“No podemos dejar de exigir justicia y educar por la memoria de Lian»

Lian Salazar de 16 años salió la noche del 26 de agosto a una fiesta con amigos y amigas en la zona céntrica de la ciudad de Copiapó en la Región de Atacama. Justamente venía saliendo de esa fiesta cuando un auto a exceso de velocidad la atropelló e intentó darse a la fuga. Durante 10 minutos, Lian luchó por su vida ante la impotencia e incredulidad de sus amigos, pero finalmente murió sin recibir la ayuda del conductor, pues su nivel de alcohol en la sangre era tan elevado que le costaba hablar y hasta pararse, pero igualmente se esforzó por pisar nuevamente el acelerador e intentar huir.

Han pasado más de dos meses de esa fatídica noche y su familia a toda costa intenta rearmarse y tomar valor y fuerza para enfrentar el proceso judicial que tantas veces es esquivo para las víctimas.

Yulenska, su hermana, es quien ha tomado la vocería en nombre de la familia para tratar de poner en palabras lo que la trágica partida de Lian ha significado para ellos, y para toda una comunidad que hoy ha volcado esa impotencia y tristeza en manifestaciones masivas que tienen como foco a los niños y niñas, enseñándoles la importancia de la conducción responsable con el objetivo de que muertes como ésta no vuelvan a ocurrir y también, perpetuar la memoria y sonrisa de Lian.

“ Ese día Lian tenía permiso para ir a una fiesta que se organizaba en un local que se llama Casa Norte y fue con varias amistades. Como a las 4 de la mañana nos llegaron a avisar lo que había pasado y no lo podíamos creer, porque nada calzaba… ella iría a pasarlo bien y disfrutar y nos avisan que estaba muerta.

Este tipo Erick Cardozo (37 años) venía a exceso de velocidad y la atropelló a ella y a su amiga Geraldine Villalobos (17 años) con distintas lesiones.

Después de impactarlas, en vez de detenerse e intentar ayudar, siguió e intentó darse a la fuga, pero todos los que estaban ahí lo agarraron y ahí fue cuando todos se dieron cuenta que estaba tan borracho que no podía modular ni pararse bien. Eso lo relata incluso el parte policial que dice que venía conduciendo con 1,43 g/lt de alcohol en la sangre al momento que le hicieron el control.

Fueron 10 minutos en que estuvo tirada ahí agonizando y eso es lo que nos duele y finalmente ella murió en los brazos de su mejor amigo. Aún con eso, la familia del conductor ha declarado que no fue él quien tuvo la culpa, sino que mi hermana se tiró al auto y eso es otro golpe para nosotros porque hay muchos testigos de cómo fue todo.

Cuando ya pasó su funeral, nos tomamos un par de días y después empezamos a buscar ayuda y desde ese momento estamos con la abogada Ivone Ramírez que ya puso la querella por mi hermana y por su amiga quien aún no se recupera totalmente de sus lesiones, pero nos ha pasado que hemos ido varias veces a fiscalía y allí incluso nos dijeron que no estaban ingresadas y tuve que yo llevarle el documento para que revisaran y comprobaran que sí había hecho todo el trámite correctamente.

Podemos decir que sí tuvimos un avance al lograr que el conductor quedara en prisión preventiva, pero ahora, el 3 de noviembre tenemos una audiencia que busca que se amplie el plazo de investigación, pero como familia tememos que se use para que él pida revisar la medida y que logre el arresto domiciliario.

Estamos enfocándonos en la Ley Emilia para generar conciencia y no sólo por lo que le pasó a mi hermana, sino que a tantas otras personas y para eso hemos hecho manifestaciones y marchas en el Parque Schneider de Copiapó donde van muchos niños y niñas y eso para nosotros es muy importante, porque así desde pequeños aprenden lo que provoca conducir bajo el estado de ebriedad.

 

Lo que buscamos es que haya una condena ejemplar. Darle 5 años de condena a una persona que por su irresponsabilidad mató a una joven inocente no es nada. No me voy a dar por vencida porque es mi hermana.

Nos cuesta asumir que esté lo que esté en la cárcel después va a estar libre como si nada, pero nosotros jamás vamos a recuperar a Lian, nunca más voy a poder decirle que la amo y cuánto la extraño”, concluyó Yulenska Salazar.

Cabe señalar que como Fundación Emilia Silva Figueroa, hemos solicitado una reunión con el Fiscal regional para tratar éste y otros casos que han conmovido a Atacama y al país.

 

 

La Isla Grande de Chiloé se levanta y exige justicia

Como Fundación Emilia Silva Figueroa, hemos recopilado el testimonio de cinco familias quienes,  además de tener que lidiar en algunos casos con el duelo y la muerte y en otros con dolorosas secuelas físicas y psicológicas que los acompañarán de por vida, han decidido levantar la voz para hacer públicas una serie de irregularidades en sus procesos judiciales, los que se traducen en una revictimización y una letanía que no hace más que aumentar su angustia y la sensación de impunidad.

Este es su relato, son sus historias que tienen como factor común la fatal combinación de alcohol y conducción que provocaron que proyectos de vida se truncaran. Esta es la cara más cruda de la revictimización que son parte en una zona alejada de Chile, pero que ellos se han encargado de poner en el tapete para no olvidar a quienes ya no están. Esa es su consigna y la bandera de lucha que se levanta en la isla grande de Chiloé.

 

“Quisieron hacer un trueque: la libertad del asesino de mi hijo a cambio de un par de millones por nuestro dolor”.

Eran casi las 22 horas del 14 de enero de este año y cuatro amigos, todos compañeros de trabajo, iban en auto camino a celebrar el  cumpleaños  de uno de ellos en el sector de Huicha, pero las risas y la alegría de los amigos cesó abruptamente cuando un auto los embistió.

Pablo Álvarez Vera (35 años) fue el conductor que, estando en estado de ebriedad, chocó el auto conducido por Roberto Carrión (21), volcándolo a un costado de la carretera para luego darse a la fuga.

Luego del violento impacto, el conductor y su copiloto no prestaron ayuda a las víctimas y recién en el interrogatorio con carabineros asumieron su participación, esto, a la vez que se comprobaba que conducía con 1,55 gramos de alcohol en la sangre, de acuerdo a lo indicado por el alcotest.

Esa loca carrera y su actuar delictual terminaron con la vida de dos de los jóvenes, Javiera Borneck Hess (18)  y Danilo Bórquez Vera (21) quienes no pudieron soportar las graves lesiones y dejó a Valentina Toro Bahamonde (21) y Roberto Carrión con heridas de diversa consideración que requieren hasta ahora largos y dolorosos tratamientos.

