Infancias truncadas: una década de tragedias viales que aún no enfrenta el país

Viernes 30 de Mayo de 2025:-

📍 Por Edith González Miranda

Estudiante en práctica de Psicología – Universidad Andrés Bello

Voluntaria en Fundación Emilia

En los últimos diez años, 925 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años han perdido la vida en siniestros viales en Chile. Esta cifra no representa solo una estadística: son vidas interrumpidas antes de tiempo, familias marcadas por el dolor y una deuda ética que como sociedad aún no hemos saldado. Cada una de esas muertes es una historia que no se terminó de escribir.

Al observar las edades de las víctimas, el panorama se vuelve aún más alarmante. Los grupos más afectados están en los extremos del ciclo vital infantil: por un lado, los más pequeños, con menos herramientas para protegerse; por otro, los adolescentes que comienzan a desplazarse de forma independiente. El grupo de 15 a 17 años concentra 308 muertes, lo que representa un 33,3% del total. Le sigue muy de cerca el grupo de 0 a 5 años, con 297 fallecimientos, equivalentes al 32,1%. En promedio, cada año mueren 93 niños, niñas o adolescentes en las calles del país.

En términos territoriales, la Región Metropolitana encabeza la lista con 270 menores fallecidos, seguida por Valparaíso (80), Biobío (78), Maule (76), O’Higgins (75) y La Araucanía (75). Estas seis regiones concentran más del 70% de las muertes infantiles y juveniles en el tránsito.

Sin embargo, al analizar las cifras en proporción a la población infantil, otras regiones aparecen como especialmente críticas. En La Araucanía, por ejemplo, fallecieron 61 menores de 14 años pese a su menor densidad poblacional. Lo mismo ocurre en Maule (49) y Biobío (48), donde las tasas de mortalidad infantil por siniestros viales son hasta diez veces superiores a las registradas en regiones como Magallanes u O’Higgins. Esto demuestra que vivir en zonas rurales o intermedias incrementa significativamente el riesgo vial, debido a la falta de infraestructura segura, transporte adecuado y espacios públicos pensados para la infancia.

Los meses de verano concentran la mayor cantidad de fallecimientos: enero registra 113 casos (12,2%), febrero 94 (10,2%) y julio 84 (9,1%). Esta estacionalidad coincide con las vacaciones escolares, el aumento de viajes familiares y una relajación generalizada en los controles y medidas preventivas. La ausencia de campañas educativas sostenidas y fiscalización en estos periodos representa una deuda estructural del Estado.

Entre 2015 y 2024, un total de 4.387 niños y niñas entre 0 y 14 años sufrieron lesiones graves o gravísimas en siniestros de tránsito. De ellos, el 57,4% fueron niños y el 42,6% niñas. Estas cifras representan una parte importante del total de 6.404 personas gravemente lesionadas en el mismo periodo. Las principales causas identificadas por Carabineros fueron la conducción no atenta (22,9%) y la imprudencia del peatón (16,4%). Estas cifras evidencian no solo fallas individuales, sino una falla sistémica: entornos viales inseguros, falta de control y escasa educación vial desde la infancia.

A pesar de que en los años 2020 y 2021 hubo una baja en los siniestros debido a las restricciones de movilidad por la pandemia, en 2023 y 2024 las cifras comenzaron a aumentar nuevamente. El año pasado fallecieron 87 niños, niñas y adolescentes, lo que representa un aumento del 16% respecto al año anterior y nos sitúa nuevamente en niveles similares a los registrados en 2019 y 2020.

Esta realidad no es casual ni inevitable: es el reflejo de una cultura vial centrada en el vehículo, en la velocidad y en la eficiencia por sobre el cuidado de la vida. Es también el resultado de una institucionalidad que responde de forma reactiva y que sigue sin integrar la seguridad vial como una prioridad en las políticas públicas.

Desde Fundación Emilia advertimos que la violencia vial contra la infancia no es un problema técnico, sino político. Exigimos que el Estado asuma la seguridad vial infantil y juvenil como un tema prioritario, con un enfoque de derechos humanos, justicia territorial e interseccionalidad. Ninguna estrategia de movilidad puede considerarse verdaderamente humana si excluye o pone en riesgo a quienes tienen menos capacidad para decidir por dónde y cómo se mueven.

Porque cada número en esta tragedia tiene nombre, historia y un futuro que no alcanzó a ser vivido.


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