Author Archives: Fundación Emilia

Cuando la revictimización impide el duelo

Familiares cumplen un mes sin respuesta tras reclamar irregularidades y amedrentamiento de la Fiscalía

Fundación Emilia asistió a una audiencia con el Fiscal Nacional y la Gerenta de Víctimas, quienes comprometieron la revisión de la tramitación de la causa y los malos tratos dados en el proceso a la pareja y padres de Ignacio Puelles Cortés, quien perdió la vida tras un violento impacto provocado por un conductor en estado de ebriedad.

El 27 de mayo de 2017 falleció Ignacio Cortés Puelles, quien retornaba a su hogar junto a su pareja luego de una cena familiar. Transitaban por Autopista Vespucio Norte cuando fueron colisionados por atrás por un vehículo deportivo conducido por el imputado de iniciales R.I.L.M., quien conducía a 142 km/hr y de acuerdo a declaraciones de testigos, tras el impacto huyó del lugar escondiéndose tras un árbol. Al ser detenido por personal policial, se le practicó el examen respiratorio, marcando 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre. Paulina, quien conducía el automóvil impactado, resultó con lesiones graves, calificadas como policontusión y traumatismo encéfalo craneano.

Los antecedentes ingresaron a la Fiscalía Regional Centro Norte y se formalizó al conductor del vehículo deportivo por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, como también por el delito de fuga. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, sin embargo el tribunal dispuso la medida cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y retención de la licencia de conducir. Semanas después, la familia de Ignacio se hizo parte querellante de la causa y requirió a la fiscalia diversas diligencias. Sin embargo, los problemas comenzaron en el proceso de atención. La actitud del fiscal asignado a la investigación y la mala recepción de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos sorprendió a la familia. En una reunión, el fiscal aludió a que Paulina conducía con las luces traseras apagadas, exhibiendo imágenes borrosas, sugiriendo que la familia se desistiera de la querella por tratarse de causas que por norma general terminaban en juicios abreviados, es decir, sin buscar las máximas penalidades establecidas en la Ley Emilia. Entonces se presentaran los primeros reclamos ante la Fiscalía Nacional. Esa acción sólo complicó las cosas. En ese momento nadie podía imaginar que en un siniestro de estas características la imputada por la muerte de Ignacio podría ser su propia pareja y acompañante.

Pues bien, en una decisión que no se logra comprender, el fiscal decidió formalizar a Paulina, por considerar “que ha tenido participación como autora ejecutora del cuasidelito de homicidio previsto y sancionado por el Art. 490 Nº 1 y 492 del C.P. en relación a infracciones a los Arts. 72, 75 inciso 2º y 200 Num. º5 de la ley 18.290”. Lo anterior, pese a que los informes de la SIAT de Carabineros establecieron que la causa basal del siniestro “por alcance” era la conducción en estado de ebriedad y el exceso de velocidad del imputado. Ese día cambio la vida de Paulina y la de los padres de Ignacio, quienes no solo se enfrentaron a la pérdida de su hijo, sino a la indolencia de un sistema que los revictimizó. En definitiva, se logró concluir la acción penal seguida por la Fiscalía contra Paulina mediante un acuerdo reparatorio en que se le exigieron disculpas públicas.

Desde mediados del año pasado la familia de Ignacio junto a Fundación Emilia han golpeado todas las puertas para que alguien escuche y explique el actuar del fiscal Rodrigo Tala, enviando desde enero cartas a la Fiscalia Regional Centro Norte y la Fiscalía Nacional. El pasado 16 de abril el Fiscal Nacional Jorge Abbott y Patricia Muñoz García, Gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos (actual Defensora de la Niñez), recibieron formalmente los antecedentes el 16 de Abril del presente año, comprometiendo una respuesta a más tardar el lunes 23 de abril, situación que hasta hoy no se resuelve.

Días más tarde el Fiscal Nacional Jorge Abott en las palabras iniciales de su comentado discurso con oportunidad de la cuenta pública institucional sostuvo que “La justicia es un bien que anhelamos todos, es demandada por la comunidad y,

particularmente, por quienes han sido víctimas de delitos, de violencia o de vulneraciones debido a la falta de un adecuado resguardo de sus derechos, por parte de quienes están principalmente llamados a otorgárselos, esto es el Estado y su estructura pública”.

