Lunes 9 de Marzo 2026:- La transición hacia la electromovilidad suele presentarse como el triunfo definitivo de la técnica sobre la crisis climática. Se habla de la reducción de emisiones de CO₂, de la eficiencia de las baterías y de la autonomía de los motores silenciosos. Sin embargo, esta transformación tecnológica corre el riesgo de ser incompleta, o incluso peligrosa, si no se acompaña de una mirada desde las ciencias sociales capaz de comprender cómo las personas habitan, interpretan y comparten el espacio público. En ese sentido, la educación ciudadana vial —presente en todos los espacios educativos: jardines, escuelas, institutos, universidades y empresas— debe evolucionar y avanzar al mismo ritmo que la ingeniería.
Este debate no ocurre en el vacío. Actualmente el país se encuentra en el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, impulsado por el Ministerio de Energía. En ese proceso participó Fundación Emilia, representada por el académico Benjamín Silva, particularmente en los ejes de coordinación interinstitucional y economía circular de la electromovilidad, aportando una mirada desde las ciencias sociales que busca integrar la educación ciudadana vial, la convivencia en el espacio público y la cultura de la movilidad como elementos centrales de esta transición. Desde Fundación Emilia compartimos esa mirada, que inspira también las reflexiones planteadas en esta columna.
Desde las ciencias sociales sabemos que las tecnologías no transforman por sí solas las prácticas sociales. Son las normas culturales, los hábitos cotidianos y las formas de convivencia las que determinan cómo una innovación se integra realmente en la vida colectiva. En el caso de la movilidad, esto es especialmente evidente: cambiar el tipo de motor no necesariamente cambia la forma en que las personas se relacionan en la vía.
La llegada del vehículo eléctrico no solo cambia lo que hay bajo el capó; altera profundamente la dinámica de convivencia en el espacio público.
El silencio de los motores eléctricos, una de sus mayores virtudes ambientales, representa un desafío inédito para la seguridad pública vial. En nuestra cultura urbana, el oído ha sido históricamente un sentido de alerta para peatones, ciclistas y personas con discapacidad visual. Una educación ciudadana integral hoy debe enseñar a “reaprender” la calle: los conductores de vehículos eléctricos deben extremar su conciencia sobre su presencia casi imperceptible, mientras que los peatones deben fortalecer una cultura de autocuidado basada en la vista y no solo en el sonido. Aquí, la seguridad no depende de un sensor, sino de la empatía y la atención plena de quienes comparten la vía.
Por otro lado, la electromovilidad democratiza nuevas formas de desplazamiento, como los scooters y bicicletas eléctricas, que a menudo operan en un vacío legal o educativo. El núcleo del problema persiste: seguimos viendo estas tecnologías como dispositivos aislados, cuando en realidad forman parte de un sistema social de movilidad donde normas culturales, percepciones de riesgo y prácticas cotidianas son tan determinantes como la tecnología misma. Una seguridad vial efectiva en la era eléctrica nace de entender que la mayor potencia de aceleración de estos vehículos exige una mayor cuota de autorregulación y ética. No se trata de cuántos kilómetros rinde una carga, sino de cómo esa energía se desplaza respetando la integridad del más vulnerable.
Finalmente, el éxito de la electromovilidad no debe medirse solo en ventas de unidades, sino en la reducción de la siniestralidad y el aumento de la armonía social. Es imperativo que las estrategias de movilidad sostenible posicionen a la educación ciudadana como el software que hace funcionar el hardware tecnológico.
Si la transición eléctrica no incorpora la educación ciudadana vial y la convivencia en el espacio público, no estaremos frente a una transformación de la movilidad, sino simplemente ante un cambio de motor.