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Martes 24 de Marzo 2026:- Ayer, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Subsecretaría de Transportes de Chile se reunió con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange Concha, junto al Subsecretario Martín Mackenna Rueda y el nuevo Secretario Ejecutivo de Conaset, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Alberto Escobar.

Como Fundación Emilia, organización integrante de este COSOC, participamos activamente en esta instancia, siendo representados por Carolina Figueroa Cerna, en su calidad de Presidenta, reafirmando nuestro compromiso con la incidencia en políticas públicas en materia de seguridad vial.

La instancia tuvo como objetivo principal generar un primer espacio de diálogo entre la nueva autoridad y la sociedad civil organizada, así como presentar los principales temas de interés priorizados por el COSOC para el período 2026. En este contexto, se expuso una tabla de trabajo con los objetivos prioritarios definidos por el Consejo, abordando materias estructurales en seguridad vial y transporte.

En materia de seguridad vial, se destacó que la implementación de la Ley CATI es una prioridad compartida. Desde el Ministerio se indicó que el tercer reglamento se encuentra actualmente en Contraloría, y que se espera avanzar en su implementación a la brevedad, en línea con un objetivo común: salvar vidas. Asimismo, se informó que próximamente se dará a conocer el plan operacional del sistema, y que se solicitará la colaboración de la sociedad civil en su difusión, poniendo énfasis en un propósito compartido vinculado a la Visión Cero de reducción de víctimas.

En relación con la electromovilidad, el Ministro señaló que esta es una política que “llegó para quedarse”, destacando que el principal desafío de la transición energética está asociado a la infraestructura de carga. Asimismo, se relevó que estos avances deben abordarse considerando las realidades territoriales, lo que obliga a avanzar bajo un principio de realidad y gradualidad.

Respecto de las aplicaciones de transporte y la implementación de la Ley EAT, se indicó que se realizarán ajustes al reglamento vigente. Estas modificaciones no estarían centradas en aspectos de seguridad vial, sino en componentes técnicos como cilindrada, antigüedad y características de los vehículos. El objetivo, según se señaló, es perfeccionar el reglamento para avanzar en su implementación.

En materia de transporte público regional, la autoridad reconoció que se trata de una problemática persistente y una tarea pendiente en términos de equidad territorial y acceso al transporte público, lo que coincide con los planteamientos realizados desde el COSOC.

Durante la reunión también se abordaron iniciativas legislativas relevantes, como el proyecto de Homicidio Vial, impulsado desde la sociedad civil, que busca reconocer que muchas muertes en el tránsito no son hechos fortuitos, sino evitables y, por tanto, deben tener un tratamiento penal acorde a su gravedad. Asimismo, se revisaron los principales lineamientos de la propuesta de Ley de Movilidad.

En síntesis, se trató de una reunión que cumplió su objetivo de generar un primer acercamiento entre la autoridad y la sociedad civil. Desde Fundación Emilia, valoramos este espacio y esperamos que se consolide un clima de trabajo conjunto, que permita avanzar desde una participación meramente consultiva hacia una incidencia real en la construcción de políticas públicas en transporte y seguridad vial.

Martes 17 de Marzo de 2026:- Desde el Área de Atención a Víctimas de Fundación Emilia, Paola Mondaca reflexiona sobre las consecuencias sociales y emocionales que enfrentan las personas afectadas por siniestros viales y la importancia de fortalecer los sistemas de apoyo y acompañamiento.

«Hablar de siniestros viales suele remitirnos a cifras, estadísticas y titulares que se repiten con dolorosa frecuencia. Sin embargo, detrás de cada número hay una historia que no termina cuando se apagan las sirenas o se cierra una carpeta investigativa. Para las víctimas y sus familias, muchas veces el verdadero impacto comienza después: cuando enfrentan el duelo, la incertidumbre, los trámites y un sistema que no siempre logra responder de manera oportuna ni integral.

Desde el Área de Atención a Víctimas de Fundación Emilia somos testigos cotidianos de esa realidad. Personas que llegan buscando orientación, contención o simplemente ser escuchadas; madres, padres, hijas e hijos que, tras un hecho vial grave o fatal, deben reorganizar su vida sin contar siempre con las herramientas, redes o información necesarias para hacerlo. En muchos casos, el daño no es solo físico o emocional: también es social, económico y familiar.

Acompañar a una víctima no significa únicamente entregar información legal o derivar a una atención psicológica. Implica reconocer su experiencia, validar su proceso y ofrecer orientación en un camino que suele ser largo y complejo. También supone explicar con claridad procedimientos institucionales que muchas veces resultan confusos, orientar frente a organismos que no siempre dialogan entre sí y sostener emocionalmente cuando el cansancio, la rabia o la frustración aparecen.

El trabajo con víctimas de siniestros viales también nos enfrenta a las brechas del sistema. Muchas necesidades quedan fuera de los marcos formales de atención: apoyo social inmediato, orientación municipal, ayudas económicas o acompañamiento comunitario. Por ello, el trabajo en red resulta fundamental. Municipios, DIDECO, centros de atención a víctimas, servicios de salud, sistema de justicia y organizaciones de la sociedad civil deben articularse para que la respuesta no dependa únicamente de la capacidad individual de cada persona afectada para acceder a ayuda.

Como sociedad, aún nos cuesta comprender que la seguridad vial no termina en la prevención ni en la sanción. También se expresa en la reparación, en el acompañamiento digno y en el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos. Cada vez que una persona afectada por un siniestro vial queda sola frente a un sistema fragmentado, estamos fallando colectivamente.

Visibilizar el trabajo de atención a víctimas no busca generar lástima ni sensacionalismo. Busca generar conciencia. Porque acompañar, orientar y sostener también forma parte de la construcción de una sociedad que protege la vida. Y porque ningún proceso de justicia ni de reparación es posible si no ponemos a las personas —y su dignidad— en el centro.»

Columna de Paola Mondaca Concha

Asistente Social – Área de Atención a Víctimas

Fundación Emilia

Lunes 16 de Marzo 2026:-  La presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, publicó en el portal de opinión de Radio Cooperativa la columna “Seguridad vial en Chile: radiografía legislativa para el nuevo ciclo político”, donde revisa los principales avances y desafíos de la agenda legislativa en materia de movilidad segura.

En el texto se analiza cómo, durante los últimos años, se han impulsado diversas reformas legales vinculadas a la seguridad vial, entre ellas la regulación de carreras clandestinas, la creación del sistema automatizado de control de infracciones (CATI) y la reciente Ley Jacinta. Sin embargo, la columna advierte que el desafío no es solo aprobar nuevas leyes, sino lograr su implementación efectiva y avanzar hacia una política pública sostenida en el tiempo.

Asimismo, la reflexión aborda el rol de la sociedad civil en la instalación del tema en la agenda pública y plantea la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, la fiscalización y la prevención para reducir muertes y lesiones graves en el tránsito.

La seguridad vial es hoy un desafío estructural para el país, que requiere continuidad en las políticas públicas y una mirada integral que articule legislación, educación, infraestructura y cultura vial.

📖 Lee la columna completa aquí:

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/transportes/seguridad-vial-en-chile-radiografia-legislativa-para-el-nuevo-ciclo/2026-03-16/070709.html

Martes 10 de marzo:- La presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, participó recientemente en el programa panameño Movilidad en Directo, donde conversó sobre los avances que ha desarrollado Chile en materia de movilidad segura, legislación vial y protección de víctimas de siniestros viales.

Durante la conversación se destacó el rol que ha tenido la sociedad civil en la promoción de cambios legislativos y culturales orientados a mejorar la seguridad en las vías y fortalecer la protección de las víctimas.

En ese contexto, Figueroa explicó algunas de las transformaciones que ha experimentado Chile en la última década en materia de seguridad vial, entre ellas el desarrollo de nuevas normas, mejoras en los mecanismos de reparación para las víctimas y un mayor reconocimiento de la violencia vial como un problema público.

Uno de los ejemplos mencionados fue la Ley Jacinta, normativa reciente que incorpora distintas medidas orientadas a fortalecer la protección de las víctimas de siniestros viales, mejorar los criterios para la obtención de licencias de conducir y establecer nuevas garantías para las familias afectadas.

Entre sus principales avances, la ley aumenta la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), establece plazos de pago para las aseguradoras, incorpora nuevos criterios de salud para la obtención de licencias de conducir, regula el transporte de niños en motocicleta y establece protección laboral para madres y padres que pierden a un hijo.