Como Fundación Emilia consideramos que los padres de Ignacio merecen una respuesta, porque las víctimas no deben pasar por procesos de revictimización provocados por el Estado. Junto a los familiares de la víctima, hemos planteando formalmente a las autoridades institucionales las irregularidades en la causa. Ante la falta de respuesta que sólo acreciente la sensación de desprotección y abandono, es que emplazamos al Ministerio Público a investigar con celeridad y responder a los hechos presentados por la familia y nuestra institución.

El Sábado 14 de Abril en una entrevista publicada en Economía y Negocios de El Mercurio el presidente del Tribunal Constitucional hacía una síntesis de la cuenta anual del organismo, destacando el aumento de los ingresos de causas al TC y su rol como garante de la labor legislativa.

Junto a esto mencionaba la urgencia de resolver a la brevedad los nombramientos pendientes de los nuevos ministros, para así mantener la “marcha regular de esta magistratura” y responder al alto número de ingresos, que resultó ser explosivo el año 2017 con 930 requerimientos de inaplicabilidad contitucional, dentro de los cuales la mayoría serían por la Ley de Armas y Ley Emilia.

Este dato nos resulta paradójico, ya que según la página de la institución y los detalles de ingreso, las causas ingresadas por Ley Emilia entre el año 2015 y 2017 se desglosaron en 2 el 2015 (1,07%); 5 el 2016 (1,4%) y 50 el 2017 (5,37%) , cifras que representaron un porcentaje menor dentro del total de las causas ingresadas.

Estos ingresos han afectado directamente a familias de víctimas de delitos viales que deben ver como los “requerimientos de inaplicabilidad constitucional” de una ley que fue aprobada por el Congreso y que paso el trámite de control de constitucionalidad en su momento, es objetada por la “intepretación” que realizan diez Magistrados que deciden materias tan variadas como la causa presentada por la “Organización Europea para la Investigación Astronómica para el Hemisferio Austral” (Rol 4399-18), pasando por autos de juicios de arrendamiento, requerimientos de Casinos de Juegos (Rol 4456-18), cobranzas laborales y previsonales, y la reiterados ingresos por el art. 1 de la ley Nº 18.216 art. 17B.

Creo que la pregunta que debemos hacer frente a estos registros es ¿Debe el TC decidir sobre todas estas materias? Más aún considerando que muchas de ellas son dirimidas en los Tribunales y Juzgados pertinentes. El explosivo número de ingreso de causas debe responder a un análisis más profundo de quienes acuden al TC, problemática abierta al debate.

Concluimos agradeciendo la gestión realizada en su momento por el Ministro Carlos Carmona, quién nos recibió en audiencia pública y fue el voto de minoría en la defensa de la Ley Emilia en su primera causa argumentando que “la sociedad en su conjunto, por medio de los canales institucionales parlamentarios y judiciales respectivos, tiene derecho a ejercer el ius puniendi de modo tal que se priorice el efecto retributivo, que no es otra cosa que la reafirmación enfática y vigorosa de los valores fundamentales transgredidos […] En este punto, no existe una respuesta única, petrificada […] el Estado puede, mediante la reacción penal institucionaliza priorizar o anteponer el efecto retributivo en la pena, particularmente cuando se trata de la lesa trangresión a los valores mas caros para la convivecia socialemente organizada”.

Las intrepetaciones cambian en tanto cambian los valores de la sociedad, supuesto conocido en el ámbito de las Ciencias Sociales, las leyes no son objetos pretificados en el tiempo y de la misma forma que el Ministro Aróstica sostiene que “las mayorías no duran para siempre” confiamos en que en algún momento se incorpore en la intrepretación de la ley el mandato social de la ciudadanía.

Carolina Figueroa Cerna

Presidenta Fundación Emilia

Rodrigo Ruiz perdió la vida a sus 22 años en la madrugada del 12 de noviembre de 2014 en un violento choque causado por un conductor en estado de ebriedad.

En una de las resoluciones más estrechas que ha pronunciado en la materia, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de inaplicabilidad que pretendía dejar sin efecto el artículo de la Ley Emilia que sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones gravísimas o la muerte, específicamente en una causa con resultado fatal provocada por un conductor ebrio en 2014 en la comuna de San Pedro de la Paz.