Nancy Vera, mamá de Danilo relata los recuerdos de la temprana muerte de su hijo, quien iba de copiloto en el auto que fue chocado y sus palabras logran transmitir el dolor de ese momento.

 

“Lo tuve 21 años conmigo, amándolo y cuidándolo  y cuando lo fui a buscar, uno de sus amigos me dice ahí en la calle que este hombre me lo había matado … Si no hubiera sido por un furgón de carabineros que pasaba por el lugar camino a Castro y que vieron la camioneta de este sujeto chocada contra un letrero, ellos hubieran seguido arrancando, tanto Pablo como su copiloto, porque nunca existió la intención de afrontar lo sucedido, es más, ellos sólo lo negaban y se encubrían”, afirmó la madre de Danilo.

Según han podido recopilar gracias a los testimonios de testigos, Pablo Álvarez balbuceaba y se tambaleaba de lado a lado, pero igual intentaba arrancar sin que le importara cómo estaban los jóvenes en el auto porque en un principio carabineros pensó que lo que había pasado sólo era un choque a un letrero hasta que tuvo que llegar ahí Roberto, uno de los sobrevivientes, para pedir ayuda.

Para esta madre, lo que más le impacta es la frialdad y distancia que ha tenido la familia del autor del choque que le arrebató a Danilo, quienes asegura, le han ofrecido dinero.

“Cuando fuimos a la funeraria nos explicaron que la familia del conductor ya había estado ahí para pagar el funeral de mi hijo, sin siquiera haber cruzado una palabra ni menos darnos el pésame o algo. Ellos también son padres y lo que yo hubiera esperado de ellos era otra cosa, un criterio, pero no ha sido así sino que por intermedio de sus abogados nos han ofrecido entregarnos dinero, hacer un trueque lo siento yo, aceptar nosotros un par de millones a cambio de que su hijo no vaya a la cárcel, pero no piensan que nada me va a devolver a mi Danilo y que lo que yo quiero es justicia y que pague por lo que hizo. Quiero cárcel efectiva para él”, se lamentó la madre del joven fallecido.

Nelly Bahamonde (mamá de Valentina) también hace un recuento de las intervenciones y tratamientos que ha debido enfrentar su hija para avanzar desde la parte física, sin embargo, hace hincapié en lo difícil que ha sido para ella tratar de sobrellevar el día a día luego de ese 14 de enero.

“Ella trata de retomar su vida, pero es más bien escapar de lo que pasó, porque no logra entender cómo si iba a pasarlo bien, luego despierta con cirugías, dolor y sin dos de sus amigos. Nadie lo logra entender ni menos lo que hemos tenido que pasar después”, afirma Nelly.

Doris Paredes (mamá de Roberto) sufre y siente impotencia al rememorar, más aún cuando relata que los cuatro amigos salieron de manera responsable a celebrar y todo terminó en tragedia.

“A mi hijo aún con las lesiones que tenía se lo llevaron detenido por haber ido conduciendo, pero él marcó cero alcohol porque era responsable. Todos estábamos en shock, pero ahora, al recordar, claro que como madre me siento mal por haber permitido casi que se le juzgara como si él hubiera tenido responsabilidad en esto y recién a las 6 am lo soltaron. Sus lesiones también fueron graves y le han significado cirugías, pero más que eso es el impacto. Esto nos marcó a todos, pero a la vez, nos unió”, señaló la mamá de Roberto.

“Él llora escondido y es comprensible, porque ahora, cada vez que sea su cumpleaños, pensará en los dos amigos que perdió por culpa de otro”, puntualizó Doris Paredes.

En el plano judicial, se decretaron seis meses de prisión preventiva para Álvarez Vera, sin embargo, el 27 de julio se cambia esta medida cautelar a arresto domiciliario total en casa de sus padres en Chonchi, medida adoptada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

En esa misma fecha, la Fiscalía da por cerrada la investigación por adelantado, considerando sólo el delito de conducción en estado de ebriedad y no el delito de fuga, el no prestar ayuda a las víctimas y tampoco el desconocer ser el autor material en su calidad de conductor de la camioneta.

Ante esto, el panorama que se les presenta como una pesadilla es que fiscalía estaría solicitando una pena de 5 años de presidido menor en su grado máximo, plazo al que se le descontarían los 6 meses de presidio ya realizado. Con este verdadero balde de agua fría, las familias asesoradas por su abogado Milton Cuevas, tomaron la decisión de enviar a inicios del mes de agosto un reclamo formal a la Fiscalía Nacional, pidiendo la reapertura de la causa y una explicación del por qué se dejaron fuera del proceso otros delitos que sí se pueden comprobar fehacientemente.

Gracias a esto – y aunque aún no existe respuesta formal a la carta enviada- se aprobó la reapertura de la investigación por 30 días, plazo que las familias esperan sea suficiente para que la justicia actué de manera competente y se incluyan los delitos que fueron dejados de lado inexplicablemente, en lo que para ellos se transforma en una interpretación antojadiza de la Ley Emilia.

De acuerdo a esto, se habrían dejado fuera testimonios vitales de testigos clave, así como el considerar sólo el primer parte policial que indicaría que no existe fuga, hecho que se contradice con lo recabado en la reconstitución de escena hecha cuatro meses después de esa fatídica noche.

“Estamos decepcionados de este proceso y en especial del Fiscal Enrique Canales,  porque estamos seguros que sí se puede hacer más y así nos lo han dicho también desde Fundación Emilia y realmente no sabemos qué pretende Fiscalía, pero nosotros estamos decididos a seguir adelante por ellos, aunque nos sigan tratando así”, aseguran las familias.

 

Una tradición truncada 

Ya era una tradición para los hermanos Alberto (45) y Mariluz Millaquén (40) viajar cada fin de semana largo o fecha importante hasta Quellón para visitar a sus padres.

Cerca de las 8:30 de la mañana del  14 de abril del 2017,los hermanos Millaquén  llevaban pocos kilómetros de ruta luego de desembarcar del transbordador cuando fueron embestidos por un auto que cruzó el eje dela calzada y los chocó de frente.

Mariluz se llevó la peor parte al quedar atrapada entre los fierros retorcidos. Ambos recibieron atención médica, sin embargo, el diagnóstico es lapidario pues no podrá volver a caminar, debido a una paraplejia y a las múltiples fracturas.

La conductora del vehículo que los impactó, Nakithza Cerda (21), de acuerdo a lo informado por el Servicio Médico Legal, marcó 1,84 gramos de alcohol en la sangre. No se pudo comprobar que existiera consumo de drogas ya que no se realizó el examen respectivo, sin embargo, Alberto recuerda que no era capaz de mantenerse en pie ni fijar la vista posterior al choque del que salió sin mayores lesiones, aún cuando conducía a más de 100 kilómetros por hora, de acuerdo a los peritajes.