Restauración para las víctimas

Durante la entrevista, Figueroa explicó que uno de los aspectos centrales de la ley es fortalecer la restauración social de las familias afectadas por siniestros viales.

Antes de la nueva normativa, el seguro obligatorio contemplaba una cobertura aproximada de 300 UF. Con la entrada en vigor de la Ley Jacinta, este monto se duplica a 600 UF, lo que busca apoyar a las familias en los gastos inmediatos asociados a un fallecimiento o a los procesos de recuperación tras lesiones graves.

“Muchas veces las familias enfrentan gastos urgentes y procesos muy complejos tras un siniestro vial. Esta ley busca entregar una respuesta más rápida y digna”, explicó Figueroa durante el programa.

El rol de la sociedad civil en la seguridad vial

Durante la conversación también se abordó el trabajo que realiza Fundación Emilia desde su creación en 2014, tras la muerte de Emilia Silva Figueroa, hija de Carolina Figueroa, quien falleció a causa de un conductor en estado de ebriedad.

A partir de ese hecho se impulsó la Ley Emilia, que tipificó como delito los siniestros viales provocados por conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, además de sancionar la fuga del conductor.

Desde entonces, la fundación ha trabajado en educación, prevención y apoyo a víctimas, promoviendo cambios culturales y legislativos orientados a avanzar hacia una movilidad más segura.

Un desafío regional

En el diálogo también se destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre países de América Latina en materia de seguridad vial. Figueroa señaló que uno de los desafíos pendientes es avanzar hacia estándares comunes, especialmente en materia de justicia para las víctimas y prevención de conductas de riesgo.

“Todavía en muchos países los siniestros viales se entienden como accidentes o mala suerte. Sin embargo, cuando hay conductas como exceso de velocidad, consumo de alcohol o uso del celular al conducir, estamos frente a decisiones que tienen consecuencias graves y que deben ser tratadas como delitos”, señaló.

La participación en este espacio internacional permitió visibilizar la experiencia chilena y promover el intercambio de aprendizajes entre países, con el objetivo común de reducir las muertes y lesiones graves en las vías.

Los invitamos a ver la entrevista en el siguiente Link

Lunes 9 de Marzo 2026:- La transición hacia la electromovilidad suele presentarse como el triunfo definitivo de la técnica sobre la crisis climática. Se habla de la reducción de emisiones de CO₂, de la eficiencia de las baterías y de la autonomía de los motores silenciosos. Sin embargo, esta transformación tecnológica corre el riesgo de ser incompleta, o incluso peligrosa, si no se acompaña de una mirada desde las ciencias sociales capaz de comprender cómo las personas habitan, interpretan y comparten el espacio público. En ese sentido, la educación ciudadana vial —presente en todos los espacios educativos: jardines, escuelas, institutos, universidades y empresas— debe evolucionar y avanzar al mismo ritmo que la ingeniería.

Este debate no ocurre en el vacío. Actualmente el país se encuentra en el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, impulsado por el Ministerio de Energía. En ese proceso participó Fundación Emilia, representada por el académico Benjamín Silva, particularmente en los ejes de coordinación interinstitucional y economía circular de la electromovilidad, aportando una mirada desde las ciencias sociales que busca integrar la educación ciudadana vial, la convivencia en el espacio público y la cultura de la movilidad como elementos centrales de esta transición. Desde Fundación Emilia compartimos esa mirada, que inspira también las reflexiones planteadas en esta columna.

Desde las ciencias sociales sabemos que las tecnologías no transforman por sí solas las prácticas sociales. Son las normas culturales, los hábitos cotidianos y las formas de convivencia las que determinan cómo una innovación se integra realmente en la vida colectiva. En el caso de la movilidad, esto es especialmente evidente: cambiar el tipo de motor no necesariamente cambia la forma en que las personas se relacionan en la vía.

La llegada del vehículo eléctrico no solo cambia lo que hay bajo el capó; altera profundamente la dinámica de convivencia en el espacio público.