El siniestro se produjo pasadas las cuatro de la mañana del 12 de noviembre de 2014 en Avenida Alessandri, comuna de San Pedro de la Paz, cuando un conductor ebrio perdió el control del vehículo al enfrentar una curva, impactando violentamente con una barrera de contención para posteriormente desplazarse varios metros.

Rodrigo Ruiz (22) viajaba como pasajero en el asiento trasero. Tras el impacto salió eyectado y falleció por traumatismo cráneo cervical provocado por el golpe de su cabeza contra un poste de alumbrado público. Por su parte Diego Eduardo Córdova Escobar, quien viajaba como copiloto, resultó con lesiones menos graves y quedó atrapado en el automóvil. Los tres retornaban de una noche de fiesta cuando ocurrió el dramático episodio.

“Después de salir de la discoteque, se sacaron fotos. Hay imágenes que el conductor y el copiloto le sacan al velocímetro marcando 140 km/hora y después a 180 para más rato sacarse selfies conduciendo e incluso, le sacaban fotos a mi hijo durmiendo atrás. Ellos hicieron de esto un juego, creían que lo estaban pasando bien, sin embargo, condujeron a la muerte a mi hijo”, declaró la madre de Rodrigo en una conversación con Fundación Emilia sostenida en abril de 2016.

La Fiscalía formalizó al imputado Máximo Otárola (24) en calidad de autor del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. El informe de alcoholemia aplicado por Carabineros dio como resultado 0,69 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo tomada la muestra a las 09:11 horas del 12 de noviembre de 2014. Sin embargo, al momento y hora del accidente, el imputado mantenía una dosificación de alcohol en la sangre superior a 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que constituye ebriedad.

En su resolución, los ministros Iván Aróstica Maldonado, María Luisa Brahm Barril, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez, votaron a favor de acoger el requerimiento. Por su parte, los ministros Marisol Peña Torres, Carlos Carmona Santander, Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y Juan José Romero Guzmán, estuvieron por rechazarlo. En este empate, el voto del presidente no resultaba dirimente, por lo que en definitiva se desechó la acción de la defensa.

De esta forma, el 7 de marzo recién pasado el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz notificó a todas las partes intervinientes –fiscal, querellante y defensa privada- el alzamiento de la suspensión temporal decretada por el Tribunal Constitucional, lo que permite que la investigación continúe, para se persigan las responsabilidades penales correspondientes y los familiares de las víctimas puedan perseverar en su búsqueda de justicia.

El día 2 de febrero de 2018, nuestra amada hija Melody Fung, una joven de 27 años llena de vida y proyectos pendientes, perdió la vida en un violento choque automovilístico, provocado por un conductor irresponsable que no respetó las máximas de velocidad urbana permitidas en la zona de avenida Tobalaba con calle Carmen Silva, en la comuna de Providencia.

El hecho fue ampliamente difundido por diversos medios, quedando además constancia de éste en las cámaras de seguridad del sector. El conductor conducía a una velocidad de más de 100 km/ hra., en una zona cuya velocidad máxima permitida de es 60 km/hra.

Como familia nos hemos cuestionado incesantemente respecto al triste destino de nuestra hija y de la enseñanza que esta experiencia nos ha dejado.

Estamos seguros que Melody, como una mujer de derecho, responsable, de firme voluntad y valores, preocupada siempre por los demás y de su entorno, habría esperado que como padres hiciéramos lo posible por hacer presente el vacío legal existente en la actual ley de tránsito.

Los accidentes de tránsito con resultado de lesiones o de muerte, provocados por el exceso de velocidad, y que nuestra normativa vigente tipifica como cuasidelitos, son sancionados en el mejor de los escenarios, con penas que no sobrepasan los 3 años de prisión efectiva.

Con el fin de modificar esta normativa, la familia, en conjunto con amigos de Melody, que en su mayoría son abogados,  hemos estudiado el proyecto de la diputada Jenny Álvarez, que en síntesis busca la pena de cárcel para infractores por exceso de velocidad, y que como consecuencia provoquen accidentes con resultado de lesiones o muerte de las personas.

Dicho proyecto cuenta con el apoyo de parlamentarios y la Fundación Emilia y se encuentra dormido en el Congreso desde el año 2015.