Para Alberto, además del costo psicológico, han significado meses de tratamiento para tratar de recuperar la fuerza de sus piernas y tobillos

“Esto ha sido trágico, porque mi hermana perdió cuatro litros de sangre y si está viva es gracias a los médicos de Ancud y de Castro y recién al estabilizarla pudieron llevarla a Puerto Montt donde tuvo cirugías en casi todo el cuerpo, pero aún así, no podrá volver a caminar por culpa de una irresponsable que nos cortó la alegría que teníamos como hermanos y como familia”, lamentó Alberto.

Como suele ser la tónica, los responsables de estos delitos viales raramente se acercan a las víctimas para pedir perdón y el caso de estos hermanos, no fue la excepción.

Lo impactante del caso pareciera no ser suficiente para que la justicia actuara de manera rápida y contundente y así lo detalla este hombre quien ha visto la peor cara de un sistema que insiste en caer en actuaciones anómalas que hieren y revictimizan.

“La justicia no avanza y el fiscal  de Ancud, Jorge Raddatz ha sido irresponsable porque me dijo que me iban a citar a declarar para que esto se acelerara un poco, pero el día que él me pidió yo llamé y viajé desde Ancud como él me pidió, pero ese día, previo al feriado, parece que se lo tomaron libre y no hubo nadie que me atendiera lo que me parece una burla y una falta de respeto hacia nosotros que somos las víctimas”, se lamentó Alberto.

Aún con todos los antecedentes, además de conducir sin licencia y tratar de suplantar identidad al momento del control policial, la autora del delito sigue libre y sin ser formalizada. Ante esto, el hermano de Mariluz hace un crudo análisis.

“La Ley Emilia debe ser replanteada para que pueda contener penas más duras y es por eso que he conversado con el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, para hacerle llegar lo que yo veo como víctima que se debe reformar, pero para esto debe haber voluntad y eso es lo que esperamos porque de otra manera es impresentable para todas las familias que sufrimos mientras los victimarios cumplen entre 300 y 500 días de presidio al interpretar la Ley Emilia de parte de los jueces. Eso es una burla», señaló categórico.

Para Millaquén, hay algunos puntos que debieran ser básicos en el tratamiento al victimario, como el presidio durante todo el tiempo que dure la investigación y que ese tiempo de reclusión no sea descontado de la condena. Esto, buscando un castigo acorde con el delito.

“No se puede dejar esto como está. Se ha avanzado, pero caemos en que finalmente no se aplica correctamente la ley y eso nos perjudica y nos hace revivir el dolor y ante eso, hay que seguir adelante y trabajar”, afirmó Alberto Millaquén.

Al igual como sucede a lo largo y ancho del país, como Fundación Emilia Silva Figueroa seguiremos acompañando a las víctimas, sus familiares y amigos buscando entregar apoyo personal, psicológico y jurídico para que todos y todas reciban un trato digno y avancemos hacia una justicia reparatoria que no tenga segundas miradas ante este tipo de delitos que nos conmueven y remecen como sociedad.

 

 

 

 

 

 

«Solo queremos justicia. Por Diego y por todos nosotros. Nada más»

¿Qué pasa con una familia cuando además de sufrir el impacto de la muerte de un hijo debido a un atropello tienen que hacer frente a una investigación defectuosa, un proceso lento y  ver al culpable de esa muerte libre por las calles?

Esto y más es lo que ha debido enfrentar desde hace 7 meses la familia de Diego Bustamante (41 años) quien fue atropellado la madrugada del 9 de octubre por un conductor ebrio que atravesó la calzada y terminó con su vida.

Uno de sus 7 hermanos, Jorge, lo acompañaba y salvó de milagro de tener el mismo destino que Diego. Luego del impacto de ver cómo su hermano mayor era atropellado y el conductor no detenía su loca marcha, fue él quien debió llamar a sus padres para avisarles del trágico desenlace.

Hoy es Alex, otro de los hermanos quien a nombre de su familia, habla del doloroso caminar después de este siniestro vial que marcó para ellos, un antes y un después y por lo que siguen sin descanso en busca de esa justicia que a veces se muestra tan esquiva.

“Como a las 5 am del 9 de octubre del año pasado, yo estaba en mi casa durmiendo cuando me avisan que mi hermano Diego había tenido un grave accidente. Yo sabía que él estaba con Jorge, otro de mis hermanos y que se habían ido a un local de acá de Curicó la noche anterior a pasar un rato, pero estaba tranquilo porque Jorge no toma y porque los dos son responsables, incluso andaban en bicicleta.

Llegamos rápido porque estábamos a poco más de un kilómetro de donde pasó todo. Jorge Duque, ese es el nombre del tipo que lo atropelló y lo mató. Él era mi amigo, salíamos juntos porque acá todos se conocen, pero después de esto, nunca más se acercó a mí ni a nadie de mi familia.

Mis hermanos iban caminando de vuelta del local donde habían estado, Diego había bebido, pero no iba mal, pero esta persona venía con otros dos amigos en su auto a mucha velocidad y además, con 2,6 de alcohol y lo atropelló.

No paró y eso es algo que no deja de darnos vueltas, porque se fugó, ni siquiera disminuyó la velocidad, siguió manejando y después, al rato, se fue a entregar a carabineros.

Nadie llegó a darles ayuda. Me imagino que Jorge, mi hermano, quedó en estado de shock cuando vio que atropellaron a Diego y luego, en la noche, tuvo que reponerse y empezar a buscar el cuerpo porque nadie llegó a ayudar. Se llamó a la ambulancia y no contestaron y carabineros, a pesar de estar tan cerca, llegó mucho rato después.

La SIAT se demoró apenas 20 minutos en hacer su informe, sólo eso, no fue riguroso y no podemos saber si eso fue porque somos una familia de esfuerzo y la de la persona que lo atropelló, que nos dejó sin nuestro hermano mayor no, ellos son una familia acomodada, pero lo que sí pasó con eso es que la carpeta investigativa está llena de errores y eso nos ha causado mucho dolor y retraso en que se le juzgue.

Este hombre quedó sólo con arraigo nacional, firma mensual y suspensión de su licencia de conducir, pero eso no lo ha respetado y sigue manejando, por lo que no sabemos si puede matar a alguien más, eso nadie lo puede asegurar.

Nunca tuvimos de su parte una disculpa, jamás se acercó y por eso digo que para él es como si hubiera atropellado a un animal, pero no fue así, fue nuestro hermano mayor, el mismo que era obrero y que nunca dejó de trabajar para ayudar a mis papás, pero ya no está.

