Lunes 29 de Junio:- Tras su participación en la agenda internacional desarrollada en Madrid, organizada por la Federación Iberoamericana de Víctimas de la Violencia Vial (FICVI), nuestra presidenta Carolina Figueroa Cerna comparte una reflexión sobre el lugar de las víctimas en la construcción de políticas públicas de seguridad vial.
Durante estas jornadas, Carolina participó en distintas instancias vinculadas a seguridad vial, educación ciudadana vial, cooperación regional, justicia vial e incidencia pública. Entre ellas, el seminario internacional LEARN!’s Latin American Traffic Education Seminar, la Jornada de Liderazgo, Gobernanza y Cooperación Regional junto a DGTy OISEVI, la Asamblea de FICVI en el Senado de España, el Taller de Ideación Colaborativa con asociaciones de víctimas y el Acto Central Conjunto de DGT, OISEVI, FICVI y SEGIB, que culminó con la lectura y adopción de la Declaración “Hacia un Espacio Iberoamericano de Seguridad Vial”.
Más allá de la relevancia de cada una de estas actividades, la agenda dejó una reflexión profunda: todavía existe una deuda pendiente en la forma en que las instituciones y los sistemas de decisión pública miran a las víctimas. Muchas veces se reconoce su capacidad de sensibilizar, de conmover y de recordar el daño producido por los siniestros viales. Sin embargo, aún falta avanzar hacia un reconocimiento más completo: las víctimas y sus organizaciones también producen conocimiento, elaboran diagnósticos, acompañan consecuencias, identifican fallas institucionales y proponen caminos de transformación.
Las asociaciones de víctimas suelen ocupar un lugar incómodo en la discusión pública. Recuerdan aquello que pudo prevenirse, interpelan a los sistemas que fallaron y exigen que la seguridad vial sea tratada como una prioridad pública, no como un tema secundario o exclusivamente técnico. Esa incomodidad, lejos de ser un obstáculo, debe ser entendida como una contribución necesaria para mejorar las políticas públicas.
En seguridad vial se habla con frecuencia de responsabilidad. Pero también es necesario hablar de corresponsabilidad. No todos los actores tienen la misma capacidad de acción ni el mismo poder de decisión. El Estado, las instituciones públicas, las empresas, los organismos internacionales, la sociedad civil y quienes diseñan normas, presupuestos y programas deben asumir su parte en la prevención de la violencia vial y en la protección de la vida.
Una asociación de víctimas puede ser el corazón de una política pública, porque conoce el daño desde sus consecuencias más concretas y, al mismo tiempo, transforma esa experiencia en prevención, educación, acompañamiento e incidencia. Pero para que esa misión pueda sostenerse, no basta con abrir espacios simbólicos de escucha. Se requieren mecanismos reales de participación, reconocimiento institucional e inversión concreta.
Por eso, Carolina valora profundamente los espacios impulsados en Madrid por FICVI, Fundación MAPFRE, la Dirección General de Tráfico de España, OISEVI, RACE y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Estas instancias muestran que es posible avanzar hacia una seguridad vial construida con las víctimas, y no solo sobre las víctimas. También evidencian la importancia de contar con apoyos concretos para que las organizaciones puedan participar, proponer y sostener una voz colectiva en los espacios donde se discuten las decisiones públicas.
La presentación del libro “Recobrar la esperanza” fue especialmente significativa en este contexto. Recuperar la esperanza no significa olvidar el dolor ni suavizar la gravedad de la violencia vial. Significa transformar esa experiencia en acción colectiva, en políticas públicas, en educación, en justicia y en prevención.
Desde Fundación Emilia, esta reflexión refuerza nuestro compromiso con una seguridad vial centrada en la vida, la dignidad de las víctimas y la corresponsabilidad de todos los actores. Las víctimas no están solo para conmover. Están también para transformar.
Porque una política pública que no escucha a las víctimas queda incompleta. Y porque la vida debe estar en el centro de las decisiones públicas.