El silencio de los motores eléctricos, una de sus mayores virtudes ambientales, representa un desafío inédito para la seguridad pública vial. En nuestra cultura urbana, el oído ha sido históricamente un sentido de alerta para peatones, ciclistas y personas con discapacidad visual. Una educación ciudadana integral hoy debe enseñar a “reaprender” la calle: los conductores de vehículos eléctricos deben extremar su conciencia sobre su presencia casi imperceptible, mientras que los peatones deben fortalecer una cultura de autocuidado basada en la vista y no solo en el sonido. Aquí, la seguridad no depende de un sensor, sino de la empatía y la atención plena de quienes comparten la vía.

Por otro lado, la electromovilidad democratiza nuevas formas de desplazamiento, como los scooters y bicicletas eléctricas, que a menudo operan en un vacío legal o educativo. El núcleo del problema persiste: seguimos viendo estas tecnologías como dispositivos aislados, cuando en realidad forman parte de un sistema social de movilidad donde normas culturales, percepciones de riesgo y prácticas cotidianas son tan determinantes como la tecnología misma. Una seguridad vial efectiva en la era eléctrica nace de entender que la mayor potencia de aceleración de estos vehículos exige una mayor cuota de autorregulación y ética. No se trata de cuántos kilómetros rinde una carga, sino de cómo esa energía se desplaza respetando la integridad del más vulnerable.

Finalmente, el éxito de la electromovilidad no debe medirse solo en ventas de unidades, sino en la reducción de la siniestralidad y el aumento de la armonía social. Es imperativo que las estrategias de movilidad sostenible posicionen a la educación ciudadana como el software que hace funcionar el hardware tecnológico.

Si la transición eléctrica no incorpora la educación ciudadana vial y la convivencia en el espacio público, no estaremos frente a una transformación de la movilidad, sino simplemente ante un cambio de motor.

Martes 3 de marzo de 2026:- En la sesión de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carolina Figueroa, en su calidad de presidenta de Fundación Emilia, expuso las observaciones de la Fundación al Boletín N° 17.561-15, iniciativa que fue aprobada en general y continuará su tramitación en etapa de discusión particular.

El proyecto —impulsado a partir del caso de Úrsula— busca abordar la respuesta del sistema penal frente a la conducción en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas con resultado de muerte o lesiones gravísimas. Desde Fundación Emilia, la intervención se centró en aportar una mirada complementaria a la discusión legislativa: cómo estas normas operan en la práctica, a partir del análisis de resultados de causas penales reales y del impacto institucional que pueden tener ciertos diseños normativos sobre los tiempos del proceso y la experiencia de las víctimas.

Enfoque de Fundación Emilia

Durante la exposición, Fundación Emilia recalcó la importancia de distinguir entre:

• Medidas cautelares (como la prisión preventiva), que cumplen fines procesales y no equivalen a condena; y

• La sanción penal y su ejecución, que es donde se expresa la gravedad del delito y la proporcionalidad de la respuesta estatal.

Asimismo, se advirtió que las soluciones basadas en automatismos pueden trasladar el debate a controversias constitucionales, con el riesgo de prolongar la tramitación de causas y generar victimización secundaria en familias que buscan verdad, justicia y reparación.

Documento de observaciones

Fundación Emilia dejó entregado a la Comisión un informe de observaciones, con propuestas orientadas a perfeccionar la discusión en particular y avanzar hacia una solución legislativa coherente, proporcional y eficaz, poniendo el foco en la justicia material para las víctimas y en el fortalecimiento del sistema.

El documento presentado por Fundación Emilia se encuentra disponible para lectura y descarga en esta publicación: Observaciones al Boletín N° 17.561-15

Fundación Emilia agradece el espacio de deliberación y reitera su disposición a seguir contribuyendo técnicamente al debate legislativo, con una mirada centrada en las víctimas y en la construcción de una cultura vial responsable.

El viernes 13 de febrero, Fundación Emilia Silva Figueroa, representada por Benjamín Silva, participó en la jornada de trabajo dedicada al eje Coordinación interinstitucional, una de las instancias del proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad.

En este espacio, convocado para fortalecer los vínculos entre actores de distintos sectores, se discutieron formas de mejorar la articulación entre instituciones públicas, empresas privadas, centros académicos y organizaciones comunitarias. La conversación giró en torno a cómo establecer mecanismos de colaboración más estables y efectivos, capaces de sostener una política de electromovilidad que sea coherente, integradora y con impacto real en los territorios.