Nosotros no entendemos mucho de los términos técnicos cuando estamos en tribunales y en estos trámites, pero sí sé que se escuchó más a unos borrachos que a los testigos que vieron como terminó la vida de mi hermano. La carpeta investigativa está llena de errores y aún no entendemos cómo eso se puede aceptar porque hemos tenido que revivir el dolor cuando nos dijeron que según eso, fue culpa de mi hermano porque él se cruzó frente al auto, lo que no es cierto.

Yo siempre he manejado, pero nunca lo he hecho con trago, ni antes de esto , ni después, porque es bien fácil después desentenderse y seguir con la vida de uno, pero ¿ qué pasa con la familia a la que le matan a alguien o queda postrado? Si el que causó la muerte de Diego va a la cárcel, claro que va a ser doloroso para su familia, pero siempre lo van a poder abrazar, ver, tocar y yo no , por eso no me puedo alegrar con lo que espero que le toque vivir de acuerdo a la justicia, pero sí tiene que saber lo que causó.

El 9 de mayo hubo reconstitución de escena y por fin pudimos ver algo más de seriedad y de rigurosidad, así que ahora estamos esperanzados en que se haga justicia, que se aplique como se debe la Ley Emilia y eso nos de un poco más de tranquilidad y consuelo, aunque no nos va devolver a Diego ni va a borrar toda la ayuda psicológica que ha tenido que tener mi hermano Jorge para tratar de superar lo que vio ni la tristeza de mis papás y de todos los que lo amábamos.

Sólo queremos justicia, por Diego y por todos nosotros, nada más”.

Por Macarena Benítez

 

«Mi hermano tuvo la primera bici animita de Chile y hoy, 5 años después, seguimos luchando por justicia»

Arturo Aguilera tenía 28 años cuando un hombre en evidente estado de ebriedad lo mató el 10 de agosto del 2012. Arturo era un artista visual, diseñador y gestor cultural y ese día, como en muchas otras ocasiones, se transportaba en su bicicleta hasta su hogar por lo que el impacto del vehículo conducido por Víctor Hugo Barría le produjeron lesiones tan graves que falleció a las pocas horas,  pese a los esfuerzos del equipo médico del Hospital Salvador.

Su muerte sumió a su familia en una lucha por la búsqueda de la verdad, pero a la vez, los impulsaron a crear el colectivo Ciclistas con Alas y a que su amado hijo Arturo tuviera la primera Bicianimita del país. Todo ese esfuerzo, energía y trabajo ha ido en paralelo con una búsqueda de justicia que les ha sido esquiva desde que en la formalización, Barría quedara libre, con firma mensual, arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir por 4 años, restricción de la que hizo caso omiso.

Será este 25 de abril cuando nuevamente la familia de Arturo vea en la justicia una oportunidad de cerrar un ciclo a través de una audiencia de control de ley 18.216 y continuar en la senda por vivir su propio duelo para reconstruirse y seguir así, ayudando a otros chilenos y chilenas que han perdido a sus seres queridos por culpa de la conducción con alcohol o drogas.

Fresia, una de las tres hermanas de Arturo, decidió relatar a Fundación Emilia cómo ha sido este caminar de casi 5 años por buscar justicia, la indolencia que aprecia en el sistema judicial, la falta de apoyo psicológico a las familias de las víctimas y la necesidad de una educación cívica mayor para disminuir los casos de conducción con ingesta de alcohol y drogas.

“Arturo era un joven lleno de alegría y energía, muy creativo y especial. Esa noche iba por calle Santa Isabel hacia su casa  en bicicleta y estaba con luz verde, pero un tipo no respetó la luz roja, venía en estado de ebriedad y lo atropelló por lo que cae  la vereda con mucha violencia por la fuerza del impacto y el exceso de velocidad con el que iba el conductor Víctor Hugo Barría.

Los testigos nos dicen que él siguió su marcha, pero más allá detiene el vehículo para ver qué pasó, pero sin prestarle ayuda ni ver si está vivo o no. Cuando se sube de nuevo a su auto, choca y lo detienen de seguridad ciudadana.

A Arturo lo llevan a la posta del Hospital Salvador y es ahí cuando los mismos testigos le avisan a mi hermana a su celular y ahí partimos toda la familia y estuvimos allá desde pasadas las 12 hasta las 7 am cuando Arturo murió porque aunque estuvo conectado y los doctores hicieron todo por él, no pudo resistir.

Ahí comenzó un calvario para nosotros porque fue algo que como familia no esperábamos, nadie está preparado para enfrentar todo lo que viene, que además de la pena, la rabia, tuvimos que ver lo judicial.

Nosotros algo teníamos de conocimiento sobre la Ley Tolerancia Cero, pensábamos que nos iba a solucionar y dar respuesta, pero estábamos muy equivocados porque no hubo respuesta de la justicia. Se nos dijo que como el conductor tenía intachable conducta anterior, eso hacía que le quitaran la licencia por 4 años, con firma mensual y arraigo nacional, pero no fue así.

Fue en el año 2014 donde el caso de Arturo fue mostrado en el programa “Esto no tiene nombre” de TVN que abordó la Ley Emilia y también el caso de Arturo y los periodistas a cargo de ese reportaje siguen a Víctor Hugo y lo encuentran manejando y más de una vez y aunque al encararlo él dice que está arrepentido, esos antecedentes que se mostraron los llevamos al juzgado y se le citó, pero nunca  apareció por lo que aunque infringió su pena, puede seguir manejando.

Nuestro abogado nos avisó hace poco que en un control de identidad lo encontraron y ahí lo citan para el 25 de abril de este año para avanzar en el juicio, sin embargo, lo que nos genera dudas y molestias es que por qué si a él lo llevan hasta un tribunal ese día del control de identidad no se le aplica cárcel o una pena similar y dejan que se vaya y al parecer, fue porque faltó un papel de extranjería. Ese día se realizará una audiencia de control de la ley 18-216, esto es el control del beneficio de libertad vigilada que se dio en su momento y que él no cumplió.

En este caminar, nos encontramos con otras familias que habían pasado por lo mismo, incluso con el caso de otro ciclista y pasaban por lo mismo. En este tiempo también conocimos a Benjamín y Carolina, papás de Emilia y mis propios padres, entendiendo su dolor, trataron de brindarles apoyo, que supieran que no estaban solos, pero también recién ahí entendimos que la ley no iba a ser retroactiva y que obtener justicia, no sería fácil ni para ellos ni para nosotros.

Estar tan cerca de la fecha de una nueva audiencia, significa remover todo. Para nosotros, esta persona estaba un tanto olvidada, no queríamos saber de él, sin embargo, ahora tenemos muchas más fuerzas para trabajar para lograr la justicia y no puedo decir que espero un fallo negativo o favorable, porque justamente duele poner esos calificativos a un hecho que me quitó a mi hermano.

