Martes 10 de marzo:- La presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, participó recientemente en el programa panameño Movilidad en Directo, donde conversó sobre los avances que ha desarrollado Chile en materia de movilidad segura, legislación vial y protección de víctimas de siniestros viales.
Durante la conversación se destacó el rol que ha tenido la sociedad civil en la promoción de cambios legislativos y culturales orientados a mejorar la seguridad en las vías y fortalecer la protección de las víctimas.
En ese contexto, Figueroa explicó algunas de las transformaciones que ha experimentado Chile en la última década en materia de seguridad vial, entre ellas el desarrollo de nuevas normas, mejoras en los mecanismos de reparación para las víctimas y un mayor reconocimiento de la violencia vial como un problema público.
Uno de los ejemplos mencionados fue la Ley Jacinta, normativa reciente que incorpora distintas medidas orientadas a fortalecer la protección de las víctimas de siniestros viales, mejorar los criterios para la obtención de licencias de conducir y establecer nuevas garantías para las familias afectadas.
Entre sus principales avances, la ley aumenta la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), establece plazos de pago para las aseguradoras, incorpora nuevos criterios de salud para la obtención de licencias de conducir, regula el transporte de niños en motocicleta y establece protección laboral para madres y padres que pierden a un hijo.
Restauración para las víctimas
Durante la entrevista, Figueroa explicó que uno de los aspectos centrales de la ley es fortalecer la restauración social de las familias afectadas por siniestros viales.
Antes de la nueva normativa, el seguro obligatorio contemplaba una cobertura aproximada de 300 UF. Con la entrada en vigor de la Ley Jacinta, este monto se duplica a 600 UF, lo que busca apoyar a las familias en los gastos inmediatos asociados a un fallecimiento o a los procesos de recuperación tras lesiones graves.
“Muchas veces las familias enfrentan gastos urgentes y procesos muy complejos tras un siniestro vial. Esta ley busca entregar una respuesta más rápida y digna”, explicó Figueroa durante el programa.
El rol de la sociedad civil en la seguridad vial
Durante la conversación también se abordó el trabajo que realiza Fundación Emilia desde su creación en 2014, tras la muerte de Emilia Silva Figueroa, hija de Carolina Figueroa, quien falleció a causa de un conductor en estado de ebriedad.
A partir de ese hecho se impulsó la Ley Emilia, que tipificó como delito los siniestros viales provocados por conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, además de sancionar la fuga del conductor.
Desde entonces, la fundación ha trabajado en educación, prevención y apoyo a víctimas, promoviendo cambios culturales y legislativos orientados a avanzar hacia una movilidad más segura.
Un desafío regional
En el diálogo también se destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre países de América Latina en materia de seguridad vial. Figueroa señaló que uno de los desafíos pendientes es avanzar hacia estándares comunes, especialmente en materia de justicia para las víctimas y prevención de conductas de riesgo.
“Todavía en muchos países los siniestros viales se entienden como accidentes o mala suerte. Sin embargo, cuando hay conductas como exceso de velocidad, consumo de alcohol o uso del celular al conducir, estamos frente a decisiones que tienen consecuencias graves y que deben ser tratadas como delitos”, señaló.
La participación en este espacio internacional permitió visibilizar la experiencia chilena y promover el intercambio de aprendizajes entre países, con el objetivo común de reducir las muertes y lesiones graves en las vías.
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