Como parte de este proceso, se informó que existirán instancias permanentes de seguimiento y articulación, incluyendo una reunión online mensual y una reunión semestral anual, que permitirán mantener un flujo constante de diálogo, evaluación y coordinación entre los distintos actores involucrados.

Durante la sesión, la Fundación destacó que la participación de la sociedad civil no solo complementa el trabajo técnico, sino que contribuye con una perspectiva situada, cercana a las experiencias cotidianas de las comunidades. Esta mirada permite enriquecer el diseño de políticas intersectoriales, asegurando que los procesos de transición en movilidad incorporen criterios de equidad, accesibilidad y pertinencia local.

Agradecemos la invitación a ser parte de esta etapa del proceso y reafirmamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo desde la sociedad civil organizada, promoviendo una movilidad más segura, sostenible y orientada al bienestar de las personas.

El lunes 9 de febrero, Fundación Emilia Silva Figueroa, representada por Benjamín Silva, participó activamente en la jornada de trabajo correspondiente al eje Economía Circular de la Electromovilidad, instancia convocada como parte del proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad.

La sesión reunió a representantes del sector público, privado, la academia y organizaciones de la sociedad civil. A través de un trabajo colaborativo, se identificaron avances, barreras y oportunidades concretas de colaboración en torno a la gestión sustentable de baterías, residuos tecnológicos y procesos de recirculación de materiales críticos.

Durante la jornada, Fundación Emilia recalcó la importancia de dar a conocer a las comunidades los beneficios reales de las políticas públicas, especialmente aquellas vinculadas a procesos de transición energética. En este sentido, se enfatizó la urgencia de considerar la dimensión ciudadana y territorial en el diseño e implementación de estas estrategias, promoviendo una electromovilidad que no solo sea tecnológica, sino también socialmente justa.

La participación en este espacio refuerza el compromiso de la Fundación con una movilidad segura, sostenible e inclusiva, donde las decisiones técnicas dialoguen con las necesidades reales de las personas y los territorios.

Las siguientes sesiones del proceso abordarán temáticas como:

• Transporte pesado carretero y maquinaria fuera de ruta (martes 10/02)
• Movilidad náutica (miércoles 11/02)
• Infraestructura de carga (jueves 12/02)
• Coordinación interinstitucional (viernes 13/02)

Agradecemos la invitación a ser parte de este proceso participativo y seguiremos aportando con nuestra mirada desde la sociedad civil.

La iniciativa busca reforzar el uso correcto de sistemas de retención infantil y promover una cultura vial de cuidado en uno de los periodos con mayor riesgo de siniestros de tránsito.

Santiago, 06 de febrero de 2026.- En el inicio de la temporada estival, Fundación Emilia y Toyota Chile lanzaron la campaña “No hay viajes cortos cuando se trata de proteger una vida”, una iniciativa de educación y sensibilización orientada a fortalecer la seguridad infantil en los traslados, especialmente durante los meses de vacaciones, cuando aumenta la circulación vehicular y los viajes familiares.

El verano concentra algunas de las cifras más preocupantes de siniestralidad vial en el país. Entre 2016 y 2025, los meses de diciembre a febrero acumularon 4.221 personas fallecidas y más de 10.600 lesionados graves, según Fundación Emilia en base a registros de Transparencia ProActiva de Carabineros de Chile. Dentro de este escenario, niñas, niños y adolescentes continúan siendo uno de los grupos más vulnerables: el 4% de las víctimas fatales estivales han sido menores de 14 años, lo que equivale a 170 fallecidos y 1.356 lesionados graves.

Una parte relevante de estos casos ocurre en contextos prevenibles, como pasajeros sin sistemas de retención infantil adecuados, peatones atropellados o ciclistas sin condiciones de seguridad. En ese sentido, cifras de Carabineros indican que hasta octubre de 2025 se cursaron más de 4.600 infracciones por no portar Sistema de Retención Infantil (SRI), y que solo el 35% de los niños y niñas viaja con su silla correctamente instalada.

“Hablar de niñas y niños fallecidos en siniestros viales no puede normalizarse. Cada pérdida representa una falla social que debemos corregir. Esta campaña busca generar conciencia y acción para proteger la vida más valiosa que tenemos y avanzar hacia una cultura de cuidado”, señaló la Presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa Cerna.