Siempre estará la tristeza, pero no nos podemos quedar como familia con que algo quedó por hacer, eso sí que sería triste.

Nosotros no nos dimos tiempo para un duelo y eso se notó en que enseguida se formó el colectivo “Ciclistas con Alas” y lo asumimos al tiro porque como hermanas asumimos un rol protagónico en esto para que así mis papás estuvieran un poco más tranquilos y tener hasta tiempo para llorar.

No teníamos muchas herramientas o conocimiento en lo legal, eso es cierto, pero que Arturo haya fallecido en estas circunstancias nos hizo entender que la Ley Tolerancia Cero no bastaba y que habían muchas familias que necesitaban una red de apoyo y eso partía por darles un espacio para la memoria, algo tangible donde ellos pudieran ir y recordar a sus seres queridos sin que fuera tan fuerte, un lugar de paz para los ciclistas que tantas veces son atropellados y abandonados en la calle. Ese fue nuestro aporte para que esas familias cerraran su ciclo.

La idea de las bici animitas está en varias partes del mundo, pero la de Arturo fue la primera y ni siquiera surgió con la idea de formar el colectivo, sino que fue un regalo de uno de sus amigos y con ese símbolo, nace todo.

Formamos en paralelo un grupo de las mamás de ciclistas con alas y que se reúnen hasta ahora. Se cumplieron más de dos años donde nosotros como familia dejamos la agrupación y es que también necesitamos nuestro tiempo, nuestro proceso, porque claro que es importante acompañar en la pena a otros, pero necesitábamos algo íntimo y estar bien para seguir ayudando.

Víctor Barriga nunca se ha acercado a nosotros, no hemos escuchado ninguna palabra de arrepentimiento, es más, a los meses del atropello fuimos a funarlo hasta su trabajo y ni con eso él mostró algo de compasión y sólo le hemos podido ver la cara en dos ocasiones en tribunales.

Aún con eso, no podemos decir que hemos estado solos. Desde que está la Ley Emilia y el trabajo de la Fundación – que fue algo ciudadano, porque está claro que no hay una voluntad política para dar sanciones fuertes- nos hemos sentido apoyados, pero lo que duele es que sea esa misma clase política la que se apropia de estos esfuerzos que son de madres y padres y me parece irresponsable.

Aunque suene raro, podemos decir que tuvimos la fortuna de tener mucho apoyo para rodearnos de  profesionales que nos ayudaron mucho, pero quienes no tienen esas herramientas se sienten menospreciados y lleno de tecnicismos que no se entienden y además, enfrentarse a la burocracia y a un sistema que tiene – o así lo vemos nosotros- un desprecio por lo que nos pasó. Mi mamá por ejemplo, perdió a su hijo y nunca tuvo ayuda psicológica desde el poder judicial, sino que lo vio por su parte y como vimos  eso, en Ciclistas con Alas por nuestra cuenta buscamos una psicóloga para ponerla al servicio de las familias porque pareciera que eso se olvida, que no sólo buscamos justicia sino que no nos traten de una manera impersonal sino que por un momento, sean empáticos y asesoren como se debe.

Siento que si seguimos viendo a ciudadanos conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es porque algo está fallando desde el gobierno en materias de educación. No me manejo con las cifras, pero sí tengo la sensación que si desde las autoridades de gobierno y desde los tribunales no se aplican las penas como se debe, hay una impunidad que no permite que la gente entienda que debe dejar de beber y manejar.

Nuestras esperanzas están puestas en el 25 de abril y aunque sabemos que lo máximo a lo que podemos aspirar es 541 días de cárcel efectiva – si el juez no dictamina rebaja en la pena- y que así se demuestre que no sólo nos quitó a Arturo, sino que puso en riesgo a más personas e incluso a él mismo y que por lo mismo, no puede andar libre y pretender que nada pasó. No podemos negar que también está el miedo a que él no se presente y que siga todo igual a menos que nosotros lo busquemos e iniciemos una nueva búsqueda con todo lo que eso conlleva”.

«Como padre, hago un llamado a los jueces para que apliquen como se debe la Ley Emilia. No me devolverán a mi hija, pero aliviarán en algo el dolor”

Camila tenía 19 años y su amiga Estefany 18 cuando murieron en un choque en Punta Arenas. Por razones que se investigan, subieron al auto que era manejado por Alejandro Tarumán  quien conducía en estado de ebriedad y que desde ese momento, se encuentra recluido en la cárcel de Punta Arenas esperando el inicio del juicio que mantiene a las familias destrozadas a la espera de justicia, reparación y la correcta aplicación de la Ley Emilia. Saben que la justicia no les devolverá a su hija, pero esperan que con ese fallo y el aumento de fiscalizaciones, las familias destrozadas y los sueños rotos no golpeen a más chilenos y chilenas.

Francisco Vásquez habla pausado y con voz cansada, como haciendo un esfuerzo por no quebrarse y a la vez, dejando en claro en cada una de sus expresiones que los recuerdos de su hija Camilia Vásquez Fernández (19 años) siguen intactos o quizás, más presentes que nunca.

Captura13Este 1 de septiembre se inició el juicio contra Alejandro Tarumán Huainao,  el autor del choque que le costó la vida a Camila y a su amiga Estefany Arias (18 años) y Francisco siente la ansiedad de tener que revivir ese duro momento para la familia.

“El 22 de abril Camila salió de la casa a las 15:30 de la tarde y nos dijo que iba a buscar a su amiga a la universidad y que iban a salir juntas. Nosotros calculamos que debe haber ido a la universidad de Estefany cerca de las 17:00 horas.  Mi hija estudiaba segundo año de Prevención de Riesgos en el Inacap y Estefanía estudiaba Trabajo Social en la universidad.

Nos enteramos de lo que había pasado cerca de las 20:00 horas, pero realmente el choque fue a las 19:00 horas. Nosotros supimos por las redes sociales de lo que había pasado  porque lo vio Julia, mi otra hija, pero realmente al principio nos negamos a creer que habían sido ellas.

Al parecer, mi hija y su amiga no conocían de antes a esta persona,  no había amistad, pero sí con el acompañante porque habían estudiado juntos.

No alcanzamos a llegar al lugar porque está a unos 9 kilómetros de la ciudad, pero por lo que sabemos es que ellas murieron con el impacto… no se pudo hacer nada.

Hay un fuerte dolor y daño emocional a nuestra familia en lo anímico y laboral, algo que nunca imaginamos hasta que nos pasó. Seguramente en el juicio vamos a revivir esto y será más tremendo todo para nosotros porque además de haber perdido a nuestra hija y a su amiga, no hemos tenido ni una sola palabra de arrepentimiento o de disculpas de esta persona ni de sus cercanos, nada en todos estos meses.