Como grupo queremos apoyar y activar esta iniciativa con el objeto que la conducción a exceso de velocidad se tipifique como un nuevo delito, se agregue el agravante del exceso de velocidad y de esta forma se promuevan legislaciones que ayuden a desarrollar una nueva cultura vial, donde se tenga una ciudadanía más consciente y responsable en su comportamiento vial.

En este afán, nos adherimos también a las manifestaciones civiles que rechazan la reciente votación del Senado, que se pronunció en contra del proyecto de ley que promueve la reducción de las velocidades en las zonas urbanas.

Lo anterior, en concordancia con las nuevas tendencias de las políticas viales de diferentes países del mundo que ya han reducido las velocidades en zonas urbanas, disminuyendo así el número de heridos y muertos cada año.

Atentamente,

Andrea Gárate y Rodolfo Fung

En marzo del año 2012 Francisca Florenzano, ex Directora SENDA, señalaba al diario La Segunda que habría “una medición de la conducción bajo el efecto de las drogas, por lo que en un par de meses estaríamos fiscalizando” y agregó “se ocuparán narcotest o lengüetas que a través de la saliva identifican si hay presencia de estupefacientes”. Sin embargo, pasados los meses su implementación quedó en el olvido centrando los recursos y las campañas en la prevención de accidentes por el consumo de alcohol con el programa denominado en aquel período como “Plan calles sin alcohol”.

En el año 2013, en plena vigencia de la Ley de Tolerancia 0, se trató de promover nuevamente la implementación de los narcotest luego del terrible atropello de Cristóbal Vicuña, joven universitario que falleció a causa de un conductor que lo hacía bajo la ingesta de cuatro clonazepam. El argumento para reimpulsar esta medida fue el aumento del consumo de benzodiacepinas con y sin receta en la población nacional.

En esa oportunidad, Francisca Florezcano declaró que “ante el aumento sostenido del consumo de este tipo de drogas, SENDA se encuentra realizando estudios para implementar un narcotest en los controles a conductores” (La Tercera, 02/10/2013); agregando que llevaban un año estudiando internamente en SENDA la posibilidad de introducir la medición, definiendo que serían cuatro las drogas que se fiscalizarían: benzodiacepinas, anfetaminas, cocaína y marihuana.

La medida continuó en evaluación durante ese año y el siguiente, sin llegar a aplicarse. En junio del 2014, Carabineros de Chile anunció que para el año 2015, como parte del plan de reestructuración de la Dirección de Tránsito de la Institución, se incorporarían en los controles carreteros el uso de narcotest.

En abril del 2015 Lidia Amarales, ex Directora de Senda señaló en Chilevisión que “estaban trabajando en una mesa conjunta con CONASET y Carabineros”, recalcando que ya existía un cronograma y un estudio comparativo con países en que se aplicaba el narcotest, implementando el modelo el 2016.

El 17 de Agosto del año 2015, nuevamente se señaló en el diario La Tercera la necesidad de contar con un sistema de narcotest para la prevención, fiscalización y penalización del delito de conducción bajo el efecto de estupefacientes, anunciado ahora para el 2017.

Como Fundación hemos golpeado todas las puertas pidiendo respuestas sobre esta problemática, desde el Ministerio de Justicia, Ministerio Público hasta llegar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En ese contexto en Enero del 2016 el Ministro de Transportes Andrés Gomez-Lobo “comprometió el apoyo del Gobierno para un acuerdo de diputados que busca concretar la aplicación del narcotest para conductores”.

Sin embargo, luego de casi seis años de etéreas discusiones y estudios, el Memorandun Nº 216 emitido por CONASET el 18 de Octubre del presente año se estableció que el Proyecto Narcotest “se encuentra sin avances ya que se requiere inversión para su implementación, tanto de parte de Transportes como del Servicio Médico Legal”, y dada la restricción presupuestaria no es viable su implementación.