En línea con este llamado, Toyota Chile se suma a la iniciativa como parte de su compromiso de largo plazo con la seguridad vial, promoviendo una movilidad que ponga a las personas (y especialmente a la infancia) en el centro de la toma de decisiones.

“En Toyota estamos comprometidos con ir más allá de los estándares tradicionales de seguridad. A través de nuestra estrategia Beyond Zero, buscamos avanzar hacia una movilidad que no solo reduzca emisiones, sino que también proteja la vida de las personas. Iniciativas como esta campaña refuerzan nuestro compromiso con una cultura vial más segura, especialmente cuando se trata de niñas y niños”, señaló el Gerente Asuntos Corporativos & ESG de Toyota Chile, Claudio Isgut.

La campaña cuenta además con la participación de Francisca Mardones, atleta paralímpica chilena, medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y embajadora de Toyota Chile, quien refuerza el mensaje sobre la importancia del uso correcto de las sillas infantiles. “Aprender a instalar bien la silla es vital, porque un pequeño error puede anular toda la protección”, destaca en uno de los registros de la iniciativa.

Puedes revisar la campaña en este link de Instagram

Durante la jornada de hoy, Fundación Emilia asistió al Taller de Formulación de Proyectos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en donde se entregaron los conocimientos necesarios para la correcta formulación de proyectos sociales y los mecanismos de postulación.

En representación de Fundación Emilia asistieron Javiera Vitar, psicóloga social y coordinadora del área de educación de la Fundación, y Juan Ojeda, profesional de apoyo en políticas públicas.

¿Cómo construir de proyectos sociales?

A lo largo del taller de capacitación se entregó información sobre los pasos que tiene la formulación de proyectos sociales, destacando la necesidad de realizar evaluaciones sobre las problemáticas que afectan a una población específica, identificando sus causas y efectos, lo que es esencial para definir los objetivos, metas y metodologías; una descripción de las actividades a realizar y cuáles son los  resultados esperados luego de la implementación del programa social, de forma similar al proceso de formulación de políticas públicas.

También es necesario realizar una evaluación sobre la población objetivo del programa social, utilizando fuentes primarias y secundarias, como pueden ser las entrevistas, los focus groups y los datos recopilados por las municipalidades y los ministerios, con el fin de visualizar a los actores involucrados en la problemática. Esto permitirá la formulación de objetivos más eficientes en consideración con las necesidades de la población objetiva, por lo que es crucial realizar estos estudios con enfoque de género y de necesidades, para asegurar que los resultados sean adecuados a las diferencias que existen entre hombres, mujeres y disidencias a lo largo de la construcción e implementación del proyecto social.

Junto a lo anterior, se deben establecer los criterios de selección de la población objetiva, definiendo a quienes beneficiará el proyecto, lo cual se hace en base a la información obtenida a través de instrumentos de selección, como es el Registro Social de Hogares (RSH), el índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) y el tramo de FONASA. El objetivo es definir con la mayor cantidad de detalles a las personas que serán incluidas en la población objetivo.

Medición de Resultados

La medición de resultados se realiza mediante la definición de metas específicas, las cuales deben ser cuantificadas a través de un logro a alcanzar al momento de finalizar la implementación del proyecto social. Para una correcta medición del éxito del proyecto, es necesario establecer medios de verificación acordes a los resultados esperados y deben estar relacionados a los objetivos específicos del proyecto. Un ejemplo de ello, puede ser la medición a través de una evaluación inicial y una final que permita medir el nivel de impacto y éxito de la implementación de un objetivo específico.

La importancia de la cohesión social

La cohesión social busca fomentar, por una parte, la capacidad de las organizaciones de trabajar junto a otras instituciones dentro de un territorio especifico; por otra parte, busca que la población objetiva se transforme en un agente activo en la solución del problema identificado, siendo parte activa durante todas las etapas del proyecto social.

Desde Fundación Emilia, agradecemos al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por la creación de estos espacios de capacitación, pues son una gran herramienta para fomentar los procesos de formulación de proyectos sociales de calidad y duraderos, que permita potenciar la seguridad y la dignidad de las personas.