No creo que este dolor se logre reparar, que nosotros sanemos. No importa cuántos juicios se hagan, porque nada nos va a devolver a Camila. Nada ayuda a que el dolor pase, todo esto nos dañó la vida para siempre porque nuestra hija nunca dio un problema, ella solo quería estudiar y ser profesional para lograr sus metas, pero esta persona se lo arrebató.

En una ciudad como Punta Arenas, se hace difícil controlar a los conductores ebrios porque además tenemos altos índices en este tema de la ingesta de alcohol y la conducción y esto es algo que nos golpea fuerte en la región y acá están las consecuencias.

Nosotros estamos día a día tratando de volver a una supuesta normalidad, pero lo veo difícil porque los recuerdos de Camila nos acompañan siempre al igual que los de su amiga, porque ella iba constantemente a la casa así es que esto es un dolor doble.

Que haya muerto nos sacó de nuestra vida normal, de la rutina y para reconstruirnos, estamos en tratamiento con psicólogo y psiquiatra gastando plata que no teníamos. Este es un trauma gigante que se vive día a día, porque no sabemos bien como seguir.

Uno como padre trata de ser fuerte, pero por mi trabajo en la mina, paso más tiempo solo y por lo mismo, pienso más y le doy mil vueltas. Nunca antes en mi vida había tomado una licencia, pero ahora lo hice para tener tiempo con mi hija Julia y mi esposa y apoyarnos ya que ellas no están bien.

Para Julia todo esto ha sido tremendo porque eran muy unidas y cercanas, pero ahora todos como familia hemos tenido que enfrentar crisis de pánico y tristezas terribles por no tenerla y eso no es justo.

Este hombre después de chocar y fugarse, terminó en el hospital y a la semana siguiente ya fue formalizado y desde ahí está en prisión preventiva, pero no sabemos qué pasará de ahora en adelante y eso nos angustia.

Creo que con la Ley Emilia hay un avance importante y eso esperamos que se vea en el juicio. Además de educación, veo que se debe apuntar a la fiscalización y el control, especialmente en horas claves porque si uno recorre las calles de Punta Arenas en las noches, se ve que la juventud no está consciente del daño que provocan.

Si se realizaran controles desde las 4 de la mañana, serían muchos más los detenidos y se evitarían delitos al volante porque Punta Arenas es una ciudad donde hay mucho acceso al alcohol porque es barato y los autos también lo son y por eso quizás hay tanto joven que comete esto sin pensar en las consecuencias.

La Fundación Emilia nos ha ayudado no sólo en la parte legal, en asesorarnos sino que lo que más valoro es que nos han acompañado en este duelo, en el dolor y eso nos permite seguir.

Hay impunidad y ahí la ley no se aplica como corresponde. Mi llamado como padre es para que los jueces apliquen las sanciones debidas en el caso de Camila y en todos los otros, de lo contrario, revivimos el dolor. Nada me devolverá a mi hija, pero no queremos que la justicia nos falle.

Fundación Emilia exige a autoridades acabar con la impunidad y que ley se aplique de manera efectiva

 

14.09.29 logoEmiliaOK copiaValparaíso, 10 de agosto de 2016.- Con un llamado a la ciudadanía a manifestarse frente al Congreso Nacional, la Fundación Emilia Silva Figueroa reunió a un grupo de personas, dentro de las que cuentan familiares de víctimas de siniestros viales, para exigir la revisión y rectificación de situaciones de impunidad que se han presentado en la aplicación de la Ley Emilia (Ley 20.770) tanto en los tribunales de justicia, como en las Cortes de Apelaciones del país.

 

Carolina Figueroa, Presidenta de la institución que promueve la responsabilidad social vial, manifestó que los problemas se deben principalmente a los vacíos legales que existen en la Ley, en específico, en lo que refiere al delito de fuga, “es el criterio de fiscales y jueces lo que hasta ahora ha primado. Los vacíos les han dado la libertad de interpretarla y otorgar garantías a los culpables de crímenes viales como penas efectivas menores a las establecidas mientras las víctimas son invisibilizadas dentro de los procesos. Claro ejemplo de esto es el caso de Pablo Asencio y Javier Muñoz”, señaló.

 

“Estamos hoy aquí porque no sólo los jueces son responsables de esta situación. Los legisladores deben hacerse cargo de las leyes que diseñan. No puede ser que existan márgenes tan amplios de interpretación. La ley debe ser aplicada de manera efectiva. Exigimos tolerancia 0 con los siniestros y delitos viales” enfatizó Figueroa.

 

Estos son los cuatro puntos planteados por la Fundación Emilia:

 

  1. Acabar con la impunidad en las sentencias que significa penas efectivas menores a las establecidas por la Ley.

 

  1. Lograr una aplicación efectiva de la ley y sus apartados, específicamente en el delito de fuga, que hasta este momento permite que fiscales y jueces sin criterio hagan uso de vacios interpretativos para otorgar aún más garantías a los culpables.

 

  1. Visibilizar la problemática que representa esta situación para las víctimas y sus familias y que se gesta en el Congreso Nacional.

 

  1. Avanzar hacia la penalización de aquellos casos que bajo el marco de la conducción bajo la influencia del alcohol quedan libres de cualquier pena aflictiva pese a provocar decesos y lesionados graves gravísimos.

Fundación Emilia y familiares de víctimas de delitos viales se manifestaron en las afueras de la Corte de Apelaciones de Valparaíso exigiendo “Justicia Digna”

 

Familiares de víctimas de distintos puntos del país llegaron hasta el frontis de la Corte de Apelaciones porteña para manifestar su  total repudio a las dos últimas revocaciones de condenas en el marco de la Ley Emilia, donde indicaron que “hemos decidido dar un paso al frente y recordarles que hemos perdido todo, menos la dignidad y el deseo de una justicia reparatoria”.

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Justamente, fue esta Corte de Apelaciones quien dio a conocer  la revocación de la condena a Diego Vera, autor del choque que provocó la muerte de Javier Muñoz, conocido periodista y relator de CDF. Vera debía cumplir una condena de 5 años de presidio efectivo por este crimen vial, sin embargo, ahora se decretó libertad vigilada.

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Ana Espinoza, viuda de Javier Muñoz se sumó a esta manifestación para repudiar el accionar de la justicia indicando que “estos son baldes de agua fría y reviven nuestro dolor».

«No puede ser que si los jueces  dan una pena, luego vayan a la Corte de Apelaciones y se  revoque todo.  Hay familias detrás de nosotros y es por eso que hoy nos reunimos, para que los jueces se den cuenta del daño que están haciendo”.

“Esto ya no puede se puede seguir repitiendo. Ellos tienen que pagar, y tienen que pagar con cárcel porque son criminales”, afirmó Ana Espinoza.

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Así también lo señaló Pedro Ascencio, papá de Pablo Ascencio, que fue el primer caso de la Ley Emilia y  quien ha debido enfrentar la revocación de la condena al asesino de su hijo luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso  disminuyera  la pena para Gonzalo Rojas de 9 años de presidio efectivo a condena vigilada.

“Nos encontramos acá con jueces que son garantistas y que en vez de ratificar los fallos de primera instancia, revocan las condenas de estos muchachos y es por eso que queremos denunciarlos, encender una luz de alerta en Valparaíso para que no sigan interpretando la ley”.

“Esto nos ha causado dolor e impotencia porque por ejemplo, en el caso de mi hijo, al asesino se le dio ahora condena vigilada lo que es sospechoso, pues sabemos que gendarmería no tiene la capacidad para vigilarlo permanentemente. Se vulnera nuestro derecho a una justicia equitativa y pareja en todo el país y eso es lo que debe parar”, indicó el padre de Pablo Ascencio.

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Para Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, los parlamentarios también son responsables por cómo se está aplicando la Ley Emilia y es por eso que anunciaron que la primera semana de agosto retornarán al Congreso para lograr “cerrar la ventana que los legisladores dejaron abierta”.

“Consideramos que esta es una burla, una cachetada a todo el trabajo ciudadano que hay de fondo y creemos entonces que es necesario exigir respuesta y esas respuestas las estamos exigiendo a la Corte de Apelaciones, a los tribunales y a la Corte Suprema si es necesario, pero también , los segundos responsables están en el Congreso y son los diputados y senadores de la Comisión de Constitución13906935_10154513045943159_9082801524315856977_n, Legislación y Justicia que nos aseguraron que con la Ley Emilia se iba a acabar la impunidad con este tipo de crímenes”.

“Vamos a volver al Congreso y ya no somos únicamente una familia y un dolor, sino que más de 300 familias las que les vamos a exigir que se comprometan con la justicia legislando como corresponde”, aseveró la Presidenta de la Fundación Emilia Silva Figueroa.

Las familias concluyeron su manifestación pacífica dejando flores rojas en las puertas de la Corte de Apelaciones sin descartar realizar nuevas acciones buscando el fin de las interpretaciones a la Ley Emilia y la impunidad.

 

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“ El Fiscal no quiere aplicar la Ley Emilia por fuga: es sólo una ley más y no  la aplicarán”

Alan Vegas, de 16 años, conducía una moto acompañado de un amigo el 23 de enero del 2015 en el sector de Paipote en Copiapó cuando un vehículo a alta velocidad no respetó el ceda el paso, chocándolos y causándole la muerte al adolescente y graves lesiones a su acompañante.

A 15 meses de su muerte, la familia de Alan enfrenta la impotencia al ver escasos avances en su caso y escuchar de boca del fiscal que no se aplicará la Ley Emilia, aún cuando el conductor (quien ya tenía antecedentes por conducción en estado de ebriedad) se dio a la fuga y reconoció que había bebido esa noche.

Carolina, tía de Alan, nos relata lo que han vivido en estos meses de peregrinar por tribunales y ver como poco a poco, sus anhelos por justicia van dando paso a la desesperanza

“Alan era un joven alegre y bueno que estaba en enseñanza media acá en Copiapó, esa noche había salido con un amigo y nunca pensamos que todo terminaría así.

Es tan doloroso y tremendo saber que el hombre que lo chocó se bajó de su vehículo y fue a mirar a mi sobrino que estaba tirado en el piso, pero no les prestó ayuda y decidió arrancarse. Unos metros más allá chocó contra un árbol, dejó su auto botado y arrancó a pie.

Una empresa que tenía sus cámaras de seguridad grabó el choque y ellos nos pasaron ese video para que lo pudieran periciar, pero por lo que me ha dicho el fiscal, dicen que no pudieron aclarar la imagen, lo que para mí es bien raro porque la imagen sí se ve nítida y hasta se nota el color de la ropa de la persona que iba manejando y de su vehículo y hasta se ve cuando se baja.

Las personas que ayudaron a mi sobrino, que fueron dos guardias de la empresa que nos pasó el video, dicen que falleció inmediatamente y que el amigo de Alan quedó grave, es más, él perdió sus dientes y quedó con muchas heridas, pero consciente, así que alcanzó a mirar y darse cuenta que los dejaban botados.

Nosotros creemos que la persona que causó la muerte de Alan es alguien con influencia, con poder porque en este momento él no está formalizado, no tiene arraigo ni nada, es decir, anda libre y nos encontramos con él siempre, pero mi sobrino no pues, él no tiene esa posibilidad.

Este hombre declaró que le habían robado su vehículo, pero realmente, se contradice mucho en sus declaraciones e incluso su pareja también declara y ella dice el color de la ropa con la que él andaba y es justamente el mismo color que sale en el video, pero después, cambian la versión en su segunda declaración.

Ariel Guzmán, el fiscal, nos hace pensar que no le toma la importancia a nuestro caso. El 25 de abril nosotros fuimos a conversar con él -dejó sólo entrar a mi mamá, porque dice que recibe sólo a una persona- y nos dijo que no tiene nada, ningún avance y que pidió que la persona que nosotros decimos que los chocó se haga en examen de ADN, pero en forma voluntaria y así esa muestra la van a comparar con otra que encontraron en el vehículo, pero él nunca se presentó.

Ha pasado más de un año y recién van a llamar a declarar a los testigos, pero ellos ya no quieren declarar porque ha pasado mucho tiempo y eso que el Fiscal tenía todos sus antecedentes para haberlos llamado antes, pero no lo hizo.

a0325c75-da02-4520-8c59-c1646e303d66Nos sentimos muy desorientados con todo este tema  y esto se suma al dolor de revivir todo. Cada vez que salimos de la reunión con el fiscal quedamos con pena y con dolor y además, nos topamos siempre con el autor en la calle y él anda feliz como si no le importara todo lo que como familia estamos pasando.

Sabemos que Alan también fue irresponsable al conducir una moto teniendo recién 16 años, pero igualmente se trata de una persona y él iba conduciendo bien, fue la otra persona que no respetó el ceda el paso y los impacto.

Nosotros esperamos que se aplique como se debe la Ley Emilia, pero mi hermano, papá de Alan, fue a hablar con el fiscal y él no lo tomó en cuenta y es más, le dijo “acá esa ley no entra, es una ley más y acá no se aplica” y con eso nos echó el avión abajo porque nos dijo “no es una ley que se apliqué siempre”  con lo que nos deja muchas dudas de que se haga justicia.

No sabemos nada de lo que sigue, no tenemos ni siquiera una fecha estimada para avances. Nos cuesta creer que la explicación que nos dan es que no se puede hacer nada porque no hay alcoholemia ni alcotest, pero sentimos que no se toma en cuenta tampoco que él se haya dado a la fuga ni que se le considere un agravante, más cuando en sus declaraciones él dice que sí tomó, pero no asume cuánto. Él  es una persona de 56 años y ya tenía antecedentes por conducción en estado de ebriedad  entonces es como una burla lo que está pasando.

Alan era como un hijo para mí, pero yo realmente era su tía y él vivía conmigo. Sus papás son separados y su muerte causó una pena inmensa, su mamá por ejemplo, está con tratamiento porque no logra salir adelante ya que siempre recuerda que lo vio en el lugar donde quedó tirado y eso la tiene mal. Ella es otra persona y tenemos miedo de que le pase algo y más si no logramos la justicia por la muerte de Alan, eso para ella y para todos sería terrible”.

Macarena Benítez

Periodista

Fundación Emilia Silva Figueroa, Víctima de Accidentes

«El fiscal adjunto nos ha dicho que no aplicarán la Ley Emilia»

El 6 de septiembre del año 2015, Juan Cubillos (29 años) murió  a causa de un choque vehicular en la localidad de San Fernando. Tanto él como la persona que conducían iban en estado de ebriedad, por lo que su caso es polémico y no exento de problemas y ante lo cual, como Fundación Emilia, nos abocaremos a exigir el cumplimiento y aplicación de la Ley Emilia por la justicia. 

Su familia ha debido enfrentar el cambio de fiscal en cuatro oportunidades además del poco criterio de profesionales quienes incluso le han señalado que no se aplicará la Ley Emilia en su caso y que no vale la pena continuar el juicio, aconsejándole tomar una demanda civil para recibir una indemnización de $2.000.000. 

Carolay, única hermana de Juan, nos relata su historia. 

 

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«En primera instancia, nos pusieron a cargo del caso a Marcelo Duque quien nos recibió muy amablemente a mi mamá y a mí y él nos explicó que esta persona iba a ser juzgada bajo la Ley Emilia por su ebriedad, por matar a mi hermano, pero que como Juan también iba ebrio, iba a recibir la pena mínima, o sea, un año de presidio efectivo.

Cuando pedimos una copia de la carpeta investigativa, el Sr. Duque cambió y se puso todo más engorroso, porque no nos querían dar hora de atención y hasta nos cambiaron a los fiscales sin avisarnos. Llegábamos a hacer trámites con mi mamá y ahí nos enterábamos. Todo eso nos desmotivó mucho, nos hacía dudar de la justicia.

Ahora llegamos al Señor Lucio Ugas que trató con mucho desdén a mi mamá diciéndole que para qué queríamos que esta persona lo tomaran preso si mi hermano ya estaba muerto. Este fiscal le dijo que no se aplicaría la Ley Emilia, pero no dio ninguna razón y por eso nosotros buscamos a la Fundación Emilia porque me parece irrisorio lo que está pasando.

Ugas le dijo a mi mamá que solamente pedirían 5 años de libertad vigilada porque había salido una nueva ley y se lo mostró en un folleto que estoy segura que ni se había leído bien. También le dijo que si quería plata, entonces que pusiera una demanda civil y le sacaría 1 o 2 millones, que eso era lo más que podía aspirar, pero él no entiende que lo que buscamos no es plata, porque eso no da consuelo.

El fiscal nos dijo que nadie había obligado a mi hermano a subirse a un auto que manejaba una persona ebria y eso es verdad, pero no le quita responsabilidad al que conducía.

Mi mamá y mi papá son personas de campo, pero eso no significa que les puedan meter el dedo en la boca respecto a algo tan importante. He intentado estudiar harto por mi cuenta sobre esta ley y me he dado cuenta que es él quien está equivocado y que quiere dejarnos sin justicia.

Este tipo que iba manejando pagó $100.000 y lo dejaron libre al inicio del juicio con la fianza, más firma quincenal y licencia de conducir provisoria porque su trabajo lo hace manejando  y eso me molesta porque creo que es un doble golpe para nuestra familia.

Este 18 de abril veremos si se llega a juicio abreviado, pero eso tampoco sabíamos porque como víctimas nadie nos avisó ni preguntó si estábamos de acuerdo o no y se supone que es lo mínimo que se espera.

Es cierto que mi hermano ya está muerto y que no podrá ver si se hizo justicia o no con su muerte, pero ¿qué pasa si este tipo queda libre y lo vuelve a hacer? Yo no le doy a nadie el dolor que se siente de perder a alguien que uno ama sin tener ni el derecho a despedirse.

Para nuestra familia todo esto fue muy fuerte, mis primos recién están retomando lo que es salir a carretear, pero ahora lo vemos de manera distinta, ahora nos cuidamos y hay más responsabilidad, tenemos más comunicación y siempre estamos aconsejándonos para que no ocurra otra desgracia. Eso es lo que nos pasó, fue lo único bueno que se rescata de todo esto, las lecciones y el mea culpa.»

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Macarena Benítez Espinoza

Periodista

Fundación Emilia Silva Figueroa, Víctimas de Accidentes

Fundación Emilia se reunió con Subsecretaria de Previsión Social

En la cita, Carolina Figueroa, Presidenta de la Fundación Emilia Silva Figueroa, solicitó a Julia Urquieta, Subsecretaria de Previsión Social, estudiar algún mecanismo que permita informar directamente a víctimas de accidentes de tránsito sobre la Pensión Solidaria de Invalidez.

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La Subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta, recibió a la directiva de la Fundación Emilia, encabezada por su presidenta Carolina Figueroa, quien solicitó a la autoridad revisar la posibilidad de difundir de manera especial la Pensión Básica Solidaria de Invalidez entre las personas que sufren accidentes graves de tránsito.

“Le hemos pedido a la Subsecretaría de Previsión Social que nos ayude con la difusión de la pensión (solidaria) de invalidez para los lesionados graves, gravísimos de siniestros viales”, recalcó Carolina Figueroa.

Respecto a este último punto, la presidenta de la Fundación Emilia indicó que “cada año en Chile hay un promedio de 57 mil lesionados, entre ellos hay un porcentaje alto de lesionados que quedan con un 75 por ciento o más de invalidez y esos lesionados no conocen sus derechos en relación a este beneficio estatal”.

Por esta razón, “queremos saber si se puede hacer un sistema de difusión específico para este tipo de víctimas, que son vulnerables, que no tienen conocimiento y no tienen forma de acceder a la información de esta pensión”, concluyó Carolina.

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