Como Fundación rechazamos esta respuesta y queremos señalar que:

1. Como miembro pleno de la OCDE desde el 2010, Chile tiene entre los objetivos promovidos por este organismo los requerimiento de seguridad vial que también se encuentran señalados en los principios del Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2010-2010) impulsados por la ONU y la OMS, donde se sugiere claramente la utilización de equipos de detección de alcohol y drogas en los programas de fiscalización vial.
2. La discusión sobre los mecanismos de análisis de influencia de estupefacientes en imputados ha sido impulsado desde la Reforma Procesal Penal el año 2004, donde se estableció entre los procedimientos de peritajes en causas penales el uso de equipos como los nascotest (CONACE y Defensoría Pública, 2004) cuestión que hoy no sucede, más allá de lo estipulado en la ley, con los delitos viales.
3. La implementación de los narcotest es necesaria por la responsabilidad que asumimos como sociedad frente a temas vinculados a la conducción o el ejercicio de actividades profesionales disociados del consumo de alcohol o sustancias sicotrópicas. El elemento disociativo de conductas es precisamente lo que se busca con distintas medidas de fiscalización que, no solo aportan a la seguridad vial, sino también a la aplicación de justicia.
4. Postergar la implementación de estas medidas de control vial es minimizar las muertes de las víctimas, los cambios culturales no solo se logran hablando sino también actuando  apostando promoviendo reformar que buscan salvar vidas.

Tras su ingreso al Registro de Donatarios:

EMPRESAS PODRÁN APOYAR A FUNDACIÓN EMILIA A TRAVÉS DE LEY DE DONACIONES

La labor de Fundación Emilia recibió un importante respaldo que le permitirá continuar avanzando hacia la construcción de una cultura vial responsable, brindando orientación y acompañamiento a víctimas de delitos viales. En su sesión ordinaria el Consejo de Donaciones del Ministerio de Desarrollo Social aprobó su ingreso al “Registro de Donatarios”, permitiéndole acceder a donaciones de Empresas interesadas en aportar financiamiento a proyectos e iniciativas de la Fundación que tengan como objetivo de superar problemas sociales derivados de la pobreza, la discapacidad o del consumo problemático de alcohol o drogas.

Gracias a la Ley de Donaciones, el donante que colabore con Fundación Emilia podrá optar al Certificado de Donaciones obteniendo una rebaja de sus impuestos mientras se transforma en un activo promotor del cambio cultural que impulsa la Fundación a través de talleres escolares, seminarios, cursos para empresas, campañas y estudios, entre otras iniciativas.

“Invitamos a las empresas a acercarse a la Fundación. Estamos seguros que el trabajo colaborativo con la empresa privada puede hacer la diferencia en el camino hacia una sociedad responsable donde no tengamos que lamentar más fallecidos por siniestros y delitos viales”, señaló Carolina Figueroa, Presidenta de Fundación Emilia tras recibir la buena noticia.

Durante el año 2011 la Organización Mundial de la Salud definir el programa internacional denominado como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011-2020) que tiene como objetivo central disminuir en un 50% los fallecimientos ligados con la siniestralidad en el tránsito.
Dentro de este contexto, se estableció la conmemoración durante el mes de Noviembre del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Violencia Vial. Fundación Emilia forma parte de este compromiso, y como integrante de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) hemos comenzado la campaña de sensibilización de nuestra Sociedad por medio de gráficas bajo el hastagh #YoRecuerdo, que tienen como fin dar cuenta de la lucha diaria de miles de familias contra la «impunidad en el tránsito».

Sostenemos que la defensa de los derechos de las víctimas de siniestros viales, y en general de las víctimas de delitos en nuestro país, requiere acciones concretas de nuestros gobiernos que establezcan la defensa de las víctimas como prioridad política.

Como parte de la FICVI sostenemos que:

Dos años y siete meses han pasado desde que Camila Muñoz partió por culpa de un conductor que, tras atropellarla, se dio a la fuga. Durante este tiempo sus padres, Patricia y Eladio, no han cesado de pedir una «justicia reparadora» y avances en el proceso que se encuentra alojado en la Fiscalía Sur. Hemos acompañado su lucha diaria haciéndonos parte y gestionando reuniones con el Fiscal Regional para que nos informe del avance de su caso, y frente al silencio nos preguntamos ¿Qué es la justicia?.

Jeanne Picard, Presidenta de la Federación Iberoamérica de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial indicaba en uno de nuestros primeros encuentros que «Una justicia que tarda no repara», y creo que ese es el punto de partida para encontrar una respuesta en muchos de los casos que llegan a nuestra institución.

No somos tan arrogantes para creer que somos los primeros que se plantean esta interrogante, Amartya Sen en su texto «La idea de la Justicia» sostenía que «Lo que nos mueve [como sociedad o ciudadanía] no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir» (Sen, 2010: 3).

