Viernes 24 de abril 2026: En medio de la conmoción generada por el fallecimiento de una joven colombiana de 20 años en un siniestro vial ocurrido en Santiago, en el que se vieron involucrados funcionarios de Carabineros, la presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, entregó una contundente reflexión en el programa de T13 La tarde es nuestra.
Durante la entrevista, Figueroa cuestionó con firmeza el uso del concepto “error” para referirse a este tipo de hechos, enfatizando que “esto no es un error, es un delito”. Explicó que la conducción bajo los efectos del alcohol, sumada a conductas como cruzar con luz roja y no prestar auxilio, constituye una infracción grave tipificada en la legislación chilena.
En esa línea, insistió en la necesidad de avanzar en un cambio cultural profundo, dejando de minimizar estos hechos y reconociéndolos por su real gravedad. “Un error es algo que no tiene este tipo de consecuencias. Aquí hay una conducta sancionada penalmente”, señaló, agregando que este tipo de situaciones son completamente evitables y, por lo mismo, resultan aún más graves cuando involucran a funcionarios públicos formados para proteger a la ciudadanía.
Uno de los puntos más críticos abordados fue la omisión de auxilio a la víctima. “Ella murió sola en la calle. Eso es un principio básico de humanidad”, sostuvo, relevando que, más allá de la responsabilidad legal, existe una dimensión ética ineludible. Asimismo, cuestionó el actuar colectivo de los ocupantes del vehículo, planteando cómo siete personas con formación institucional no advirtieron que estaban frente a un delito de esta magnitud.
En el plano legal, Figueroa explicó que el imputado arriesga penas significativas en el marco de la Ley Emilia. Considerando la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, la fuga y otras agravantes, estimó que la eventual condena podría situarse entre siete y ocho años de cárcel efectiva, señalando además que, dada la gravedad de los delitos, la medida cautelar que correspondería es la prisión preventiva.
Finalmente, abordó el impacto institucional del caso, indicando que este tipo de hechos representa un retroceso en los avances en seguridad vial. No obstante, valoró la desvinculación de los funcionarios involucrados como una señal de gravedad por parte de la institución y planteó la importancia de avanzar en acciones reparadoras hacia la familia de la víctima, especialmente considerando el proceso que enfrenta su madre al viajar desde Colombia. Concluyó enfatizando que estos siniestros viales son prevenibles y que no pueden seguir relativizándose.
Puedes revisar parte de la Entrevista de Carolina en el siguiente link: