Lunes 3 de Agosto 2026:- En Fundación Emilia estamos desarrollando el proyecto Auditorías Ciudadanas de Electromovilidad: Puntos de Carga, una iniciativa que busca evaluar la infraestructura de carga para vehículos eléctricos desde una perspectiva territorial, social y de experiencia de uso.
La electromovilidad suele analizarse principalmente desde sus beneficios ambientales, la eficiencia energética, la innovación tecnológica y la necesidad de avanzar hacia medios de transporte con menores emisiones. Sin embargo, su implementación también plantea preguntas sociales que requieren mayor atención: quiénes pueden acceder a esta tecnología, dónde se localiza la infraestructura, qué tan sencillo es utilizarla y qué barreras enfrentan las personas en su vida cotidiana.
No basta con contabilizar cuántos cargadores existen. También es necesario observar si pueden encontrarse con facilidad, si están operativos, si entregan información comprensible, si el espacio permite utilizarlos de manera segura y si su distribución territorial favorece un acceso equitativo.
Una primera experiencia piloto
Como etapa inicial, realizamos un piloto metodológico destinado a validar el instrumento de auditoría ciudadana que será aplicado a mayor escala durante agosto y septiembre.
El proceso comenzó con la revisión, depuración y georreferenciación de una base de puntos de carga de la Región Metropolitana. Posteriormente, se seleccionó una muestra y se realizaron visitas en terreno mediante un formulario estandarizado. La metodología considera variables como ubicación, disponibilidad, potencia, tipo de conector, estado físico, señalización, accesibilidad, condiciones del entorno, seguridad y facilidad para iniciar la carga.
El levantamiento identificó 120 puntos de carga en la Región Metropolitana, distribuidos en 36 de sus 52 comunas. En consecuencia, 16 comunas no presentaban registros de infraestructura. Además, el 82 % de los puntos levantados se concentra en la provincia de Santiago, mientras el resto de la región reúne una proporción considerablemente menor.
Durante el piloto se auditaron 13 puntos ubicados en siete comunas. Esta primera aplicación permitió comprobar la utilidad del instrumento y reconocer brechas que no siempre pueden identificarse mediante una base de datos.
Las brechas aparecen en la experiencia cotidiana
Los resultados preliminares muestran que las dificultades no se relacionan únicamente con la existencia o el funcionamiento técnico del cargador. También aparecen problemas asociados con su usabilidad y relación con el entorno.
Entre los aspectos observados se encuentran señalización insuficiente, falta de información visible sobre la potencia disponible, acceso condicionado por horarios o recintos privados, dependencia de aplicaciones, obstáculos de accesibilidad y dificultades para integrar adecuadamente el cargador con el espacio público.
De los 13 puntos auditados, solo seis presentaban señalética clara, seis tenían acceso condicionado y nueve requerían una aplicación o tarjeta para iniciar la carga. En cinco casos, la potencia disponible no estaba informada de manera visible. Estos resultados sugieren que la principal barrera no siempre es la ausencia de infraestructura, sino la calidad de la experiencia que ofrece una vez instalada.
La observación territorial también permitió advertir situaciones en las que el equipo estaba operativo, pero el diseño del espacio dificultaba su utilización. En uno de los puntos visitados, por ejemplo, solo existía un espacio útil y la ubicación del cargador obligaba al conductor a maniobrar para alcanzar el conector.
Incorporar la mirada de quienes utilizan la infraestructura
La siguiente etapa del proyecto se desarrollará entre agosto y septiembre. Buscaremos ampliar el número de auditorías, incorporar nuevos territorios y recoger la percepción de personas que han visto, utilizado o interactuado con puntos de carga.
La participación ciudadana permitirá complementar la observación técnica con información sobre facilidad de uso, percepción de seguridad, accesibilidad, disponibilidad y barreras cotidianas. También ayudará a conocer las razones por las cuales las personas optan por un vehículo eléctrico, que no necesariamente coinciden con los argumentos ambientales o energéticos utilizados habitualmente en las políticas públicas.
Este trabajo se realizará con el apoyo de estudiantes en práctica de distintas universidades y mediante un formulario abierto dirigido a quienes tengan experiencia con esta infraestructura.
Una infraestructura sostenible también debe ser accesible
El proyecto se desarrolla en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas del Transporte Sostenible 2026–2035, cuyo Plan de Implementación plantea la necesidad de avanzar hacia sistemas de transporte seguros, inclusivos, resilientes, bajos en emisiones y centrados en las personas. Entre sus áreas prioritarias se encuentran el acceso para todas las personas, la movilidad urbana centrada en las comunidades, la seguridad y el uso de información y datos para orientar las decisiones.
Desde esta perspectiva, la transición hacia la electromovilidad no puede evaluarse únicamente por el número de vehículos eléctricos vendidos o cargadores instalados. También debe considerar la distribución territorial de la infraestructura, la experiencia de las personas, la accesibilidad universal y la capacidad de los puntos de carga para integrarse de manera segura y funcional en las ciudades.
Las auditorías ciudadanas pueden contribuir a ese objetivo al generar evidencia desde los territorios, detectar brechas tempranas y formular recomendaciones para futuros procesos de planificación e implementación.
Quienes hayan utilizado o interactuado con un punto de carga pueden participar respondiendo el formulario disponible en el siguiente enlace:
https://forms.gle/a4HyNhk77tAGyQ2r9
La experiencia de cada persona constituye un aporte relevante para avanzar hacia una electromovilidad más segura, accesible, funcional y territorialmente equitativa.