Eliminar injusticias notorias en la medida de nuestra capacidades, en el caso de la familia de Camila, debería comenzar con la atención que el Ministerio Público entregué a su caso, con medidas que ya han sido implementadas por Fiscalías Regionales como la de Los Lagos. Una simple llamada que indique cuales han sido los avances de la investigación; como va la búsqueda del imputado; qué se espera obtener como sentencia; etc. hace un mundo de diferencia en la percepción de justicia. En otras palabras simplemente comunicar a Patricia y Eladio que el fallecimiento de Camila importa, que no son un número de causa (RUC), que harán todo lo posible por resolver el caso, porque su hija dejo una huella en este mundo.

Las víctimas de delitos, de cualquier delito, solo esperan que el Sistema Penal opere, lo que no significa necesariamente obtener las mayores condenas, argumento que nos han entregado desde Defensores Públicos a honorables Congresistas que sostienen que las víctimas no pueden participar en el desarrollo de una Política Pública porque buscan venganza. ¿Cómo mejoramos el Sistema Penal si no escuchamos e incorporamos las indicaciones o sugerencias de aquellos que han sido parte de una causa penal como Víctimas o Testigos?.

La percepción ciudadana sobre la «Justicia» no anula el razonamiento sobre su aplicación. Comprender incorpora razonar, y este conocimiento propone la pregunta de ¿Cómo nos planteamos la cuestión del mejoramiento de la justicia y la superación de la injusticia?.

En el caso de Camila podríamos comenzar con una llamada telefónica del Ministerio Público.

El martes 24 de Octubre Fundación Emilia, representada por su Vicepresidente Ejecutivo Benjamín Silva, realizó diversas actividades en las dependencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

La primera actividad fue una relatoría impartida por Benjamín Silva a estudiantes de segundo y tercer año de la carrera de Educación de Párvulos. Dicha presentación tuvo como título “Educación ciudadana y seguridad vial: desafíos y propuestas para la formación inicial docente”. En la misma, se hizo una clara definición de la relevancia que debe tener, tanto en la formación docente como en la vida ciudadana, la inclusión de contenidos que ayuden a tomar conciencia de la responsabilidad pública que cada uno tiene en sus comportamientos en los espacios públicos. Además se mostraron cifras sobre el impacto de la Ley Emilia, haciendo énfasis en la baja en un 30% de los fallecidos por responsabilidad de conductores en estado de ebriedad, reflexionado sobre los desafíos que quedan en esta temática. Se hizo presente que los delitos viales son la principal causa de muerte entre personas de menos de treinta años, exponiendo además un conjunto de propuestas que Fundación Emilia tiene tanto en la formación de docentes, como para una educación permanente de la ciudadanía.

La recepción de las estudiantes, fue muy cordial y respetuosa, y se  expresó en el atento silencio con que escucharon, y en las variadas intervenciones y preguntas que realizaron, una vez terminada la exposición inicial. Agradecemos a la Coordinadora de Prácticas de Educación de Párvulos de dicha Universidad, profesora Patricia Troncoso, quien gestionó el espacio, convocó a las alumnas y sobre todo creyó y estimuló la relevancia de esta actividad.

Además la profesora Troncoso nos puso en contacto con el equipo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), liderado por Paola Núñez. En dicho encuentro se compartieron experiencias de trabajo, se presentó formalmente Fundación Emilia y se vieron vías y caminos de acciones en conjunto. La DAE de dicha universidad quedó de comunicarse con Fundación Emilia, para poder concretar acciones comunes.

Destacamos el aporte de la Profesora Patricia Troncoso, quien manifestó el vivo interés de poder realizar nuevas acciones con sus estudiantes de educación de párvulos. Particular interés fue proponer para el año 2018, que estudiantes de tercer año de dicha carrera, que realizan prácticas educativas en instancias no escolarizadas, puedan realizar una práctica en Fundación Emilia, iniciativa que estaremos atentos a concretar.

Finalmente Benjamín Silva visitó al Secretario Académico de la Facultad de Comunicaciones, Historia y Ciencias Sociales de dicha universidad, profesor José Miguel de Toro. En dicho encuentro se presentó formalmente a Fundación Emilia y se vieron formas de trabajo conjunto pensado en el año 2018.