.

Si la transición eléctrica no incorpora la educación ciudadana vial y la convivencia en el espacio público, no estaremos frente a una transformación de la movilidad, sino simplemente ante un cambio de motor.

Martes 3 de marzo de 2026:- En la sesión de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carolina Figueroa, en su calidad de presidenta de Fundación Emilia, expuso las observaciones de la Fundación al Boletín N° 17.561-15, iniciativa que fue aprobada en general y continuará su tramitación en etapa de discusión particular.

El proyecto —impulsado a partir del caso de Úrsula— busca abordar la respuesta del sistema penal frente a la conducción en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas con resultado de muerte o lesiones gravísimas. Desde Fundación Emilia, la intervención se centró en aportar una mirada complementaria a la discusión legislativa: cómo estas normas operan en la práctica, a partir del análisis de resultados de causas penales reales y del impacto institucional que pueden tener ciertos diseños normativos sobre los tiempos del proceso y la experiencia de las víctimas.

Enfoque de Fundación Emilia

Durante la exposición, Fundación Emilia recalcó la importancia de distinguir entre:

• Medidas cautelares (como la prisión preventiva), que cumplen fines procesales y no equivalen a condena; y

• La sanción penal y su ejecución, que es donde se expresa la gravedad del delito y la proporcionalidad de la respuesta estatal.

Asimismo, se advirtió que las soluciones basadas en automatismos pueden trasladar el debate a controversias constitucionales, con el riesgo de prolongar la tramitación de causas y generar victimización secundaria en familias que buscan verdad, justicia y reparación.

Documento de observaciones

Fundación Emilia dejó entregado a la Comisión un informe de observaciones, con propuestas orientadas a perfeccionar la discusión en particular y avanzar hacia una solución legislativa coherente, proporcional y eficaz, poniendo el foco en la justicia material para las víctimas y en el fortalecimiento del sistema.

El documento presentado por Fundación Emilia se encuentra disponible para lectura y descarga en esta publicación: Observaciones al Boletín N° 17.561-15

Fundación Emilia agradece el espacio de deliberación y reitera su disposición a seguir contribuyendo técnicamente al debate legislativo, con una mirada centrada en las víctimas y en la construcción de una cultura vial responsable.